El fuego rentable: apagar los incendios antes que prevenirlos.

Según los estudios realizados, los presupuestos públicos han duplicado su apuesta por la extinción mientras recortan a la mitad los fondos para gestionar el monte. La lógica de la emergencia se impone a la lógica del cuidado del territorio.

Cada verano se repite la misma escena. Las llamas devoran miles de hectáreas, los medios de comunicación despliegan imágenes de hidroaviones y brigadas agotadas, los responsables políticos comparecen ante las cámaras y prometen refuerzos para el año siguiente. Pero cuando se analiza en qué se gasta realmente el dinero público destinado a los incendios forestales aparece una contradicción que ninguna comparecencia institucional quiere nombrar. El Estado y las comunidades autónomas destinan cada vez menos recursos a evitar que el fuego se produzca y cada vez más a intentar apagarlo cuando ya es demasiado tarde.

Según el Estudio de Inversión Forestal del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), de los cerca de 600 millones de euros que las administraciones públicas destinaron en 2022 a combatir los incendios forestales, apenas 175 millones se emplearon en tareas preventivas, es decir, menos de tres de cada diez euros. En el conjunto de las comunidades autónomas la prevención no llega al 30% del gasto total. En la Administración General del Estado la proporción cae hasta el 20%, con 116 millones de euros para extinción frente a solo 28,3 millones para prevención en 2024 (El Economista).

Este deterioro es una tendencia sostenida. En 2010 la prevención representaba el 46% del dinero destinado a la lucha contra el fuego en el monte. Doce años después esa cifra se había hundido hasta el 29%, mientras el gasto en extinción crecía casi un 7% en el mismo periodo. Otras partidas ligadas a la gestión del territorio, como la reforestación, la conservación de la biodiversidad o la investigación forestal, también han sufrido recortes drásticos, pasando de 1.000 millones de euros en 2009 a poco más de 700 millones en 2022 (Infobae).

El 55,8% del suelo español está catalogado como forestal, pero menos del 20% de esa superficie cuenta con un instrumento de gestión aprobado. Cuatro de cada cinco hectáreas de monte carecen de cualquier plan que ordene su aprovechamiento, su limpieza o su prevención frente al fuego, según recoge el informe El sector forestal y la gestión del monte en España, elaborado por Cajamar. Esa ausencia de planificación no es casual. Requiere inversión sostenida en el tiempo, empleo estable y una apuesta política que no produce titulares en pleno mes de agosto, a diferencia de un avión cisterna sobrevolando un incendio en directo.

El resultado es un modelo que combate los síntomas y abandona las causas. Existe un consenso científico amplio en que la clave para reducir los grandes incendios de sexta generación no está en aumentar los medios de extinción, que ya absorben la parte más voluminosa del presupuesto, sino en invertir en la gestión del territorio, la silvicultura preventiva y la ordenación del paisaje rural, tal y como recuerda un análisis publicado en The Conversation. España, sin embargo, mantiene un sistema de extinción cada vez más costoso conviviendo con un aumento sostenido de grandes incendios de alta peligrosidad. La paradoja tiene una explicación de fondo. Un modelo basado en la emergencia permite gestionar el fuego como un problema técnico y puntual, mientras que reconocer que la raíz está en el abandono rural, la despoblación, la falta de gestión forestal y el cambio climático obligaría a plantear una transformación estructural del modelo productivo y territorial del país.

Cuatro de cada cinco hectáreas de monte en España no tienen ningún plan de gestión aprobado.

La gestión forestal es competencia autonómica, lo que produce un mosaico de modelos y de esfuerzos muy distintos entre territorios. La Comunidad de Madrid ha anunciado 80 millones de euros para extinción y prevención conjuntas y defiende ser una de las regiones que más invierte en proporción a su superficie forestal. La Generalitat Valenciana, que combate en estos días un gran incendio sin control en el sur de Castellón, asegura haber batido su propio récord con 298 millones de euros, aunque los fondos específicos de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales se han reducido un 9% este año. Andalucía ha destinado 271 millones de euros al Plan Infoca, de los que la Junta asegura que más de la mitad se dedican a prevención. Extremadura ha elevado a 79 millones sus fondos preventivos, un 25% más que el ejercicio anterior. Aragón cuenta con 54,8 millones para su dispositivo Infoar y el País Vasco destina 43 millones anuales a través de las diputaciones forales.

Estos anuncios de incremento presupuestario, sin embargo, conviven con otro problema estructural que rara vez se menciona en las ruedas de prensa. Al cierre de marzo de este año había 312 millones de euros de fondos europeos destinados a la gestión forestal sostenible que estaban presupuestados pero sin ejecutar, un 78% del total previsto por el Gobierno y las comunidades autónomas ante Bruselas. Solo se habían formalizado 89 millones, el 22% de lo comprometido, según ha reveladola prensa a partir de datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No es solo que se presupueste poco para prevenir. Es que ni siquiera se ejecuta lo poco que ya está aprobado y financiado por Europa.

Detrás de estas cifras hay un colectivo de trabajadores que sostiene con su cuerpo lo que la planificación pública no resuelve. Los bomberos forestales, a los que durante décadas ni siquiera se ha reconocido un nombre único en la normativa española, cobran a menudo poco más de 1.000 euros al mes, encadenan contratos temporales limitados a los meses de más riesgo y prestan servicio bajo modelos mayoritariamente subcontratados, ya sea a través de empresas privadas o de encargos de gestión a sociedades públicas como Tragsa (elDiario.es). Las diferencias salariales entre territorios llegan a ser abismales. Mientras en Castilla y León el sueldo puede rondar los 1.170 euros, en Cataluña puede superar los 3.600 euros por el mismo tipo de trabajo, una brecha que refleja la fragmentación territorial del dispositivo más que cualquier diferencia real de riesgo o de exigencia profesional, de acuerdo con otro reportaje del mismo medio.

Esta precariedad no es un efecto colateral sino una pieza del propio modelo. Al externalizar la extinción y la prevención en empresas públicas y privadas que operan bajo lógica de contrato y de temporada, las administraciones trasladan el riesgo económico y físico a una plantilla que trabaja expuesta a agentes potencialmente cancerígenos, con jornadas maratonianas y sin estabilidad, mientras las cuentas públicas presentan un gasto en extinción que aparenta ser generoso pero que en realidad financia sobre todo contratos de intermediación. La huelga indefinida de las brigadas forestales gestionadas por Tragsa en la Comunidad de Madrid, iniciada en el verano de 2025 y todavía en negociación abierta un año después, es el ejemplo más visible de este conflicto entre el discurso institucional de la emergencia y la realidad laboral de quienes la afrontan sobre el terreno (El Plural). Sindicatos como CGT, UGT y CCOO llevan años reclamando una ley básica que homogeneice las condiciones del colectivo en todo el territorio, un contrato de doce meses y no solo de temporada, y coeficientes reductores para la jubilación que reconozcan la dureza física del oficio (El Salto Diario).

El patrón que atraviesa todos estos datos es el mismo que rige buena parte de las políticas públicas en la España de las últimas décadas. Se prioriza el gasto visible, reactivo y fácilmente adjudicable a contratistas privados o semipúblicos frente a la inversión estructural, silenciosa y de largo recorrido que reduciría el problema de raíz. Es más rentable políticamente anunciar un nuevo hidroavión o una partida de emergencia en pleno incendio que sostener durante años un plan de gestión forestal, empleo rural estable y ordenación del territorio que compita con los intereses del turismo, la construcción o la especulación sobre suelo rústico.

El resultado es un país que arde cada vez con más intensidad mientras el debate público se limita a preguntar si hacen falta más medios aéreos, en lugar de preguntar por qué el monte lleva abandonado tanto tiempo.