Implantando el Chat control y la censura de las redes sociales.

La vigilancia masiva y el fin del anonimato en línea, con los que gobiernos y comisarios europeos llevan años soñando, avanzan estas semanas bajo el paraguas, siempre eficaz, de «proteger a los menores». En apenas quince días, Francia y la Unión Europea han cerrado dos piezas de un mismo engranaje, por medio de una ley que exige identidad para entrar en las redes sociales y una directiva que autoriza escanear los mensajes privados de toda la población. Ambas se presentan como medidas de infancia. Ambas son, en su arquitectura real, infraestructura de control político.

El 21 de julio, el Parlamento francés aprobó de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta paritaria, por 243 votos a favor y 2 en contra en el Senado, más 279 a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional. Macron la calificó de «avance mayor» y su ministra de Digital, Anne Le Hénanff, presumió de que Francia «muestra el camino a Europa». Los diputados socialistas, junto a France Insoumise, ya han anunciado que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional, que deberá pronunciarse en el plazo de un mes.

El calendario es preciso y revelador. Desde el 1 de septiembre de 2026 será obligatorio verificar la identidad para crear cualquier cuenta nueva en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat o Facebook; desde el 1 de enero de 2027, la obligación se extenderá a todas las cuentas ya existentes. Es decir, no habrá una sola cuenta en una red social francesa que no esté vinculada a un documento de identidad verificado por un tercero autorizado. El propio texto reconoce que el perímetro es «amplio pero difuso». Así, mientras TikTok o Instagram quedan dentro, YouTube y WhatsApp quedan fuera, una asimetría que ya delata que el criterio no es exclusivamente técnico ni de protección infantil, sino de qué espacios de expresión conviene controlar primero.

Hoy es la verificación de edad; mañana, la trazabilidad de todo comentario político.

El precedente de 2023 es ilustrativo. Una ley casi idéntica, la «ley Marcangeli», fue aprobada entonces y nunca pudo aplicarse porque la Comisión Europea consideró que vulneraba el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el principio de país de origen del comercio electrónico. El nuevo texto corre el mismo riesgo jurídico —juristas especializados ya advierten de que, «vaciado de sustancia» en la negociación parlamentaria, no fija ningún marco operativo real y será, de nuevo, difícilmente aplicable el 1 de septiembre—. Pero el objetivo político de fondo no depende de que la ley funcione técnicamente, basta con que instale la idea de que el anonimato en línea es un problema a resolver y con que obligue a las plataformas a construir la infraestructura de verificación de identidad. Esa infraestructura, una vez montada, no se desmonta.

A escala europea el episodio es todavía más grotesco. El 9 de julio, el Parlamento Europeo votó sobre si rechazar la prórroga del régimen que permite a las plataformas escanear voluntariamente los mensajes privados no cifrados —Gmail, Discord, Snapchat, Skype, las DM de Instagram desde que Meta retiró el cifrado de extremo a extremo en mayo— en busca de contenido de abuso sexual infantil. El resultado: 314 votos a favor de rechazarlo, 276 en contra, 17 abstenciones. La mayoría de los eurodiputados presentes votó contra la vigilancia masiva. Y aun así, la vigilancia masiva ganó, porque las normas de segunda lectura exigen una mayoría absoluta de 361 votos —sobre 720 escaños— para tumbar la posición del Consejo. Los votos que faltaron para rechazarla no fueron votos a favor, fueron, en su mayor parte, los aproximadamente 112 escaños vacíos por el receso veraniego, que la norma computa automáticamente como síes.

El mecanismo se activó además mediante un procedimiento de urgencia, aprobado apenas dos días antes por 331 votos frente a 304, que se saltó el paso por la comisión responsable. Así, un texto que había sido rechazado en marzo por 311 votos frente a 228 —y que llevó a que la excepción caducara el 3 de abril, dejando tres meses sin cobertura legal para el escaneo— fue resucitado por el Consejo el 2 de julio y devuelto al Parlamento en el peor momento posible del calendario político. El resultado queda vigente hasta 2028 y ahora regresa al Consejo, que dispone de tres meses para aceptar o rechazar las enmiendas del Parlamento, entre ellas una que excluye de forma explícita a los servicios cifrados de extremo a extremo como Signal o WhatsApp. Esa exclusión —la única concesión real conseguida— confirma justamente cuál es el terreno en disputa. No es el abuso infantil, sino el acceso del Estado y de las plataformas a las comunicaciones que hoy se les resisten.

Un colectivo de 807 investigadores y criptógrafos ya advirtió, en carta abierta, de que es técnicamente imposible detectar contenido de abuso sexual infantil con precisión aceptable a la escala de toda la población europea. Los datos de la fase temporal ya en vigor lo confirman. Tres de cada cuatro alertas generadas han resultado inútiles para la policía, mientras se acumulan falsos positivos que exponen comunicaciones privadas de personas sin ninguna relación con el objetivo declarado. El propio servicio jurídico del Consejo de la UE calificó el sistema de «vigilancia generalizada de las comunicaciones», incompatible con el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe la vigilancia sin sospecha razonable ni autorización judicial.

Ninguna de las dos medidas se sostiene aisladamente. La ley francesa exige identidad verificada para publicar. El reglamento europeo permite escanear lo que se publica y lo que se envía en privado. Juntas conforman una infraestructura completa de identificación y monitorización de cualquier usuario de redes sociales, con la coartada moral perfecta —proteger a la infancia— que hace casi imposible oponerse sin ser acusado de indiferencia ante el abuso sexual. Es exactamente el mismo guion que ya vimos con la Ley de Servicios Digitales, cuando el excomisario Thierry Breton reclamó en 2023 la retirada inmediata de «contenido que incite a la rebelión» bajo amenaza de cierre; el mismo que llevó al cierre total de TikTok en Francia durante las revueltas de Kanaky en 2024, primer caso de una potencia occidental clausurando una red social entera en su territorio; el mismo que condujo a la detención de Pavel Durov, fundador de Telegram, al aterrizar en Le Bourget ese mismo año. Emmanuel Macron ya había anticipado la lógica en julio de 2023, tras el asesinato de Nahel, cuando planteó ante alcaldes reunidos en el Elíseo la posibilidad de «regular o cerrar» las redes sociales si la protesta se salía de control; Snapchat, por su parte, reconoció ante el Parlamento haber colaborado con el Ministerio del Interior censurando imágenes de enfrentamientos y pagando a influencers para pedir calma.

Conviene no perder de vista el origen material del problema que estas leyes dicen resolver. La adicción a las pantallas y su impacto en la salud mental de la infancia no nacen de la nada, son el resultado directo de un modelo de negocio —el de Silicon Valley— que compite por maximizar el tiempo de atención capturado, mediante scroll infinito, autoplay y sistemas de recomendación diseñados para explotar vulnerabilidades psicológicas. Ese modelo tiene nombre, sede social y accionistas identificables. Sin embargo, ni Francia ni la Comisión Europea han tocado el diseño adictivo de las plataformas, su modelo publicitario ni la estructura de propiedad que lo sostiene. Han elegido, en cambio, atacar el anonimato de quien usa esas plataformas. Regular la arquitectura de la adicción exigiría enfrentarse a Meta, a ByteDance, a Alphabet; identificar y vigilar a la ciudadanía es, políticamente, mucho más barato.