Dos años después de la catástrofe, organizaciones vecinales, ecologistas, agrarias y asociaciones de víctimas han difundido una nota de prensa y manifiesto reivindicativo reclamando cambiar las políticas públicas de reconstrucción para proteger la huerta, prevenir inundaciones y garantizar la justicia social.
La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó 233 personas fallecidas en el País Valencià y graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Dos años después, la reconstrucción sigue abierta a un debate fundamental: ¿debemos recuperar lo que existía antes de la catástrofe o aprovechar esta oportunidad para construir un territorio más seguro y menos desigual?
El 27 de octubre de 2026, diversas organizaciones valencianas presentaron el manifiesto De la reconstrucción de hormigón a la justicia social, ambiental y agroecológica. Sus reivindicaciones cuestionan un modelo de recuperación centrado en las grandes obras y reclaman proteger el territorio, reforzar los servicios públicos y garantizar la participación de las comunidades afectadas.
Proteger la huerta y frenar la expansión urbanística
Entre las principales demandas figuran la revisión de los proyectos urbanísticos en zonas inundables, la conservación de los suelos agrícolas y la recuperación de los cauces naturales. Las entidades advierten de que sustituir terrenos permeables por edificios, carreteras y superficies pavimentadas puede aumentar la escorrentía y agravar determinados riesgos de inundación.
Uno de los conflictos más significativos se encuentra en la Font Baixa, en Alfafar, donde la campaña Salvem la vida rechaza un proyecto urbanístico que contempla 36 torres de entre ocho y diez alturas y más de 1.200 viviendas sobre terrenos de huerta.
La controversia también afecta al problema de la vivienda. La necesidad de facilitar el acceso a un hogar digno no justifica automáticamente ocupar los últimos espacios agrícolas de la periferia metropolitana. La rehabilitación de edificios, la ampliación del parque público de alquiler y la movilización de viviendas vacías deben formar parte de una política que anteponga las necesidades sociales a la rentabilidad inmobiliaria.
Prevenir las inundaciones exige algo más que grandes obras
El Ministerio para la Transición Ecológica dispone de un plan de recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la DANA. Estas actuaciones incluyen la reparación de infraestructuras hidráulicas y medidas de prevención y adaptación.
Sin embargo, invertir en infraestructuras no garantiza por sí solo una reconstrucción eficaz. Es necesario evaluar sus resultados y combinar las obras necesarias con la restauración de la vegetación de ribera, la conservación de suelos permeables y la recuperación de espacios naturales.
Ninguna medida puede eliminar completamente el riesgo, pero una planificación territorial rigurosa puede reducir la exposición de la población y evitar que nuevas decisiones urbanísticas aumenten su vulnerabilidad.
La reconstrucción tampoco puede limitarse a reparar daños materiales. Las familias trabajadoras, los pequeños negocios y las explotaciones agrarias necesitan ayudas suficientes, protección laboral y garantías para recuperar sus medios de vida. La justicia climática exige que los costes de la catástrofe no recaigan principalmente sobre quienes disponen de menos recursos.
La participación ciudadana debe tener capacidad de decisión
Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han defendido la participación de las comunidades afectadas en las decisiones sobre el futuro de sus municipios. Su experiencia plantea una cuestión democrática: escuchar a las asociaciones no basta si sus propuestas no tienen una influencia real en la planificación.
La participación efectiva requiere acceso a la información, transparencia presupuestaria, respuestas motivadas a las alegaciones y mecanismos de seguimiento de los compromisos públicos.
También es necesario garantizar que la reconstrucción genere empleo digno, refuerce los servicios públicos y proteja la actividad agraria. La conservación de la huerta debe acompañarse de medidas económicas que permitan mantener las explotaciones y favorezcan el relevo generacional.
Reconstruir para no repetir los mismos errores
El manifiesto de las organizaciones valencianas plantea una contradicción de fondo. Mientras los intereses inmobiliarios tienden a valorar el territorio según su rentabilidad edificatoria, la seguridad colectiva exige preservar también sus funciones ambientales y sociales.
Esto no significa rechazar todas las obras de infraestructura ni cualquier nueva construcción. Significa someter las decisiones a criterios de seguridad, sostenibilidad e interés público, evitando que los beneficios privados prevalezcan sobre la protección de la población.
Dos años después de la DANA, la reconstrucción debe evaluarse por algo más que el dinero invertido o el número de obras terminadas. También debe medirse por la seguridad de las viviendas, la recuperación del empleo, la protección de los servicios públicos, la conservación de la huerta y la capacidad de la ciudadanía para intervenir en las decisiones.
Después de 233 muertes, reparar los daños es imprescindible. Evitar que se repitan las mismas condiciones de vulnerabilidad es una obligación política. La huerta, los cauces naturales y las comunidades afectadas no son obstáculos para la reconstrucción: forman parte de la solución.
