En junio entran nuevos recortes al insuficiente escudo social del gobierno.

Desde el 1 de junio de 2026 ha comenzado una nueva fase en la retirada parcial de algunas de las medidas extraordinarias que el Gobierno había agrupado bajo el denominado “escudo social”. Aunque una parte importante de las ayudas continúa vigente, especialmente aquellas dirigidas a los sectores más vulnerables, varias rebajas fiscales relacionadas con la energía han dejado de aplicarse al considerarse que las condiciones que justificaron su implantación han cambiado.

La medida más visible afecta a los impuestos energéticos. Han desaparecido la reducción del IVA de la electricidad al 10%, la rebaja del IVA del gas natural, el tipo reducido para pellets, briquetas y leña y también la reducción extraordinaria del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Según la normativa aprobada por el Ejecutivo, estas medidas estaban vinculadas a determinados niveles de inflación y evolución de los precios energéticos, condiciones que ya no se cumplen actualmente.  

Sin embargo, no todas las medidas desaparecen al mismo tiempo. El Gobierno mantiene hasta el 30 de junio varias ayudas relacionadas con los carburantes, entre ellas el IVA reducido sobre gasolina y diésel, determinadas rebajas en impuestos sobre hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas. La continuidad de estas medidas está vinculada al impacto económico derivado de la situación internacional y, especialmente, a las tensiones energéticas provocadas por el conflicto en Oriente Próximo.  

A pesar de este repliegue parcial, el núcleo más social del paquete de medidas seguirá vigente durante el conjunto del año. El bono social eléctrico mantiene sus descuentos reforzados, con reducciones del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para consumidores vulnerables severos. También continúan las ayudas del bono social térmico y la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables.  

En materia de vivienda permanecen igualmente algunas de las medidas más relevantes aprobadas durante los últimos años. Continúa la suspensión de determinados desahucios para hogares vulnerables, así como mecanismos de mediación y limitaciones aplicables a grandes tenedores. Estas medidas han sido objeto de fuertes disputas parlamentarias durante los últimos meses y han condicionado varias negociaciones entre el Gobierno y diferentes fuerzas políticas.  

También seguirán vigentes las ayudas al transporte público, incluyendo descuentos en títulos multiviaje y servicios estatales de autobús, una de las políticas que han tenido mayor impacto directo sobre millones de trabajadores y estudiantes.  

La evolución del llamado escudo social ha estado marcada durante todo 2026 por una intensa batalla política. Algunas medidas llegaron a quedar bloqueadas tras votaciones negativas en el Congreso, obligando al Ejecutivo a renegociar apoyos y reformular decretos para garantizar su continuidad.

La protección frente a los desahucios, los suministros básicos y los bonos energéticos han sido algunos de los elementos más discutidos durante estas negociaciones. Sin olvidar tampoco la  limitadísima efectividad de estas medidas, que  no han parado los desahucios ni repartido los bonos a quienes más lo necesitaban, por ejemplo.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene abiertas conversaciones con sindicatos, patronales y fuerzas parlamentarias para decidir si algunas de las medidas que expiran el 30 de junio deberán prolongarse durante el verano. La incertidumbre energética internacional y la posibilidad de nuevas presiones inflacionarias siguen presentes en el debate político y económico.  

La retirada parcial de estas ayudas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta qué punto las políticas de emergencia pueden sustituir transformaciones estructurales más profundas. Aunque el escudo social ha permitido amortiguar el impacto de la inflación y de las sucesivas crisis energéticas sobre millones de hogares, muchas de las dificultades que afronta la clase trabajadora siguen intactas.

Los elevados precios de la vivienda, la precariedad laboral, el encarecimiento de productos básicos y la dependencia energética continúan afectando a amplias capas populares. Diversas organizaciones sociales han advertido además de que la pobreza y la exclusión social mantienen niveles muy elevados incluso durante los periodos de crecimiento económico.  

Desde una perspectiva de izquierdas, el debate no debería limitarse a la duración temporal de las ayudas, sino a la política “progresista” del gobierno que intenta desarrollar solo medidas de protección que sean  compatibles con la acumulación de capital y la estabilidad del régimen.

La cuestión central es si los poderes públicos están dispuestos a intervenir de manera más profunda sobre los mecanismos que generan desigualdad. Mantener bonos y subvenciones puede aliviar situaciones urgentes, además de aplacar la respuesta social, pero no sustituye políticas de control de precios en sectores estratégicos, ampliación masiva del parque público de vivienda, fortalecimiento de los servicios públicos o recuperación de capacidad pública sobre sectores energéticos esenciales.

Mientras esas transformaciones sigan pendientes, cada renovación del escudo social continuará funcionando como un parche, siempre insuficiente, frente a problemas que tienen un origen mucho más profundo.