La lucha en defensa de la enseñanza pública se extiende y refuerza.

En los últimos meses, media España ha vivido una ola de conflictividad educativa sin precedentes desde las mareas verdes de la década anterior. Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunitat Valenciana han sido escenario de huelgas, paros y manifestaciones docentes que desde Infantil hasta Bachillerato expresan un hartazgo generalizado con las políticas públicas de recorte y deterioro, impulsadas desde todos los ámbitos de la administración, especialmente en el caso de aquellas gobernadas por la derecha.

El profesorado denuncia condiciones laborales cada vez peores, salarios cercanos al SMI, ratios elevadas, burocracia aplastante y una falta de reconocimiento social que mina el ánimo diario de un colectivo donde el 97% de educadoras infantiles son mujeres.

El Ministerio de Educación, ahora bajo la titularidad de Milagros Tolón tras la salida de Pilar Alegría a finales de 2025, tiene en sus manos la negociación del Estatuto Docente, una norma pendiente desde hace años que regule la carrera profesional, la formación inicial y continua, el acceso y las condiciones laborales del profesorado. Los grupos de trabajo sobre esta norma ya están constituidos desde enero de 2025, pero los docentes aún no tienen nada con lo que trabajar, según señalan los sindicatos.

Paralelamente, el Gobierno aprobó en primera vuelta en noviembre de 2025 una ley que reduce las ratios de alumnos por aula a un máximo de 22 en Educación Primaria y 25 en Educación Secundaria Obligatoria, aunque la implantación total no está prevista hasta 2028. A esto se añade que la complejidad en las aulas ha aumentado drásticamente en los últimos seis años, por la incorporación del alumnado con necesidades educativas especiales, que ha subido un 75% mientras los recursos para atenderles tan solo un 25%, conformando una “tormenta perfecta” según Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO.

La Comunitat Valenciana vive una de las situaciones más tensas del país desde que se iniciara la huelga general el pasado 11 de mayo de 2026. Los principales sindicatos valencianos STEPV, CC OO y UGT acordaron el paro indefinido tras el fracaso de las negociaciones con la Generalita. La huelga educativa indefinida ha movilizado a 1.645 centros públicos, aunque la Conselleria de Educación cifró el seguimiento de la primera jornada de huelga indefinida en un 50,12% y los sindicatos la estimaron en un 90%.

La negociación con la Consellería, a fecha de hoy, sigue encallada principalmente por los salarios. La Generalitat Valenciana plantea una oferta retributiva que situaría a los docentes en niveles inferiores a otras comunidades autónomas, generando una fricción enorme,  ya que las diferencias en las nóminas entre territorios pueden llegar hasta los 700 euros al mes. Por ello, el profesorado percibe que no se valora su labor y que recibe un “maltrato” sistémico  desde la Administración, al ser el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes iniciados en 2010.

En este escenario de desencuentro con la Consellería de Educación en manos del PP-Vox, y tras la agresión poiicial a una educadora que se manifestaba el domingo pasado, la plataforma sindical unitaria ha iniciado una acampada testimonial en la plaza de la Virgen de Valencia (junto al edificio de Gobierno de la Generalitat) y la Plataforma en Defensa de la Enseñanza ha convocado una huelga de familias para el próximo 5 de junio.

Según explicó la Plataforma en un comunicado, las entidades que la integran quieren mostrar de nuevo su apoyo al profesorado en la cuarta semana de huelga. Consideran que, después de semanas de movilización continuada, es necesario un gesto contundente por parte de las familias para evidenciar el alcance del conflicto y la preocupación por sus efectos sobre el sistema educativo, porque la lucha planteada contra la Consellería tiene que ver con el deterioro de toda la enseñanza pública, no solo de las condiciones laborales del profesorado.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza considera igualmente esta acción, junto con las ya realizadas y por venir, como pasos necesarios para hacer entender a la Conselleria que es necesaria una solución justa e inmediata a las demandas planteadas. Por eso, además de la huelga de familias del viernes 5, hay convocadas más movilizaciones en distintas ciudades. Ese mismo día 5 se celebrarán manifestaciones por la tarde en Valencia y Castellón, a las 19:00 horas, mientras que en Alicante la protesta se adelantará al jueves día 4, con una convocatoria fijada a las 19:30 horas.

Las movilizaciones docentes comparten reivindicaciones en toda España: bajar ratios, mejorar salarios, reducir horas lectivas, contratar más personal de apoyo educativo, orientadores y enfermería, y frenar la burocracia interminable que “aplasta” al profesorado.

La nueva ley educativa LOMLOE exige una atención individualizada a la diversidad del alumnado que resulta imposible de cumplir sin los recursos adecuados. Los docentes se ven desbordados atendiendo problemas de salud, conducta y aprendizaje de forma diferenciada sin tener tiempo para hacer los informes preceptivos.

Uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejar la profesión según una macroencuesta, y uno de cada seis sufre altos niveles de estrés. Las bajas por enfermedad derivada del desgaste emocional son cada vez más frecuentes. Los docentes denuncian que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: drogas, conductas autolíticas, uso del móvil y redes sociales, alimentación saludable.

La oleada de huelgas educativas de 2026 no es un fenómeno aislado ni circunstancial. Es la expresión madura de un proceso de degradación estructural de la educación pública que comenzó con los recortes de la crisis de 2008 y se ha agravado con la falta de inversión crónica de las comunidades autónomas y del estado. El profesorado, mayoritariamente femenino y precarizado, está sufriendo en primera persona las contradicciones de un sistema que exige más sin dar recursos, que demanda atención individualizada con aulas masificadas, que pide excelencia con salarios de pobreza.

El Estado y las autonomías transfieren al profesorado la responsabilidad de resolver problemas sociales estructurales sin dotarles de medios, externalizando así las contradicciones del capitalismo hacia el sector público. La educación se convierte en un campo de batalla donde se disputa quién paga la crisis, si el capital mediante mayores impuestos y financiación pública, o la clase trabajadora -profesorado y familias- mediante precarización, sobrecarga laboral y salarios estancados. La solidaridad de la sociedad con el profesorado es fundamental.

La educación pública gratuita y universal de calidad solo será posible cuando se priorice la inversión sobre los recortes, cuando se reconozca el valor social de la docencia y cuando se dispute políticamente la financiación del sistema educativo. Las mareas verdes demostraron hace una década que la movilización social puede revertir recortes. Hoy, el profesorado y la comunidad educativa vuelve a las calles con la misma determinación.