La investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado una crisis política que trasciende bastante su figura. Más allá de la presunción de inocencia obligada en cualquier procedimiento judicial, las informaciones conocidas durante las últimas semanas han vuelto a resaltar una cuestión que atraviesa toda la historia reciente del régimen político español, la de la corrupción sistémica y la estrecha relación entre las élites políticas y económicas.
El artículo publicado en el blog Exabruptos Políticos por Juan Cáspar, titulado “A propósito de lo de Zapatero y la corrupción sistémica”, tiene la virtud de plantear esta cuestión de fondo, sobre los mecanismos estructurales que permiten la conversión del capital político acumulado durante años de ejercicio institucional de altos cargos, como ex jefes de estado, ex presidentes o incluso ministros, en influencia económica, negocios privados y capacidad de intermediación.
Aunque la “democracia liberal” presenta formalmente al Estado “social y de derecho” burgués como una institución neutral situada por encima de los intereses particulares, la realidad muestra de forma recurrente que los grandes grupos económicos siempre mantienen una influencia privilegiada sobre los centros de decisión política. Esto es lo que ocurrió con la mal llamada “transición”, proceso mediante el que se mantuvieron las alianzas económicas del franquismo y buena parte de su aparato represivo.
El mecanismo consolidado de las “puertas giratorias”
Ahora, con el caso Zapatero y las llamadas puertas giratorias, hay que resaltar que se trata de una de las expresiones más visibles y contrastables de este fenómeno de connivencia económico-política real y concreta. De modo que, una vez abandonadas sus responsabilidades públicas, numerosos dirigentes pasan a ocupar posiciones en consejos de administración, consultoras, fondos de inversión o empresas con intereses directos en sectores regulados por los mismos gobiernos de los que formaron parte.
Y no hablamos solo de los líderes del PP y del PSOE, incluso en IU y otras fuerzas políticas se han producido.
Seguramente, con el caso Zapatero vuelva a reabrirse públicamente el debate sobre la falta de regulación efectiva de estas actividades y sobre los límites entre la actividad de lobby y el tráfico de influencias. Diversos analistas y organizaciones profesionales plantean que esto ocurre por la existencia de un vacío normativo. Otros, entre quienes nos encontramos, preferimos insistir en que este vacío es por acción (evitativa) antes que por mera omisión.
La corrupción como fenómeno estructural
A pesar de que la prensa tiende a individuar los casos detectados de corrupción, presunta o confirmada, como elementos individuales e incluso excepciones dentro del normal funcionamiento del estado, resulta difícil no concluir que estamos ante un fenómeno estructural vinculado al ejercicio del poder institucional. La corona, los partidos mayoritarios y aquellos que se sitúan a su alrededor incluyen una densa casuística que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que, dentro del pensamiento popular, refrenda el convencimiento de que poder y corrupción, dentro de esta sociedad desigual (de clases) forman el mismo par inevitable. En efecto, desde una perspectiva marxista, hay que partir de que el estado siempre constituye un instrumento de dominación de la clase dominante, siendo la corrupción uno de sus mecanismos instituyentes..
Precisamente, la sucesión de escándalos durante décadas confirma esta misma conclusión de que la corrupción no constituye una desviación excepcional del sistema, sino una posibilidad recurrente producida por la propia configuración de las relaciones entre poder económico y poder político. Por eso resulta insuficiente responder a cada caso mediante el simple relevo de dirigentes o partidos. La experiencia histórica demuestra que las mismas dinámicas reaparecen una y otra vez bajo siglas diferentes.
La cuestión central, entonces, no es únicamente quién gobierna, sino qué intereses estructurales condicionan las decisiones de gobierno. Del mismo modo, también hay que considerar que las consecuencias de los casos aflorados de corrupción van mucho más allá de los procedimientos judiciales concretos. El crecimiento de la abstención electoral, la desafección política y el descrédito de las instituciones guarda una relación directa con la percepción social de injusticia e impunidad de las élites políticas.
Desafección institucional y malestar social
Cuando amplios sectores de trabajadores observan el deterioro de los servicios públicos, la precarización laboral o las dificultades para acceder a la vivienda mientras afloran continuamente escándalos relacionados con ingresos exorbitados, redes de influencia, comisiones u otros privilegios, resulta inevitable la quiebra de la legitimidad. Además de que la indignación social no surge únicamente de la existencia de conductas ilícitas. Surge también de la sensación de que existen mecanismos de poder y una estructura política y económica que favorece la concentración de influencia, la opacidad y la conversión del poder institucional en capital privado.
El caso Zapatero podrá terminar en condena, archivo o absolución. Eso lo determinarán los tribunales. Pero el debate sobre la corrupción sistémica muestra que el verdadero problema es el sistema de relaciones de poder que hace posible que estos casos aparezcan una y otra vez.
Quienes desde la izquierda se limitan a plantear soluciones de tipo legislativo, judicial y/o penal, no están prestando un buen servicio a la población trabajadora a la que dicen servir. Más bien corren el riesgo de que se les adscriba como defensores del mismo sistema que necesita la corrupción como combustible.
