El «sermón» del Papa León XIV en el Congreso como radiografía política.

El 8 de junio, el PP y el PSOE ceden la tribuna del Congreso a León XIV. La izquierda laicista se niega a legitimar con su presencia la reafirmación del maridaje trono–altar. Sumar, en cambio, confirma asistir.

El lunes 8 de junio de 2026, el Congreso de los Diputados —sede de la soberanía popular— acogerá el discurso de un jefe de Estado teocrático cuya institución no celebra elecciones, excluye a las mujeres del sacerdocio, rechaza el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia, y sostiene en sus archivos décadas de encubrimiento de abusos sobre menores. El papa León XIV pronunciará su «sermón parlamentario» no porque la ciudadanía lo haya pedido, sino porque la iniciativa fue sugerida desde la Santa Sede a la presidencia del Congreso, y la Mesa la aprobó con el respaldo del PP, el PSOE y Ciudadanos, sin debate público, sin comisiones y sin transparencia.

La pregunta no es si el Papa tiene derecho a viajar a España. La pregunta es si el Parlamento debe ser el escenario de ese viaje. Del mismo modo, sobre el contenido posible de su intervención, más o menos relacionada con la encíclica “Magnifica Humanitas”, ver el análisis crítico publicado hace unos días.

La convocatoria no es un acto neutral de «diálogo institucional», como la presenta el PP. Según fuentes parlamentarias recogidas por Europa Press, la idea partió de la Santa Sede, que lo comunicó a la presidencia del Congreso, y ésta contestó dando su total conformidad antes de que la Conferencia Episcopal formalizara la solicitud por escrito. La aprobación en la Mesa del Congreso solo fue posible gracias al voto favorable del PSOE y al respaldo de Ciudadanos. El Gobierno de Pedro Sánchez —que en campaña reiteró su compromiso con la separación entre Iglesia y Estado— terminó apoyando la visita y aprobando el 26 de mayo un Real Decreto-ley que declara el viaje apostólico «acontecimiento de excepcional interés público», lo que activa las deducciones fiscales de la Ley de Mecenazgo para los donantes privados.

El coste total de la visita asciende a 25 millones de euros. De ese presupuesto, el 20% —unos 5 millones— corre directamente a cargo de las administraciones públicas de Canarias y Cataluña. A esa cifra hay que sumar el coste en especie que no aparece en el presupuesto oficial: cesión de instalaciones públicas, el dispositivo íntegro de seguridad del Estado y el traslado de los papamóviles. La declaración de interés público, además, permite a los donantes privados incrementar su desgravación fiscal, lo que constituye una subvención indirecta adicional al erario.

«No es de recibo que el Parlamento, por primera vez en su historia, invite y reciba como si fuera un legislador más a un jefe religioso.» José Antonio Naz, presidente de Europa Laica — rueda de prensa en el Congreso, mayo 2026

La derecha tradicional y VOX celebran la visita como un reconocimiento de la «españolidad católica». Pero para la izquierda laicista, el verdadero escándalo es la presencia del Papa en el Congreso, no como invitado cultural, como autoridad ante la que la representación nacional rinde honores protocolarios.

Frente al bloque gubernamental, la izquierda laicista ha optado por una respuesta política concreta: la no asistencia como acto de denuncia. Europa Laica envió comunicaciones a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no acudieran al «sermón» del Papa, calificando el acto de subordinación humillante y de ruptura con la aconfesionalidad del Estado. Podemos confirmó a través de Pablo Fernández, su secretario de Organización, que ninguna diputada ni diputado del partido estarán presentes: «No compartimos que la Cámara en la que reside la soberanía popular de un Estado aconfesional dé cabida al máximo dirigente de la Iglesia católica». El BNG, por su parte, fue el único grupo que respondió a Europa Laica confirmando que comparte los argumentos y que su diputado, Néstor Rego, tampoco asistirá.

El resto de la izquierda parlamentaria, sin embargo, ha optado por la presencia. Sumar ha confirmado la asistencia de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, argumentando que León XIV es un jefe de Estado con el que coinciden en muchos temas. El diputado de IU Enrique Santiago ha manifestado que valorará su asistencia como hace con la de cualquier jefe de Estado. ERC, Junts, Bildu y el PNV también han confirmado su presencia. En la práctica, Podemos y BNG son las únicas fuerzas que se plantarán.

Fuerza política	Posición	Nota
PP	Asiste	Grupo impulsor del acto
PSOE	Asiste	Voto favorable en la Mesa del Congreso; aprobó el Real Decreto de «interés público»
VOX	Asiste	Celebra la visita como reconocimiento de la «España católica»
Ciudadanos	Asiste	Respaldo en la Mesa del Congreso
Sumar	Asiste	Portavoz Verónica Martínez Barbero confirma presencia; libertad de voto al resto
IU	Probable asistencia	Enrique Santiago: «lo valoro como con cualquier jefe de Estado»
ERC / Junts / Bildu / PNV	Asisten	Confirmación oficial de portavoces respectivos
Podemos	No asiste	Único partido que rechaza formalmente el acto por razones de aconfesionalidad
BNG	No asiste	Único grupo que respondió a Europa Laica sumándose al boicot; Néstor Rego ausente

La dimensión simbólica de la visita no debe ocultar sus consecuencias materiales y políticas. El coste presupuestado asciende a 25 millones de euros, de los que 5 millones proceden directamente de fondos públicos autonómicos; a eso hay que añadir el valor de la cesión de infraestructuras, los dispositivos de seguridad del Estado y los incentivos fiscales derivados de la declaración de «excepcional interés público», costes que los organizadores han reconocido expresamente que «no están» en el presupuesto oficial. Situar a la soberanía parlamentaria en posición de reverencia ante un jefe de Estado que no permite el sufragio femenino en su propia institución, que excluye a las mujeres del sacerdocio y que rechaza derechos reconocidos por el propio ordenamiento jurídico español es una contradicción que el discurso del «consenso institucional» no puede resolver.

El coste histórico es aún más incómodo. La Iglesia católica española fue el soporte ideológico del golpe militar de 1936 y del régimen franquista durante cuatro décadas. Ha beatificado más de 2.300 «mártires» del bando fascista sin formular una sola disculpa por la represión, los fusilamientos y la complicidad con el exterminio de la oposición democrática. La Ley de Memoria Democrática, que el propio gobierno de Sánchez aprobó, exige reconciliar el presente con ese pasado. Colocar al sucesor de esa institución en la tribuna del Congreso —sin que medie reparación ni reconocimiento alguno— no es «apertura cultural». Es una decisión política cargada de significado histórico.

«La ausencia de la izquierda laicista en el acto no es un gesto anecdótico: es la única respuesta coherente con una posición democrática. El PP y el PSOE restauran el nacionalcatolicismo bajo el disfraz del diálogo institucional, y Sumar les sigue.»

El hecho de que Sumar e IU asistan al acto merece atención analítica, no solo moral. La posición de Sumar —asistir porque se comparte «mucho» con este Papa— confunde el contenido del discurso pontificio con la cuestión de fondo: no se trata de si León XIV dice cosas razonables sobre la pobreza o la polarización, sino de si el Congreso de los Diputados es el lugar adecuado para escucharlas. Cualquier líder político del mundo puede decir cosas razonables; eso no los convierte en interlocutores de la soberanía popular ante las Cortes. La tradición del movimiento obrero y del republicanismo histórico en España fue explícitamente laicista. La separación entre Iglesia y Estado no era una posición anticlerical en sentido reaccionario, sino una exigencia democrática estructural: garantizar que el espacio de la deliberación pública quede libre de tutelas religiosas.

El «progresismo confesional» que practica el ala gubernamental del PSOE —acompañando los gestos de identidad laica con la adhesión práctica a los privilegios eclesiales— no es una anomalía, sino una tendencia estructural. Que Sumar se sume a esa lógica en lugar de apoyar el boicot de Podemos y el BNG es una señal preocupante sobre los límites reales del nuevo «espacio de las izquierdas» en materia de laicidad.

¿Pueden considerarse cualquiera de estas posiciones como de izquierdas? Hay al menos 5 puntos que la izquierda real exige junto con el movimiento laico. Puntos que marcan la diferencia, digamos:

1. Anulación de los Acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979 sin referéndum popular.
2. Reforma constitucional para declarar explícitamente al Estado español como Estado laico.
3. Fin de toda financiación pública directa e indirecta a las confesiones religiosas.
4. Educación pública laica, sin adoctrinamiento confesional en horario lectivo ni financiación a centros privados religiosos con fondos públicos.
5. Imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual sobre menores cometidos en instituciones religiosas y reparación integral a las víctimas.

El «sermón parlamentario» del papa León XIV es resultado directo de una cadena de decisiones políticas —de la Santa Sede, del PP, del PSOE y del Gobierno— que pone la tribuna de la soberanía popular al servicio de una potencia extranjera con intereses históricos, económicos y culturales bien definidos en la sociedad española.

El bloque que asiste —PP, VOX, PSOE, Ciudadanos, Sumar y la práctica totalidad de los grupos nacionalistas— es el mismo que defiende los privilegios fiscales de la Iglesia, se opone a la laicización de la educación y bloquea la derogación de los Concordatos.

La izquierda real nunca asumió estas posiciones, ni siquiera IU o el PCE de antes de Enrique Santiago y Antonio Maillo. El 8 de junio, con su presencia o su ausencia en el hemiciclo. Podemos y el BNG actuales han elegido en qué lado de la orilla están. El resto, también. La historia del movimiento obrero español sabe perfectamente de qué lado estuvo esa disyuntiva en los momentos decisivos.

La pregunta es si la izquierda parlamentaria mayoritaria todavía lo recuerda.