¿Un Plan de Juventud para el 29 N?

Tras el Consejo de Ministros del martes 13, el Gobierno anuncia casi 60.000 millones para la juventud mientras miles de jóvenes acampan en Sol y otras plazas por la vivienda. La cifra presupuestaria es importante, pero la letra pequeña que la acompaña tiene más interrogantes que compromisos concretos.

El martes 13 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción de Juventud a propuesta de la ministra comunista de Sumar, Sira Regó. La cifra presentada públicamente, 59.191 millones de euros, y las más de 300 medidas que dicen forman parte del Plan de Juventud constituyen una buena noticia. Sin embargo, resulta obligado preguntarse, por ejemplo, sobre qué parte de este presupuesto -de ejecutarse efectivamente- podría cambiar las condiciones de vida material de quienes -la mayoría de jóvenes- no pueden pagar un alquiler.

Según informan los responsables, el plan ordena prioridades y compromisos de inversión de una quincena de ministerios, en el marco de la Estrategia de Juventud 2023. Se articula en doce ejes, cada uno con diagnóstico, objetivos, medidas, financiación y mecanismos de seguimiento. Eso está muy bien, sin duda, pero habría que tener en cuenta la naturaleza jurídica de estas medidas. Porque no se trata de una ley ni de un decreto preceptivos, sino de un documento de compromisos que cada ministerio habrá de ejecutar con su propio presupuesto hasta 2030. Dicho de otro modo, se trata de una mera colección de promesas con calendario, firmada a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre que decidirán quién y cómo gobierne.

Un plan ambicioso que ninguna ley ampara es tan sólo una declaración de intenciones.

Sin duda, es considerable la previsión de un aumento presupuestario del 79% con respecto al plan anterior, de 33.000 millones. Pero ojo. En el plan de 2022 a 2024 que sumaba 33.330 millones, solo 15.000 incidían directamente en la gente joven. Si ahora está proporción se mantuviera, buena parte de los 59.191 millones sería gasto ordinario de los ministerios y servicios con incidencia en la población joven, como las becas universitarias o las políticas generales de empleo. Además de que el plan anterior cubría tres años mientras que el nuevo se extiende hasta 2030, de modo que, salvo que el documento aclare el periodo exacto, el porcentaje mezcla horizontes de distinta duración (no es lo mismo un presupuesto para 3 años que para 4).

De hecho, hay unas sumas que el relato oficial no hace y son importantes. Las crónicas detallan los mayores incrementos, que son 3.152 millones más en educación y formación, 930 en empleo, 626 en salud, 201 en protección frente a la exclusión y 141 en juventud rural. Todo junto suma unos 5.050 millones, apenas una quinta parte de los más de 26.000 millones de diferencia entre un plan y otro. Puede que el documento completo explique el resto. Pero hoy, quien quiera saber dónde está el grueso del aumento no lo puede encontrar en lo publicado, lo que de por sí es significativo.

La ministra comunista Sira Rego dedicó su comparecencia a agradecer a quienes acampan en Sol y a reconocer que han situado la vivienda en el centro del debate público. Enumeró demandas juveniles como destinar el 30% de la nueva edificabilidad residencial a vivienda protegida en alquiler asequible, movilizar viviendas vacías, aplicar medidas fiscales contra la especulación y crear un observatorio estatal del derecho a la vivienda. Pero, es crucial la diferencia entre recoger una demanda y que esta se traslade al presupuesto, lo que conlleva asumir un compromiso económico vinculante que el plan no recoge.

En efecto, los datos disponibles señalan que la vivienda no figura entre los grandes incrementos del plan. Y hay un problema de competencias, porque la ordenación del suelo y el urbanismo dependen sobre todo de comunidades autónomas y ayuntamientos. Un plan sin rango de ley que no obliga a esas administraciones difícilmente puede garantizar el 30% de nada.

Por eso mismo, es lógico que la reacción en la acampada ante las medidas de vivienda aprobadas el 29 de septiembre haya sido señalar que las soluciones con fecha de caducidad huelen mal. Quien lleva años pagando alquileres que se comen el salario no confunde una hoja de ruta con una solución.

El plan, expresa la ministra Rego, se apoya en un proceso de más de dos años con encuentros territoriales y más de 70 organizaciones. Es un proceder valioso, pero lo que no sabemos son las demandas que quedaron fuera, qué organizaciones pesaron más ni qué capacidad de decisión tuvo la juventud en el texto final.

Además, Rego llegó a decir con toda la razón que a esta generación se le pide paciencia cuando lo que hace falta es justicia. Sin embargo, al parecer no se aplica el cuento a ella misma, porque un plan que se ejecuta hasta 2030 es, por definición, una petición de paciencia a quienes ya no pueden esperar al calendario de nadie.

A la luz de las consideraciones precedentes, cabe pensar que seguramente este plan pretende una doble función. Responder al menos en parte a una demanda social visible y ofrecer como Gobierno «progresista» una narrativa de acción pública efectiva en el marco del voto del 29 de noviembre. Eso no invalida el Plan, ciertamente. Si contiene medidas útiles, tenemos derecho a exigirlas. Pero obliga a tratar este Plan como lo que es, una promesa a vigilar, no una conquista que celebrar. Como dicen los no tan jóvenes de la COESPE: gobierne quien gobierne…