El Gobierno saliente propone subir el SMI en 2027.

Comparecencia de la ministra de Trabajo anunciando la medida

El Gobierno acuerda en Consejo de ministros sube el SMI un 5,3% hasta los 1.286 euros a partir del 1 de enero de 2027. Más allá de si el próximo ejecutivo mantendrá o no esta medida, corresponde valorarla desde una perspectiva de clase.

El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre una subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que supone 65 euros más por paga y un mínimo anual de 18.004 euros brutos. Es una medida positiva para millones de personas trabajadoras. Pero habría que ir más allá de esta cifra porque, considerando el IPC y demás factores relacionados, también es claro que esta subida no resuelve los problemas estructurales que determinan la vida de la clase trabajadora, como el encarecimiento de la vivienda, la precariedad y la insuficiencia de los salarios para cubrir las necesidades básicas.

La cuestión de fondo, pues, sigue siendo no solo cuánto aumenta el salario mínimo, sino qué capacidad tiene ese aumento para mejorar las condiciones materiales de vida y qué otras transformaciones hacen falta para garantizar una remuneración suficiente.

¿La subida del 5,3% es un avance suficiente?

El incremento eleva el SMI desde los 1.221 euros de 2026 hasta los 1.286 mensuales, y entrará en vigor el 1 de enero de 2027, bajo el nuevo gobierno que pueda surgir del 29 N.  En cualquier caso, con las pagas prorrateadas esta medida equivale a unos 1.500 euros brutos en doce mensualidades, y según las estimaciones difundidas por el propio Gobierno saliente, beneficiará a unos 2,7 millones de personas asalariadas.

Sin duda, considerando que en 2018 el salario mínimo era de 735,9 euros, la cuantía se ha elevado en torno a un 75%, lo que representa una mejora considerable que ha reducido parte de las desigualdades salariales. Pero, no hay que confundir el crecimiento del SMI con una transformación general de las condiciones de vida. La subida del mínimo no implica que los salarios hayan crecido en la misma proporción, ni garantiza que quienes cobran algo más del mínimo hayan mejorado sus ingresos, ni frena que una parte creciente de los ingresos familiares se destine a alquileres, hipotecas, suministros y alimentación.

Respuestas de los agentes sociales.

La comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo había recomendado un 4,9%, hasta unos 1.281 euros, y el Gobierno ha decidido superar esa recomendación. Pero CCOO y UGT reclamaban un 7%, de modo que la cifra final queda entre el criterio técnico y la demanda sindical.

Los dos sindicatos valoran positivamente la subida y destacan que el SMI se ha incrementado casi un 75% desde 2018, pero consideran que se queda corta y emplazan al Gobierno a cumplir sus compromisos sobre registro horario y sobre compensación y absorción de complementos. No es un asunto menor. Cuando una persona cobra por encima del mínimo gracias a pluses de nocturnidad, peligrosidad o disponibilidad, las reglas de absorción y compensación permiten a la empresa recortar esos complementos para que la subida apenas se note en la nómina.

La modificación normativa que debía impedirlo, pactada con los sindicatos a principios de año, sigue pendiente. Y sin un control efectivo de la jornada, las horas extraordinarias y las trabajadas por encima de lo contratado seguirán quedando sin pagar.

No basta con fijar un salario mínimo legal. Hay que garantizar que se paga por todas las horas trabajadas y que los complementos no sirven para neutralizar la subida.

Como era esperable, la patronal, por su parte, ha cargado contra la decisión. CEOE y Cepyme la consideran una utilización política de la capacidad legislativa del Gobierno en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y hay que situar esa objeción en su contexto, porque la patronal defiende intereses empresariales y mantiene una oposición histórica a los aumentos de costes salariales.  La mejora de los salarios no puede quedar subordinada a la rentabilidad empresarial, y los beneficios y la productividad deben analizarse junto con el reparto de la riqueza que genera el trabajo. Dicho esto, existen problemas reales en las pequeñas empresas y en servicios públicos externalizados, donde la subida puede trasladarse a los precios o a las condiciones laborales si no se acompaña de una financiación pública adecuada.

El problema de fondo, salarios, vivienda y coste de la vida

Un salario de 1.286 euros brutos mensuales mejora los ingresos anteriores, pero su capacidad para garantizar una vida digna depende de los precios de lo esencial. Una persona que cobra el mínimo y vive de alquiler en València o en su área metropolitana puede destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a una habitación o una vivienda, a lo que se suman alimentación, transporte, electricidad y agua. Por eso sería un error considerar que el aumento del SMI resuelve por sí mismo la pobreza laboral, que depende también de la estabilidad del empleo, de la duración de las jornadas, del acceso a servicios públicos y de la estructura de gastos de los hogares.

Una política de mejora salarial necesita, en consecuencia, una intervención pública mucho más decidida sobre la vivienda, los suministros esenciales y los servicios públicos. No tiene sentido que los incrementos salariales terminen absorbidos por alquileres más caros y por los beneficios de los sectores que controlan bienes indispensables.

La exención del IRPF, una medida que merece atención

El Gobierno ha anunciado además que el nuevo SMI quedará exento de tributación en el IRPF, con una deducción que se extiende de forma decreciente a salarios superiores, hasta en torno a los 23.000 euros anuales. El objetivo es que la subida llegue íntegra a la nómina cada mes, sin esperar a la declaración de la renta, lo que mejora la liquidez de los hogares con menos ingresos. Pero una política de rentas no debería descansar sobre todo en mecanismos fiscales. La prioridad sigue siendo garantizar salarios suficientes, una fiscalidad progresiva y servicios públicos que reduzcan los gastos de las familias trabajadoras.

Una valoración desde los intereses de la clase trabajadora

La subida del SMI es una conquista social. No es un regalo del Gobierno ni una concesión espontánea del empresariado, sino el resultado de años de reivindicación sindical, movilización y presión de los sectores peor pagados. Demuestra que la intervención pública puede modificar la distribución de la renta, pero también muestra los límites de una política que se limita a aliviar algunas consecuencias de la desigualdad sin transformar las relaciones económicas que la producen.

El salario no es solo una cifra en una nómina. Expresa la relación entre capital y trabajo, la capacidad de negociación de las organizaciones obreras y el reparto de la riqueza socialmente producida. Por eso la lucha por salarios dignos no puede reducirse a negociar cada año unos puntos porcentuales. Exige fortalecer la negociación colectiva, recuperar fuerza sindical en los centros de trabajo, combatir la precariedad y la temporalidad y reducir la jornada sin pérdida salarial. Exige también tratar la vivienda como una cuestión central del conflicto de clase, porque de poco sirve subir salarios si la especulación inmobiliaria absorbe la mejora. La huelga general del 11 de noviembre por la vivienda y el coste de la vida ha puesto sobre la mesa la necesidad de conectar reivindicaciones que se abordaban por separado.

Una mejora que debemos defender, y superar

Sería un error minimizar esta mejora o rechazarla solo porque proceda del Gobierno, pero también lo sería presentarla como prueba de que los problemas salariales y sociales están resueltos. La clase trabajadora necesita salarios con los que vivir dignamente, vivienda accesible, servicios públicos universales, estabilidad y capacidad real para intervenir en las decisiones económicas que afectan a su vida. La cuestión decisiva es quién se apropia de la riqueza que produce la sociedad y qué fuerza tiene la mayoría trabajadora para defender sus intereses frente al poder económico. Cada mejora conquistada importa, pero el objetivo es una sociedad en la que vivir con dignidad sea un derecho garantizado para todas y todos.

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