25N: las mujeres siguen muriendo y los gobiernos contemporizando.

Imagen por IA de manifestación de mujeres por sus derechos

El 25 de noviembre llega este año con unas 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026], más de 1.380 desde que empezó el recuento oficial en 2003. Es el peor registro a estas alturas desde 2023, cuando en el mismo periodo se contaron 52 asesinadas, frente a las 36 de 2025 y las 41 de 2024. El año pasado se cerró con al menos 47 mujeres asesinadas y desde 2013 han sido asesinados al menos 68 menores por violencia vicaria. El Estado tiene sus leyes, ministerio, pacto y presupuesto, así como las restantes administraciones públicas. Lo que no tienen, en cambio, es unos resultados que justifiquen la falta de compromisos concretos con la que se continúa gestionando esta situación.

Una violencia que se mide mal y se denuncia poco

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, presentada en diciembre de 2025, sitúa en el 30,3 % a las mujeres que han sufrido al menos un tipo de violencia de su pareja o expareja, unos 2,7 millones de mujeres, y en el 12,7 % a las que han sufrido violencia física o sexual. Solo el 16,8 % de las que padecieron violencia física, sexual o emocional de alguna pareja dice haberla denunciado. Ese porcentaje es la medida real del fracaso de un modelo de protección que descansa casi por completo en la denuncia.

Si más de ocho de cada diez mujeres no denuncian, es lógico que el actual sistema construido sobre la denuncia casi siempre llegue tarde.

Por otra parte, Europa no ofrece un panorama mejor. La encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), publicada el 3 de marzo de 2026 con cerca de 115.000 entrevistas, concluye que el 30,7 % de las mujeres de la UE ha sufrido violencia física o sexual, apenas por debajo del 33 % de 2012. Solo el 6,1 % denunció ante las autoridades la violencia de su pareja y el 11,3 % la de personas ajenas a la pareja. Una de cada tres mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo, y dos de cada cinco entre las más jóvenes. De este modo, los catorce años de políticas europeas muestran que apenas se tiene incidencia real en este problema.

Un Gobierno que cuenta medidas en lugar de vidas

En marzo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presumía de que, a diciembre de 2025, se habían puesto en marcha 235 de las 461 medidas del Pacto de Estado renovado. O dicho de otro modo, que la mitad del pacto sigue en el papel mientras las cifras de asesinadas suben. Para 2026 el Gobierno destina 160 millones de euros a las comunidades autónomas a través de un fondo finalista, una cantidad que conviene leer junto a otra noticia, la de que Igualdad detectó un mal uso de unos 12 millones de los fondos que transfiere a los ayuntamientos. Cuando el dinero llega tarde, se gasta mal y no se audita con participación de las propias organizaciones de mujeres, las políticas públicas dejan de ser una herramienta de transformación y se convierten en mera burocracia.

El sistema de protección, además, tampoco resiste el contraste con los datos. Según cifras oficiales de junio, el 37,5 % de las víctimas mortales había presentado una o varias denuncias previas, el porcentaje más alto de toda la serie desde 2003. Ni las mujeres que no denuncian ni las que sí lo hacen reciben una protección que se corresponda con el riesgo que corren.

Pedir valentía individual a las mujeres mientras las instituciones fallan en la parte que les corresponde es una forma de trasladar la responsabilidad a quien ya está en peligro.

El salario y la vivienda como cerrojo

La propia Macroencuesta aporta la pista más importante para entender por qué las medidas penales y policiales se quedan cortas. Las mujeres cuya pareja actual toma todas las decisiones económicas tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia de su pareja que quienes las toman de forma conjunta. La dependencia económica no explica por sí sola la violencia, pero funciona como un cerrojo. Una mujer sin ingresos propios ni una vivienda a la que ir no tiene una salida real, por mucho que la ley le reconozca derechos sobre el papel.

Aquí es donde el discurso institucional se queda sin argumentos. La falta de políticas sociales y públicas de vivienda también tiene consecuencias muy concretas para las mujeres que necesitan dejar un domicilio compartido con su agresor, porque la violencia machista se sostiene también sobre un mercado de alquiler que expulsa y sobre una oferta pública de vivienda casi inexistente.

Ciertamente, una política de igualdad que no incluye vivienda pública de acceso inmediato, empleo protegido y renta suficiente para quien sale de la violencia resulta difícil que pueda llegar a ser efectiva.

Donde la derecha gobierna, el retroceso aumenta.

A la insuficiencia de la acción del Estado se suma, en varios territorios, una ofensiva contra el propio reconocimiento del problema. El acuerdo de gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana de 2023 sustituyó la violencia de género por la «violencia intrafamiliar». Después, Vox votó por separado y en contra de la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que sacaron adelante PP, PSPV y Compromís, y la consellera del ramo ha defendido en público la lucha contra la violencia de género. La contradicción entre ambos discursos no es una anécdota, porque determina qué servicios se financian y con qué enfoque.

El patrón se repite en otros territorios. En Andalucía, el Gobierno cuestionó la lealtad del PP al Pacto de Estado tras ceder a Vox la evaluación de las víctimas. En Valladolid, PP y Vox retiraron a las víctimas de violencia de género del protocolo de acceso al alquiler social. Y en Castilla y León ambos partidos tumbaron en octubre la actualización de la ley autonómica de violencia de género. Cada recorte de lo ya de por sí insuficiente, acaba convirtiéndose en un obstáculo mayor para la vida y la libertad de las mujeres.

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