El 24 de octubre a Madrid para defender unas pensiones públicas dignas.

El IPC se dispara al 4,9% mientras los partidos continuan empleando a los jubilados como arma electoralista. La COESPE llama a la calle este 24 de octubre porque la situación de muchas personas es desesperada.

Como señala Pepa Montero en 65ymás, la inflación continúa azotando el poder adquisitivo de los pensionistas españoles sin tregua, mes tras mes, con encarecimientos de productos y servicios inasumibles en buena parte de los hogares de los jubilados, que ven cómo sus pagas encogen y se empobrecen con cada vuelta del calendario. Y es que el IPC (Índice de Precios de Consumo) se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, registrando su nivel más alto desde febrero de 2023. Los bolsillos de millones de pensionistas están tirando después de soportar tres meses consecutivos de subidas de precios (dos meses con alzas mayores del 4%).

Este repunte inflacionario se produce (además de la por la política monetaria de las instituciones) por culpa del encarecimiento de los combustibles —con subidas anuales del 34% en el gasóleo y del 27,5% en la gasolina—. Unas subas que obligan a pagar los alimentos el 2,7% más caros que hace un año y afrontar una tasa de inflación subyacente (la que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos) del 3,1% (su nivel más alto desde marzo de 2024), tal como constatan los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Y la inflación no golpea a todos igual. La cesta de una pensionista con 800 euros al mes está dominada por alimentos frescos, energía doméstica y gasto sanitario, justo lo que más sube. La coordinadora estatal Coespe denuncia que el IPC oficial se queda corto para reflejar la realidad del colectivo y que hay quien debe elegir entre comer, comprar medicinas o pagar el alquiler. Desde Euskal Herria, el Movimiento de Pensionistas (MPEH) habla de jubilados que renuncian a una alimentación sana, a la calefacción o a servicios de dependencia.

El Gobierno insiste en que la revalorización con el IPC está garantizada por ley, y es cierto, pero tiene un defecto grave al aplicarse siempre con retraso. La subida de enero se calcula con la media de inflación de los doce meses anteriores. Cuando los precios se disparan en el año en curso, la pérdida se sufre hoy y su reconocimiento llega después, en forma de un nuevo nivel de pensión que no devuelve lo perdido por el camino. Como dicen desde Asjubi40, prometer compensaciones «a año pasado» no sirve para pagar las facturas de hoy.

Con la normativa actual, las estimaciones apuntan a una revalorización cercana al 3,5% en 2027. Será la mayor subida desde 2024 como hace gala el Gobierno progresista del PSOE-Sumar (saliente), pero conviene leer esto bien. Se trata de  una cifra provisional, que se conocerá con el dato avanzado del IPC de noviembre, previsto para el 27 de noviembre, y que además sigue por debajo de la inflación actual. Un 3,5% en enero no compensa un 4,9% en septiembre.

A las puertas de las elecciones generales del 29-N, las pensiones se han convertido en terreno de disputa partidista. PSOE y Sumar defienden la revalorización con el IPC y califican el sistema de «perfectamente sostenible», a la par que recuerdan que el PP votó en contra de ligar las pensiones al IPC y que, cuando gobernó, las congeló de facto con subidas del 0,25%. Por su parte, el PP habla de «colapso» y pide «cambiar el modelo», aunque Feijóo se compromete a mantener la revalorización con el IPC y a no cuestionar el sistema público. Y Vox va más lejos y llama «zombi» al sistema y propone un modelo mixto con capitalización individual-privada para mejor prosperidad de estos últimos.

Pero no hay que perder de vista el significado de la expresión «sostenibilidad». Presentar como inevitable el colapso de un sistema público es el paso previo para justificar la entrada de los fondos privados. La capitalización individual traslada el riesgo del mercado a cada jubilado y convierte una pensión, que es un derecho, en un producto financiero. Y el argumento demográfico oculta lo esencial, que la sostenibilidad de las pensiones depende de los salarios, del empleo y de cuánto aporta cada parte de la sociedad, no de una fatalidad biológica. Un mercado laboral precario, como reconoce la propia portavoz del PP, es una causa del problema, no una excusa para recortar.

Del mismo modo, una revalorización que llega tarde y por debajo de la inflación real no protege a quien hoy tienen que elegir entre medicinas y comida. El debate de fondo no es solo «público o privado», sino qué nivel de vida garantiza ese sistema público.

Las plataformas de pensionistas coinciden en un conjunto de exigencias que incluyen topar el precio de los bienes de primera necesidad y aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos; subir pensiones y salarios públicos con el IPC real, con una cláusula de compensación por la pérdida de poder adquisitivo; equiparar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional; cerrar la brecha de género; y acabar con las penalizaciones perpetuas de hasta el 40% sobre la base reguladora que sufren quienes, tras 40 o más años cotizados, fueron expulsados del mercado laboral antes de tiempo.

Son medidas concretas, cuantificables y defendibles que muestran algo importante. Muestran que la defensa de las pensiones no es cosa solo de «los mayores». Se trata de la defensa del salario diferido de toda la clase trabajadora, que es la que acabará cobrándolas.

Una sociedad se mide por cómo trata a quienes ya no pueden trabajar. Con un 4,9% de inflación y un 2,7% de subida, la respuesta no puede esperar a que se cuenten los votos.