Alfafar exige al Ayuntamiento información sobre las obras en la Font Baixa.

Imagen por IA de la presión vecinal en Alfafar sobre el PAI

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Alfafar, junto con Salvem la Font Baixa, Horta Sud Neta Verda i Viva y Acció Ecologista-Agró, denuncian que el Ayuntamiento no ha respondido a una solicitud de información registrada el 5 de octubre de 2026 sobre las obras en los terrenos de la Font Baixa, el último bloque de huerta periurbana del municipio, de unos 140.000 metros cuadrados. Ante el silencio, el 9 de noviembre presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo (registro 202631901) y llaman a la ciudadanía a acudir al pleno municipal del jueves 26 de noviembre.

La huerta que amortiguó la DANA.

El 29 de octubre de 2024 la riada dejó en Alfafar una de las cifras más altas de víctimas de la comarca. Los datos del Centro de Integración de Datos recogidos por el TSJCV sitúan en 15 las personas fallecidas halladas en el municipio, cuarto en el recuento tras Paiporta, Catarroja y València. Acció Ecologista-Agró sostiene desde entonces que el último reducto de huerta actuó como laminador de las aguas y evitó daños mayores en Alfafar, Sedaví y Llocnou de la Corona.

Sobre ese suelo pesa el PAI de la Font Baixa sobre el que se reclama información. Según la información publicada antes de la DANA, el proyecto contemplaba sacrificar cerca de 140.000 metros cuadrados de huerta para levantar 36 torres de entre ocho y diez alturas y unas 1.200 viviendas. Tras la DANA, el Ayuntamiento declaró que el plan quedaba paralizado mientras durase la fase de emergencia, y más tarde defendió que las medidas hidráulicas previstas se reforzarían con más superficie verde y sistemas de laminación.

Que fue esta huerta la que amortiguó la riada es la tesis de los colectivos y del sentido común hidrológico, aunque no consta ningún estudio hidráulico público que lo cuantifique. Por eso los informes técnicos demandados revisten especial importancia. Si los estudios que preceptivamente ha de realizar el Ayuntamiento avalan en efecto las actuaciones previstas ahora, éste ganaría legitimidad publicándolos. Pero, si se diera el caso de que no lo demuestran, la ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que el hormigón sea irreversible y muy negativas las posibles consecuencias sociales y poblacionales.

Plazos legales y vías de reclamación.

La Ley 19/2013 fija en un mes el plazo para resolver las solicitudes de acceso, ampliable por otro mes cuando el volumen o la complejidad lo justifiquen y siempre que se comunique al solicitante. La Ley 27/2006 establece igualmente un mes, con un máximo de dos en casos de especial volumen o complejidad. La ley valenciana de transparencia, la 1/2022, exige también resolver en el plazo de un mes.

Desde el 5 de octubre han transcurrido 44 días. Si el Ayuntamiento no notificó ninguna ampliación, el plazo legal venció el 5 de noviembre (y si la notificó, el límite sería el 5 de diciembre). Por otra parte, lo que también está claro es que la ley impone resolver las demandas de forma expresa y motivada, y que el silencio no es una respuesta aceptable en materia de seguridad frente a inundaciones.

Y hay, además, una vía específica que no debe dejarse caducar. Frente al silencio de un ayuntamiento valenciano cabe una reclamación ante el Consell Valencià de Transparència, que debe presentarse en el plazo de un mes desde que se producen los efectos del silencio. La queja ante el Defensor del Pueblo es una vía distinta y complementaria, no un sustituto de aquella.

«Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está haciendo en su territorio y si eso nos hace más vulnerables.»

No es un caso aislado.

La huerta presta un servicio que el mercado no registra. Absorbe agua, protege casas y, llegado el día, salva vidas, y nada de eso figura en ningún balance. El suelo, en cambio, se valora por su edificabilidad. Quien urbaniza captura la plusvalía, y quien vive aguas abajo asume el riesgo. Es la lógica de siempre, aplicada a un territorio que ya pagó con 15 vidas lo que cuesta ignorarla.

Por eso la opacidad no es un defecto administrativo menor. Es la condición para que decisiones de enorme calado se tomen sin escrutinio. Y por eso la demanda de los CLER va más allá en la importancia de que la población decida sobre la reconstrucción de su municipio, algo que se defiende mejor en una plaza llena que en un registro de entrada.

Tras la dana Adam de octubre de 2026, el Acord Social Valencià y los CLER denunciaron que, dos años después de la riada de 2024, siguen proyectados una veintena de macroproyectos de construcción sobre unos cinco millones de metros cuadrados en l’Horta Sud y la Foia de Bunyol. Precisamnete, el pasado 3 de noviembre los CLER registraron también en el Ayuntamiento de Alfafar una moción que pide suspender la tramitación del PAI de la Font Baixa y establecer una moratoria sobre los grandes proyectos en suelo inundable, recordando que la propia Generalitat ha paralizado construcciones en más de 104.000 hectáreas a partir de la nueva cartografía y que el principio de precaución figura en el PATRICOVA desde 2003.

Habrá que ver si esta moción se admite y pasa a debate plenario el próximo 26 de noviembre. Ese día, a partir de las 18:30 se realizará aúna marcha desde la Plaça Poeta Miguel Hernández, en el Parque Alcosa hasta el Ayuntamiento, ya que a las 19:00 comienza este importante pleno.

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