Consejos de barrio o pueblo en l’Horta Sud: del 11N al poder vecinal.

Foto de archivo de reunión vecinal

La respuesta popular a la DANA y la huelga general del pasado 11 de noviembre muestran una necesidad que no podemos seguir aplazando: construir espacios permanentes de organización vecinal y participación con capacidad real de intervenir en las decisiones que afectan a nuestros pueblos.

La reconstrucción de l’Horta Sud ha puesto sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién decide sobre nuestros municipios y quién tiene capacidad para intervenir en las decisiones que condicionan la vida de quienes los habitan?

Durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, miles de personas demostraron que los barrios saben organizarse, identificar necesidades y ofrecer respuestas colectivas cuando las instituciones no llegan. Surgieron redes de solidaridad, grupos de apoyo mutuo y formas espontáneas de coordinación. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), presentados públicamente en enero de 2025, nacieron precisamente para dar continuidad a esa capacidad de organización y reclamar el protagonismo de la ciudadanía en la reconstrucción.

La huelga general del 11N ha añadido otra dimensión a esta necesidad. Las reivindicaciones sobre vivienda, salarios y coste de la vida han conectado las luchas laborales con los problemas cotidianos de la mayoría trabajadora. La participación de sindicatos, organizaciones de inquilinas y colectivos sociales ha demostrado la posibilidad de construir espacios unitarios de movilización.

Ambas experiencias plantean el mismo desafío: transformar la solidaridad y la movilización en organización estable. Para ello proponemos impulsar consejos de barrio o de pueblo en l’Horta Sud, capaces de conectar las reivindicaciones sociales con la intervención directa de la ciudadanía en la gestión de sus municipios.

¿Qué consejos de barrio necesitamos?

No hablamos de crear nuevos organismos burocráticos ni de multiplicar reuniones informativas. Hablamos de espacios abiertos de organización territorial donde vecinos y vecinas puedan debatir los problemas de su entorno, establecer prioridades, presentar propuestas y fiscalizar la actuación municipal.

La participación no puede limitarse a escuchar explicaciones, disponer de unos minutos para intervenir o responder consultas cuyo resultado no obliga a nada. Un consejo de barrio debe tener mecanismos efectivos para influir en las decisiones públicas.

En la Comunitat Valenciana existen normas que reconocen de algún modo la participación ciudadana, aunque sin dotarla de capacidad de decisoria, como la Ley 4/2023, posteriormente modificada, y el Decreto 139/2025 del Consell, que regula los órganos de participación ciudadana de la Generalitat. También existen experiencias municipales, como las Juntas Municipales y los Consejos de Distrito de València.

Sin embargo, el reconocimiento formal de la participación no garantiza que las propuestas vecinales condicionen las decisiones municipales. Por eso necesitamos avanzar hacia órganos territoriales con competencias concretas, autonomía y capacidad de intervención.

La DANA y el 11N: experiencias que necesitan continuidad

La DANA mostró que la organización popular puede responder a necesidades colectivas y que la ciudadanía tiene conocimientos y capacidad para intervenir en asuntos que afectan a su territorio.

La reconstrucción no puede quedar exclusivamente en manos de las administraciones y de los intereses económicos que intervienen en ella. La ordenación de las zonas inundables, las infraestructuras ferroviarias, el túnel de Alfafar, la vivienda y la planificación urbanística son cuestiones que afectan directamente a la seguridad y las condiciones de vida. El vecindario debe poder participar en su discusión y decisión.

Por su parte, el 11N ha relacionado conflictos que habitualmente se abordan por separado: precariedad laboral, alquileres, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de los servicios públicos. En l’Horta Sud, donde todavía sufrimos las consecuencias de la DANA y el encarecimiento de la vida, estas reivindicaciones necesitan continuidad organizativa.

Los consejos de barrio pueden contribuir a conectar sindicatos, organizaciones de inquilinas, asociaciones vecinales y colectivos sociales. No para sustituir sus funciones, sino para establecer espacios de cooperación territorial y fortalecer su capacidad de actuación.

Una propuesta concreta para l’Horta Sud

Proponemos abrir un proceso de debate en nuestros municipios para constituir consejos de barrio o de pueblo, adaptados a las características y dimensiones de cada población.

Estos espacios deberían contar con participación directa de residentes, asociaciones vecinales, entidades sociales, colectivos culturales, organizaciones juveniles, sindicatos y plataformas ciudadanas. Su constitución tendría que poder promoverse por iniciativa vecinal, sin depender exclusivamente de la voluntad de los gobiernos municipales.

Entre sus principales funciones proponemos:

  • Elaborar diagnósticos participativos de las necesidades de cada barrio o población.
  • Establecer prioridades sobre vivienda, transporte, sanidad, educación, zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
  • Participar en la elaboración de los presupuestos municipales y en la planificación de inversiones.
  • Intervenir mediante informes previos en proyectos urbanísticos, grandes obras y actuaciones que afecten al territorio.
  • Recibir respuestas motivadas y por escrito a las propuestas vecinales.
  • Fiscalizar la ejecución de los presupuestos y el cumplimiento de los compromisos municipales.
  • Promover consultas y mecanismos de decisión vinculante en materias de competencia municipal.

La vivienda y el coste de la vida deben ocupar un lugar central. Los consejos han de facilitar la organización frente a los abusos del alquiler, los desahucios y la falta de vivienda asequible, así como el debate sobre transporte, suministros, alimentación y acceso a los servicios públicos.

No se trata únicamente de decidir dónde se construye una instalación deportiva o cuándo se arregla una calle. Se trata también de intervenir sobre las condiciones materiales de vida de la población trabajadora.

De los barrios a la coordinación comarcal

Muchos problemas de l’Horta Sud superan los límites de cada municipio. La prevención de inundaciones, la movilidad, las infraestructuras, la ordenación territorial y la protección de los espacios naturales necesitan soluciones coordinadas.

Por eso, junto a los consejos locales, también hacen falta espacios de coordinación comarcal como la asamblea abierta creada tras la huelga del 11N por las entidades y personas convocantes. Unos espacios que permitan compartir diagnósticos, establecer reivindicaciones comunes y elaborar propuestas para el conjunto del territorio. Esta coordinación debería trabajar con los CLER, las asociaciones de víctimas y damnificados y las organizaciones sociales que ya cuentan con experiencia de intervención ante las administraciones.

Existen además experiencias sobre las que construir. La Fundació Horta Sud ha impulsado procesos participativos con decenas de asociaciones y el proyecto La Casa Oberta de Benetússer pretende reunir a numerosas entidades de la comarca. Son iniciativas que muestran la existencia de un tejido asociativo que puede contribuir a desarrollar nuevas formas de organización comunitaria.

La participación necesita organización social

Ningún reglamento garantiza por sí solo una participación real. Los consejos necesitan una ciudadanía organizada, capaz de mantenerlos activos, elaborar propuestas y defenderlas colectivamente.

Por eso deben ser autónomos respecto a los gobiernos municipales y contar con condiciones materiales para funcionar: locales públicos, información accesible, horarios compatibles con las jornadas laborales y recursos para facilitar la participación de jóvenes, personas mayores, trabajadores, población migrante y quienes habitualmente encuentran más dificultades para intervenir en la vida pública.

La experiencia de los comités unitarios del 11N también puede servir de referencia. La coordinación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales debe tener continuidad en Los Barrios, conectando los centros de trabajo con los espacios de convivencia y organización comunitaria.

Para avanzar en esta línea, un primer paso es abrir este debate pueblo a pueblo. Las asociaciones vecinales, los CLER, los sindicatos, las organizaciones de inquilinas y los colectivos participantes en el 11N pueden promover asambleas abiertas para presentar la propuesta y estudiar la constitución de consejos de barrio. Y también habría que elaborar diagnósticos participativos sobre los principales problemas de cada municipio y trasladarlos a los plenos municipales, reclamando reglamentos que permitan constituir consejos por iniciativa ciudadana, intervenir en los proyectos que afectan al territorio y avanzar hacia decisiones vinculantes en las competencias municipales. 

Finalmente, con las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte, sería conveniente exigir compromisos públicos a todas las candidaturas sobre la creación y las competencias de estos órganos.

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