China, Rusia y Estados Unidos: ¿declaración de paz o acuerdo entre potencias?

Foto de archivo de la cumbre y los tres firmantes del Acuerdo

La declaración firmada este 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen por Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump merece atención más allá de su presentación diplomática como un acuerdo histórico por la paz. Se trata de un encuentro excepcional entre las tres grandes potencias nucleares, pero también de un documento que plantea interrogantes sobre quién define la seguridad internacional, qué papel corresponde a los pueblos y hasta dónde puede llegar la soberanía estatal cuando entra en conflicto con los derechos humanos. Desde una perspectiva antiimperialista y descolonizadora, sin embargo, habría que cuestionar la legitimación de una concepción de las relaciones internacionales en la que los Estados poderosos negocian entre sí mientras las poblaciones afectadas por sus decisiones quedan relegadas…

¿Qué han acordado realmente las tres potencias?

La primera cuestión es distinguir la declaración de paz de las expectativas políticas generadas alrededor de la cumbre. El documento firmado contiene cuatro compromisos fundamentales: promover la reforma de Naciones Unidas; incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados; defender el principio del consentimiento de los Estados y las inmunidades de sus responsables frente a posibles abusos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional; y establecer un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de estas armas.

No estamos, por tanto, ante un tratado de paz ni ante un acuerdo de desarme. Tampoco se establecen calendarios, mecanismos de cumplimiento, objetivos cuantificables o compromisos verificables.

Hay una contradicción especialmente significativa: los tres gobiernos proclaman su voluntad de contribuir a la paz mundial, pero el documento no incorpora medidas concretas para resolver los conflictos armados que están condicionando la situación internacional. No aparecen referencias expresas a Ucrania, Palestina, Irán o a otros escenarios de confrontación. Aunque el Ministerio de Exteriores chino confirma que estos asuntos fueron abordados durante las conversaciones, no quedaron recogidos en los cuatro puntos de la declaración.

La paz entre las grandes potencias no garantiza la paz de los pueblos

Por otra parte, la declaración parte de una concepción de la estabilidad internacional basada fundamentalmente en las relaciones entre los Estados. Los tres dirigentes se presentan como responsables especiales de la seguridad mundial por su condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y potencias nucleares.

Sin embargo, esta perspectiva deja fuera una cuestión fundamental: los intereses y las necesidades de las poblaciones que soportan las consecuencias de las decisiones de esos mismos Estados. La paz no puede reducirse a la ausencia de enfrentamiento directo entre las grandes potencias. Tampoco puede identificarse exclusivamente con el equilibrio militar, la estabilidad de los mercados energéticos o el mantenimiento de determinadas relaciones diplomáticas.

Para quienes viven bajo ocupación militar, sufren bombardeos, desplazamientos forzosos, explotación económica o intervenciones extranjeras, la paz significa también disponer de condiciones materiales para vivir con dignidad, ejercer sus derechos y decidir su propio futuro. Desde una perspectiva de clase, debemos añadir que los intereses de los gobiernos no siempre coinciden con los intereses de sus pueblos. Las decisiones sobre energía, comercio, inversiones, recursos naturales y seguridad pueden responder a intereses económicos y geopolíticos que no benefician necesariamente a la mayoría trabajadora.

Por eso, la soberanía nacional constituye un principio fundamental, pero no puede utilizarse como una justificación automática de cualquier decisión gubernamental.

Soberanía nacional, autodeterminación y derechos humanos

Otra cuestión esencial es la distinción entre soberanía de los gobiernos y autodeterminación de los pueblos. El respeto a la independencia nacional y a la integridad territorial es indispensable para combatir el colonialismo, el intervencionismo y las políticas de dominación imperialista. Ningún país debería tener derecho a imponer por la fuerza su modelo político, económico o social a otro.

Pero la soberanía estatal no debe confundirse con la soberanía popular. Un gobierno no puede apropiarse del concepto de soberanía para situarse por encima de los derechos de su propia población. La independencia frente a las potencias extranjeras y la capacidad de los pueblos para decidir sobre su organización política, económica y social deben ser principios complementarios.

Esta distinción resulta especialmente importante porque el discurso de la no injerencia puede ser utilizado tanto para defender legítimamente a los países frente a las agresiones imperialistas como para proteger a gobiernos de cualquier exigencia de responsabilidad. El problema no se resuelve sustituyendo el derecho internacional por la voluntad de las grandes potencias, sino construyendo unas relaciones internacionales que garanticen simultáneamente la independencia de los pueblos, la igualdad entre las naciones y los derechos de las personas.

La Corte Penal Internacional y el riesgo de la impunidad

El tercer apartado de la declaración merece una atención especial. Los tres gobiernos reivindican el consentimiento de los Estados y las inmunidades de sus responsables políticos, al tiempo que advierten contra posibles abusos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La preocupación por el respeto al derecho internacional y por las garantías jurídicas es legítima. La Corte Penal Internacional debe actuar conforme a su mandato y sus procedimientos. Pero hay una cuestión que no puede pasarse por alto: el principio de que ningún responsable político debe quedar automáticamente exento de responsabilidad por el cargo que ocupa. El artículo 27 del Estatuto de Roma establece expresamente que la condición de jefe de Estado o de Gobierno no exime de responsabilidad penal ante la Corte cuando concurren los requisitos de su jurisdicción.

La declaración de Shenzhen no plantea una reforma concreta del Estatuto, pero su formulación sobre inmunidades abre un debate político y jurídico delicado. Si la soberanía estatal se utiliza para impedir que los responsables de crímenes internacionales rindan cuentas, estaremos ante un retroceso en materia de justicia internacional. El derecho internacional no puede convertirse en una herramienta selectiva: debe aplicarse tanto a las potencias occidentales como a Rusia, China y cualquier otro Estado.

La lucha contra la utilización imperialista de los derechos humanos no puede terminar justificando la impunidad de quienes ejercen el poder.

La dimensión económica: energía, recursos e intereses de las potencias

El apartado económico de la declaración tampoco es secundario. Los tres países se comprometen a incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados y a favorecer la estabilidad energética internacional. Este compromiso refleja que la energía continúa siendo un elemento central de la competencia geopolítica y de las relaciones económicas internacionales.

Pero la estabilidad de los mercados energéticos no equivale necesariamente al bienestar de la población.

Desde una perspectiva de clase, debemos preguntarnos quién controla los recursos, quién obtiene los beneficios de su comercialización y quién soporta los costes económicos y medioambientales de ese modelo.

La cooperación entre grandes potencias puede contribuir a reducir tensiones y garantizar suministros, pero también puede consolidar acuerdos económicos que dejen al margen las necesidades de los países dependientes y de sus clases trabajadoras.

La cuestión fundamental no es solamente que exista petróleo suficiente en los mercados internacionales, sino quién decide sobre los recursos naturales y con qué objetivos sociales se utilizan.

Valoración desde el internacionalismo y la lucha de clases

Desde una perspectiva marxista y leninista, esta declaración debe analizarse teniendo en cuenta que las relaciones internacionales no se desarrollan en un espacio neutral, sino en un sistema mundial atravesado por la competencia económica, los intereses de clase y las relaciones de dominación imperialista.

El enfrentamiento entre potencias no debe interpretarse exclusivamente como una disputa entre modelos políticos o como una confrontación entre países buenos y malos. Es necesario estudiar los intereses económicos, estratégicos y territoriales que determinan sus actuaciones.

La multipolaridad puede abrir espacios para limitar la hegemonía de una potencia y favorecer una mayor autonomía de los países dependientes. Pero no constituye, por sí misma, una garantía de emancipación social. Un mundo con varios centros de poder no es necesariamente un mundo más justo. La existencia de diferentes potencias capaces de competir entre sí no elimina la explotación capitalista, las desigualdades internacionales ni las relaciones de dependencia económica.

Por eso, el internacionalismo de la clase trabajadora no puede identificarse con el apoyo incondicional a ningún gobierno por su posición frente a Estados Unidos o frente a las potencias occidentales. La solidaridad internacional debe tener como referencia los intereses de los pueblos, su derecho a la autodeterminación y la lucha contra todas las formas de explotación y dominación.

Esto exige defender la independencia de los países frente a las agresiones imperialistas, pero también mantener una posición crítica ante las políticas de sus propios gobiernos cuando contradigan los intereses populares.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sumario

Subscribete por email!