Sindicatos y comités de huelga exigen la liberación de los detenidos del 11N en el País Valenciá.

Imagen por IA de las actuaciones policiales durante el 11N

La huelga general del pasado 11 de noviembre no terminó con la finalización de las manifestaciones. Días después, el conflicto continúa abierto en la Comunitat Valenciana como consecuencia de las detenciones, las actuaciones policiales y los procedimientos judiciales derivados de aquella jornada.

La Confederación General del Trabajo del País Valencià i Múrcia (CGT PViM) y distintos comités de huelga han denunciado públicamente lo que consideran actuaciones policiales desproporcionadas contra participantes en los piquetes informativos y las movilizaciones. Sus reclamaciones exigen la puesta en libertad de las personas que permanecen encarceladas, la retirada de cargos y el esclarecimiento de las responsabilidades por las intervenciones policiales.

Cuestiones que no cabe limitar solo al desarrollo de esta huelga concreta, puesto que antes y después continúa aplicándose la represión, como muestran la nueva detención en Castellón por la Enseñanza. Afectan directamente a las garantías para ejercer derechos fundamentales como la libertad sindical, la reunión, la manifestación y la huelga.

Detenciones y actuaciones policiales: las denuncias de los comités de huelga

Según la información publicada por La Protesta el 16 de noviembre, las organizaciones sindicales denuncian al menos cinco detenciones en Valencia y Alicante: tres en la capital valenciana y dos en Alicante. Los dos detenidos en esta última ciudad fueron puestos en libertad horas después, aunque las organizaciones reclaman el archivo de los procedimientos y la retirada de los cargos.

En Valencia, los sindicatos han denunciado cargas policiales al finalizar un piquete informativo en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento, además de numerosas identificaciones.

La situación de Castellón presenta otros episodios especialmente preocupantes. El Comité de Huelga de Castellón y Comarcas ha denunciado intervenciones contra piquetes informativos, identificaciones de trabajadores y estudiantes, agresiones policiales y la detención de una persona menor de edad. También ha denunciado la detención de una trabajadora en su centro laboral y el ingreso en prisión preventiva de otro manifestante.

La responsabilidad del Gobierno PSOE-Sumar

Las denuncias formuladas por CGT y los comités de huelga interpelan directamente a las instituciones responsables de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. La Delegación del Gobierno, las sub delegaciones provinciales y el Ministerio del Interior, todos ellos dependientes de un Gobierno que se dice “progresista” son directos responsables.

También corresponde a las autoridades judiciales examinar los procedimientos con todas las garantías, evitando que el ejercicio de derechos constitucionales se confunda con conductas delictivas que deben acreditarse individualmente.

La investigación de posibles abusos policiales no supone cuestionar la función de seguridad pública. Significa exigir que esta se ejerza dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

Una lección política para el movimiento obrero

La huelga del 11N ha puesto de manifiesto la capacidad de convergencia entre organizaciones sindicales, movimientos por la vivienda, colectivos sociales y comités de huelga.

La movilización situó en el centro del debate problemas que afectan directamente a las condiciones materiales de vida de la mayoría social: el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral, los salarios insuficientes y el aumento del coste de la vida.

Pero también ha dejado una cuestión que el movimiento obrero no puede ignorar: la necesidad de construir mecanismos de organización y solidaridad capaces de sostener los conflictos colectivos más allá de las jornadas de protesta. En este sentido, la respuesta ante las detenciones y los procedimientos judiciales debe formar parte de la propia continuidad de la movilización.

La solidaridad con las personas afectadas no puede quedar reducida a declaraciones puntuales. Requiere acompañamiento jurídico, cajas de resistencia cuando sean necesarias, coordinación entre organizaciones, información pública y una respuesta colectiva ante cualquier vulneración de derechos. También exige que los comités de huelga tengan continuidad y no desaparezcan una vez finalizada la convocatoria. Su experiencia puede contribuir a construir espacios estables de coordinación en los centros de trabajo y los barrios.

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