La reconstrucción en la Saleta (Valencia) o cuando el hormigón busca tapar la parálisis institucional.

Organizaciones como los CLER o Compromís de Quart de Poblet cuestionan si la megaobra de 150 millones responde en verdad al nuevo diagnóstico hidráulico, o más bien es un proyecto anterior que se había aplazado. Sin olvidar que la reconstrucción real ejecutada apenas llega al 5%.

Cada vez que el Estado anuncia una gran infraestructura hidráulica en la comarca de l’Horta Sud, conviene preguntarse quién decide el ritmo, quién carga con el riesgo mientras tanto y a qué intereses sirve el calendario. Estas cuestiones las ha formulado por vía institucional Compromís de Quart de Poblet ante el Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que los comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han convocado una asamblea ciudadana para hablar sobre estas cuestiones.

¿Porque la obra del barranco de la Saleta, en el tramo Aldaia-Nuevo Cauce del Turia, necesita solo unos meses para pasar de la aprobación técnica a la licitación, mientras que el resto de actuaciones post-DANA en la misma cuenca requieren una asistencias técnicas de tres años?

La batería de preguntas parlamentarias de Compromis, realizadas desde el Senado, constatan que hay dos ritmos administrativos conviviendo en el mismo expediente. Por un lado, la aceleración de una infraestructura de gran escala; por el otro, la lentitud crónica (5%) que atraviesa toda la reconstrucción de los territorios devastados por la DANA de octubre de 2024.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 27 de marzo el anuncio de información previa del «Proyecto de acondicionamiento del Barranco de la Saleta. Tramo Aldaia-Nuevo Cauce del río Turia», con un valor estimado entonces superior a los 107 millones de euros y previsión de licitación en julio de 2026. Tres meses después, la Dirección General del Agua ha dado luz verde técnica a un proyecto cuya inversión estimada ya se sitúa en 150 millones, redactado íntegramente por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ese salto de 43 millones en tres meses no es un detalle menor, es el tipo de variación que en cualquier escrutinio serio debería justificarse partida por partida, y que en cambio se presenta como un simple «avance» hacia la licitación. La infraestructura prevista es de una escala considerable, al incluir una estructura de derivación junto a la CV-410 que repartirá los caudales entre la cuneta de la carretera, el encauzamiento urbano de Aldaia y una conducción soterrada de cuatro kilómetros construida con marcos de hormigón armado de hasta 7,5 metros de anchura, con capacidad conjunta de evacuación de hasta 130 m³/s hacia el nuevo cauce del Turia.

«No se trata de oponerse a todas las obras, sino de exigir que primero se demuestre que pueden ser útiles, suficientes y seguras.»

Ciertamente, nadie en el movimiento social o municipalista valenciano niega la necesidad de proteger Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y el Barrio del Cristo. Lo que se cuestiona es el procedimiento por el que una obra de tanta magnitud puede saltarse el mismo nivel de cautela técnica de tres años que el propio Ministerio exige para el resto de la cuenca.

El contraste señalado tiene datos muy concretos. El MITECO y la CHJ han adjudicado recientemente asistencias técnicas por más de tres millones de euros —con una duración prevista de tres años— para estudiar alternativas, priorizar actuaciones y redactar proyectos en la Rambla del Poyo, el sistema Pozalet-Saleta, el barranco de Picassent, el río Magro, el bajo Júcar, el medio-bajo Turia y el Parque Natural de l’Albufera. Es decir, que el propio Ministerio considera que analizar en profundidad el nuevo escenario hidrológico post-DANA requiere un horizonte de varios años.

Frente a eso, la obra de la Saleta-Aldaia recorre el camino hacia la licitación en cuestión de semanas. La cuestión, en consecuencia, es que si para planificar estas actuaciones posteriores a la DANA el Ministerio necesita asistencias técnicas de tres años, ¿por qué la obra de la Saleta-Aldaia puede licitarse ya?. Una sospecha más que razonable, en este sentido, es que buena parte del proyecto técnico ya existía antes de la DANA, y que el marco de «respuesta post-catástrofe» se quiere ahora “desempolvar” para dar cobertura política a una infraestructura que llevaba años de retraso por motivos completamente distintos a la seguridad hidráulica.

La segunda reunión de la Comisión Mixta para la recuperación, celebrada en Algemesí a finales de junio, dejó un dato que debería ser la vara de medir sobre la seriedad de cualquier anuncio institucional. Porque de los 1.745 millones de euros transferidos a los ayuntamientos afectados, se han validado proyectos por 1.100 millones, mientras que apenas el 5% de las obras previstas ha llegado efectivamente al terreno. El dinero está, lo que falta es la capacidad administrativa —y, en algunos casos, la voluntad política— de convertirlo en obra ejecutada.

Este cuello de botella en la ejecución de proyectos tiene un nombre concreto: la falta de personal técnico cualificado en los ayuntamientos pequeños y medianos para tramitar los expedientes de contratación pública. El intento de ceder funcionarios A1 y A2 de la Generalitat a los municipios afectados naufragó por la resistencia de la propia Dirección General de Función Pública. Y localidades gobernadas por el PSOE como Aldaia, Catarroja o Paiporta han terminado renunciando y pidiendo que sea la Generalitat, con mayor músculo administrativo, quien asuma directamente la licitación de las grandes actuaciones.

«Estábamos en un muy mal lugar», ha reconocido la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, señalando que la provincia de Valencia acumula una de las mayores superficies inundables del país tras años de infra-inversión.

Mientras tanto, la Unión Europea ha desbloqueado 846 millones adicionales del Fondo de Solidaridad —la segunda mayor ayuda de su historia, tras la de Italia en 2017— elevando a 946 millones la contribución comunitaria total. Son fondos reales, destinados en parte a reforzar precisamente los sistemas de prevención de inundaciones. Pero el dinero disponible y la obra realmente ejecutada son dos cosas distintas, y la distancia abismal entre ambas es política, no técnica.

Aquí es donde el caso concreto de la Saleta ilumina algo más general. El Barrio del Cristo de Quart de Poblet y las zonas populares de Aldaia no son actores con capacidad de presión sobre el calendario de licitaciones del Estado. Son, en el mejor de los casos, destinatarios de comunicados institucionales que anuncian megaobras sin que ni siquiera los propios ayuntamientos afectados tengan acceso previo a la documentación técnica completa. Lo mínimo, por tanto, sería exigir que el Ministerio remita esa documentación a los consistorios antes de adjudicar la obra, y que a su vez ellos informen directamente a la población.

Esa asimetría de información no es casual. Es la forma habitual en que el Gobierno «progresista» gestiona el riesgo climático, centralizando las decisiones técnicas en organismos como la CHJ, dosificando la información a los ayuntamientos y ninguneando a las propias asociaciones de afectados. Prefieren presentar la magnitud del presupuesto —150 millones, cifras que suenan a compromiso serio— como sustituto de la rendición de cuentas real sobre plazos, alcance y garantías técnicas. El anuncio de una gran obra como esta, sin duda cumple una función política incluso antes de que se coloque el primer marco de hormigón, porque desplaza la atención de los retrasos del 95% den la ejecución de las obras hacia el 5% que sí puede fotografiarse.