La OTAN dibuja en Ankara un nuevo escenario geopolítico.

Ankara amaneció este 7 de julio convertida en un búnker de escala metropolitana. Unos 40.000 agentes de seguridad —según cifras que las propias autoridades turcas han hecho circular como demostración de fuerza— custodiaban un perímetro de veinte kilómetros cuadrados alrededor del complejo presidencial de Beştepe, mientras cazas F-16 patrullaron un cielo que la propaganda oficial describe como escudo y que, para buena parte de la izquierda europea, es sobre todo el símbolo de esta época, la del rearme permanente y el militarismo sin ataduras.

Esa es la cumbre real de una Alianza Atlántica que intenta gestionar su propia crisis de hegemonía a costa de una represión que en Ankara alcanza también a activistas de la izquierda, sindicalistas y periodistas críticos, a quienes se les ha vetado la acreditación por decisión del propio Gobierno anfitrión y se les persigue en las calles y plazas. El gobierno de Erdoğan ha desplegado medidas de seguridad extraordinarias, acordonando una amplia zona alrededor del recinto, encarcelando a potenciales activistas y vetando a periodistas críticos.

Los temas que tiene previsto abordar la Cumbre se distribuyen en torno a unos pocos ejes, marcados en el documento final cuyo borrador ya se conoce.

Durante décadas el debate atlantista giró en torno al «burden sharing», al reparto del gasto. En Ankara el concepto que domina es el «burden shifting», el traslado integral de la responsabilidad operativa a Europa. La disuasión convencional pasa a manos europeas y canadienses mientas que Washington se repliega hacia el único activo que no está dispuesto a negociar, su arsenal nuclear. La cesión del liderazgo en los mandos conjuntos de Norfolk y Nápoles a oficiales europeos, más que un relevo protocolario es la constatación de que Estados Unidos redimensiona su papel de gendarme global porque ya no puede sostener el coste de serlo en todos los frentes a la vez.

No se trata de un repliegue pacifista, ciertamente, sino de la externalización de la función represiva. El “gendarme mundial” quiere que Europa asuma el gasto y el riesgo, mientras EEUU conserva el mando estratégico y, sobre todo, los contratos más rentables de su industria armamentística. El «pilar europeo» que tanto se celebra en los despachos de Bruselas no es autonomía respecto al imperialismo, sino una redistribución de tareas dentro del mismo bloque de poder atlántico, con capitales como Berlín, Varsovia y las capitales bálticas y nórdicas empujando la carrera armamentística. En cambio, Francia intenta, sin demasiado éxito, imponer un relato de «autonomía estratégica» que en la práctica sigue subordinado a la arquitectura de la Alianza. Papel crítico que también rerpesenta España, como luego veremos.

El «pilar europeo» no es autonomía frente al imperialismo estadounidense, es una redistribución de tareas dentro del mismo bloque de poder atlántico.

El compromiso alcanzado en La Haya en 2025 —elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de aquí a 2035, repartido entre un 3,5% de capacidades militares y un 1,5% de «resiliencia estratégica»— se presenta en Ankara como una exigencia de supervivencia. Detrás de ese lenguaje securitario hay una decisión de clase perfectamente identificable. Aunques los Estados europeos alegan restricciones fiscales para congelar pensiones, recortar sanidad o aplazar la vivienda pública, sin embargo encuentran sin dificultad los mecanismos financieros para el rearme.

El instrumento SAFE, dotado con 150.000 millones de euros en préstamos comunitarios, se aprobó en tiempo récord para financiar compras conjuntas de armamento con la exigencia de que al menos el 65% del valor añadido de los sistemas adquiridos proceda de empresas de la Unión Europea, Ucrania o el Espacio Económico Europeo. Una cláusula de «preferencia europea» que blinda los márgenes de beneficio de la industria militar continental —Airbus, Rheinmetall, Thales, la española Indra— más que la seguridad de la población.

Es la misma lógica que ya vimos en 2008 y en la pandemia, porque la austeridad se hace selectiva. Nunca hay dinero para lo social, siempre lo hay para el gasto militar. Los países europeos y Canadá aumentaron su gasto en defensa en 2025 en torno a 90.000 millones de dólares respecto al año anterior, elevando el gasto total a más de 570.000 millones de dólares, en paralelo a políticas de contención del gasto social en la mayoría de esos mismos Estados.

Turquía como mediación autoritaria.

Como anfitriona, Ankara consolida su papel de bisagra geopolítica: la capacidad de Erdoğan para mantener líneas abiertas con Washington, Moscú y Kiev se presenta como un activo diplomático imprescindible en un mundo fragmentado. Militarmente aporta el segundo ejército de la Alianza y una aplicación estricta de la Convención de Montreux que ha evitado, hasta ahora, la extensión abierta de la guerra al Mar Negro. El almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, lo resumía sin matices: Turquía «puede estar en la frontera, pero en muchos aspectos se encuentra en el corazón mismo de la Alianza».

Ese elogio convive con una realidad que la diplomacia atlantista prefiere no nombrar. El hecho de que el mismo Estado que la OTAN presenta como garante de estabilidad regional sea el que, en la semana de la cumbre, haya encarcelado preventivamente a 178 personas por «vínculos con el terrorismo» —entre ellas académicas, sindicalistas y ecologistas— y haya  vetado la acreditación de periodistas críticos. El líder de la oposición socialdemócrata turca, Özgür Özel, lo calificó de «vergüenza», denunciando que entre los detenidos hay personas de 75 años acusadas por su relación con organizaciones que llevan décadas inactivas. También el PC turco se ha pronunciado con contundencia. Pero la OTAN nunca tuvo ningún problema en hacer negocios con regímenes dictatoriales y que persiguen a la izquierda organizada en su propio territorio.

El mismo Estado que la OTAN presenta como garante de estabilidad regional encarcela preventivamente a académicas, sindicalistas y ecologistas en la semana de la cumbre.

La disuasión en el flanco este ya no se mide solo en fuego, sino en movilidad. El objetivo para 2027 es habilitar corredores logísticos capaces de trasladar tropas y material en 72 horas, reduciendo a apenas seis horas los permisos de tránsito en emergencias críticas. Para financiar esta infraestructura, Bruselas ha desplegado instrumentos como el programa de innovación AGILE (115 millones de euros) y el marco SAFE, que forma parte de un plan más amplio —»ReArmar Europa»— que aspira a movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto de defensa antes de 2030. El embajador estadounidense Matthew Whitaker ha acusado a estos instrumentos de ser «proteccionistas», en una disputa que no debería confundirnos: no es un choque entre militarismo y paz, sino entre dos fracciones del capital armamentístico —la europea y la estadounidense— peleándose por quién se queda con la mayor tajada del negocio.

Detrás de las «barreras de acero» que se pretenden eliminar para la circulación de convoyes militares no hay ninguna barrera equivalente que facilite la circulación de personas migrantes, ni fondos comparables para vivienda pública o sanidad. La Unión que no encuentra presupuesto para garantizar el derecho a techo sí encuentra, en cuestión de meses, cientos de miles de millones para blindados y misiles.

El punto más sensible del borrador final es la reafirmación del Artículo 5, erosionado por las dudas públicas de Trump tras la falta de respaldo europeo en la operación «Epic Fury» contra Irán, iniciada el pasado febrero. Las delegaciones buscan blindar el mensaje de que «un ataque contra uno es un ataque contra todos», en un intento de disuadir cualquier cálculo oportunista de Moscú. Pero el vínculo transatlántico llega a Ankara más negociado, más condicional y más armado que nunca, y ese blindaje retórico no resuelve la contradicción de fondo. El de una Alianza que reafirma su compromiso de defensa colectiva mientras acumula la mayor cantidad de armamento convencional y nuclear en suelo europeo desde el fin de la Guerra Fría. Una Alianza que no está gestionando la paz, está gestionando los tiempos de una escalada.

Frente a la narrativa de la «supervivencia» que blinda el rearme como si fuera de sentido común, hay espacio y necesidad de organización desde la izquierda antimilitarista y comunista:

• Exigir transparencia sobre el gasto militar español. Reclamar a los grupos parlamentarios y ayuntamientos que el incremento del gasto en defensa se debata públicamente, partida por partida, y no se tramite por la vía de urgencia o decretos ley que esquivan el control democrático.
• Vincular rearme y recortes. Cada euro destinado al 5% del PIB militar es un euro que no llega a vivienda pública, sanidad o pensiones: es un argumento que las organizaciones vecinales, sindicales y de vivienda pueden y deben incorporar a sus reivindicaciones cotidianas.
• Solidaridad con la izquierda turca perseguida. Las detenciones de sindicalistas, académicas y activistas ecologistas en la antesala de la cumbre merecen la misma atención internacional que cualquier otra causa de derechos humanos: seguir y difundir el trabajo de organizaciones turcas de derechos civiles y sindicales es un acto concreto de solidaridad internacionalista.
• Fiscalizar a la industria armamentística nacional. Investigar y visibilizar qué empresas españolas se benefician de los fondos SAFE y AGILE, y presionar para que la inversión pública en «resiliencia» no se traduzca en subvención encubierta a fabricantes de armas.
• Sostener el movimiento antimilitarista de base. Participar o apoyar campañas de objeción fiscal al gasto militar, jornadas de insumisión al rearme y espacios de formación política que desmonten el marco securitario impuesto desde arriba.