La vivienda ha vuelto al centro de la agenda política. El lunes 29 J el Gobierno ha anunciado que durante julio aprobará un nuevo real decreto-ley con el que dice querer contener el precio de los alquileres, reforzar la protección de las personas inquilinas y aumentar la oferta de vivienda asequible.
Sin embargo, hay que recordar que el texto que el Consejo de Ministros llevará a aprobación ni siquiera podrá contemplar el contenido del decreto anterior, aprobado en marzo y que fue tumbado en el Congreso por PP, Vox, Junts y UPN, con la abstención del PNV. Esa derrota parlamentaria dejó sin prórroga extraordinaria a los contratos de alquiler que vencían, una medida que -seguramente “reformulada” para pasar la criba parlamentaria de la derecha- ahora volverá a intentarse, junto con la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que agrupa al Sindicat de Llogateres y otras organizaciones territoriales, plantea que este Ejecutivo ya prometió reformas en el pasado que después no llegaron a materializarse o quedaron muy rebajadas durante su tramitación. Nada parece haber cambiado, por lo que las expectativas no resultan muy favorables. Incluso cabe preguntarse si no se trata tan solo de una medida de escaparate para obtener réditos electorales, considerando el delicado equilibrio en que se encuentra actualmente.
La neutralidad imposible.
Desde el movimiento por la vivienda, Diego Sanz, portavoz de la PAH Vallecas, resume el problema de fondo con una frase lapidaria, dice que que España es una sociedad de propietarios, y que todos los partidos legislan teniendo esto en cuenta. Esta es, digamos, la base material sobre la que se vienen construyendo los acuerdos en torno a la vivienda.
Sin embargo, la solución a la actual crisis de vivienda no pasa por ser neutral ante un sistema basado en la extracción de rentas de las clases trabajadoras hacia la minoría rentista.
En efecto, mientras el decreto se quiera presentar como un ejercicio de equilibrio entre propietarios e inquilinos, la relación entre ambos nunca será simétrica ni neutral. Se trata de una relación de extracción de renta, y cualquier norma supuestamente “progresista” que pretenda gestionarla sin nombrarla como tal está defendiendo intereses espurios.
Bonificar al casero mientras se regula al inquilino.
El propio contenido del decreto ilustra esta contradicción. Junto a las medidas de contención de precios, el Gobierno ha confirmado que incluirá nuevas deducciones fiscales en el IRPF para los propietarios que mantengan o bajen las rentas del alquiler, una contrapartida que Junts exigía como condición para respaldar el texto. El resultado es una arquitectura legislativa que combina restricciones parciales al mercado con incentivos económicos directos hacia el sector rentista, financiados con fondos públicos.
| Bloque del decreto | Medidas anunciadas |
| Contención y estabilidad de los alquileres | Regulación del alquiler de temporada y por habitaciones; prórroga extraordinaria de contratos; obligatoriedad de contrato por escrito; límites a la actualización anual por IPC |
| Movilización de vivienda asequible | IVA al 21% para pisos turísticos; agilización administrativa para nueva vivienda; refuerzo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 |
| Contrapartida al sector propietario | Nuevas bonificaciones fiscales en el IRPF para caseros que mantengan o reduzcan las rentas |
En definitiva, que cae la parte relativa a la regulación, pero se mantiene la de los regalos a los propietarios. Además de que la llamada vivienda asequible es, en la práctica, una categoría pensada para quien puede pagar 800 o 900 euros de alquiler, no una respuesta a las familias trabajadoras con ingresos medios o inferiores.
La moratoria y el parque público se quedan fuera
Entre las principales exigencias de los sindicatos de inquilinas figura la recuperación de la moratoria de desahucios para hogares vulnerables, una medida que llegó a proteger a 60.000 familias y cuya ausencia se hace notar, según la Confederación, en la actual avalancha de desahucios. El Gobierno, de momento, no ha confirmado si el decreto la incorporará.
Tampoco hay señales de que el texto vaya a tocar la raíz estructural del problema. Es decir, la acumulación de vivienda como activo de inversión y especulación, y la práctica inexistencia de un parque público capaz de absorber la demanda con precios realmente asequibles. Sin esa intervención estructural, cualquier paquete de medidas actúa en el mejor de los casos sobre los síntomas de la crisis habitacional, no sobre su causa.
El propio recorrido de este decreto sintetiza el patrón de gestión que ha caracterizado la política de vivienda desde 2020, basado en anuncios sucesivos, negociaciones prolongadas entre PSOE y Sumar, y resultados que llegan recortados o bloqueados en el Congreso. El decreto de marzo cayó por falta de apoyos; el nuevo intento se negocia ahora contra reloj, antes de que termine el periodo de sesiones, en un Congreso fragmentado donde cada socio potencial —Junts, PNV— exige su propia contrapartida y mantiene en su agenda las próximas elecciones.
Qué hacer
Recuérdese lo que ya ocurrió con el precedente del “escudo social”, que según cálculo del movimiento por la vivienda solo llegó a afectar a uno de cada cuatro desahucios judiciales, mientras en paralelo el Gobierno negociaba con Junts y el PP el endurecimiento de las medidas antiokupación. Esta misma lógica puede repetirse ahora, continuar la misma política de derechos limitados para las clases populares, garantías ampliadas para la propiedad.
El decreto de julio parece confirmar una regla que se repite en toda la legislatura. Los avances en materia de vivienda llegan siempre acompañados de compensaciones al capital inmobiliario, nunca de una ruptura con la lógica que hace de la vivienda un activo de renta antes que un derecho. Mientras esa lógica no se cuestione desde el Estado, la respuesta seguirá dependiendo de la organización de quienes la sufren directamente: los sindicatos de inquilinas, las plataformas de afectados y el movimiento popular por la vivienda, que ya han anunciado que mantendrán su calendario de movilizaciones si el texto definitivo no incorpora reformas estructurales.
La experiencia de esta legislatura demuestra que las reformas de vivienda solo avanzan cuando hay presión organizada detrás. Si vives de alquiler o conoces a alguien en riesgo de desahucio, el paso más útil no es esperar al BOE, es sumarte a un sindicato de inquilinas o una plataforma de afectados en tu zona y participar en las movilizaciones convocadas para exigir la moratoria de desahucios y la Ley Antiestafas Inquilina.
- El Salto Diario, «Escepticismo ante un decreto de vivienda que seguirá bonificando a los caseros: “es propaganda electoral”», elsaltodiario.com.
- Público, «El Gobierno aprobará en julio un macrodecreto de vivienda con la prórroga de contratos, el alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos», publico.es.
- Idealista/news, «El sector inmobiliario pide al Gobierno menos control y más seguridad jurídica en el nuevo decreto de vivienda», idealista.com.
