El Consejo de Ministros del 8 de julio ha acordado una previsión de la mayor cifra de gasto público de la historia, una ley de derechos digitales y un nuevo relato sobre la vivienda como servicio público. Pero la letra pequeña revela un Ejecutivo que gestiona su debilidad parlamentaria trasladando el conflicto —y el coste del gasto militar— a quienes menos margen tienen para sostenerlo.
Como señala la prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado una agenda que persigue combinar la expansión del gasto público, la actualización de derechos digitales y un pretendido cambio de enfoque en política de vivienda. Medidas que se plantean, sin embargo, en un contexto de gran fragilidad parlamentaria de la coalición PSOE-Sumar y de tensión permanente con las comunidades autónomas. Esto cuestiona claramente la viabilidad de tales medidas, aunque la presentación triunfalista del Gobierno trata de disimularlo, por así decirlo. Veamos, pues, qué hay detrás de los titulares propalados por los medios de comunicación.
Techo de gasto récord que depende de un Congreso hostil
El Gobierno ha fijado en 226.032 millones de euros el límite de gasto no financiero para 2027, un 6,6% más que este año y la cifra más alta aprobada nunca. El propio Ministerio de Hacienda ha enmarcado el anuncio en un relato de responsabilidad fiscal y ambición social, o dicho con las propias palabras del ministro: se trata de unas cuentas «ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal».
El problema, que no se dice, es que a partir de agosto desaparecen los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, de modo que el crecimiento del gasto deberá financiarse íntegramente con recursos nacionales. Es decir, con una economía que tendrá que seguir creciendo al ritmo actual para no generar un ajuste encubierto. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que la senda de estabilidad —el reparto del déficit entre Estado, Seguridad Social, comunidades y ayuntamientos— necesita el aval del Congreso, mientras que el techo de gasto no se somete a votación. Ahí está la trampa. El Ejecutivo puede presumir de una cifra histórica sabiendo que el paso siguiente, la votación del 14 de julio en el Parlamento, depende de una mayoría que ya ha anticipado su rechazo.
Aunque, por otra parte, también hay que considerar que si no se aprueban los objetivos de estabilidad, las comunidades autónomas perderán un margen presupuestario de casi 5.900 millones de euros, con lo que el coste de la parálisis parlamentaria no lo pagará el Gobierno central, lo pagarán los servicios públicos autonómicos que habrá que recortar.
De ese modo, el Gobierno puede intentar seguir «sacando pecho» de datos macroeconómicos porque el diseño institucional del régimen del 78 garantiza que, si algo falla, la culpa recaerá en la oposición territorial y no en la propia arquitectura del gasto.
La ley del honor digital y su letra pequeña.
El nuevo Proyecto de Ley Orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen actualiza una norma de 1982 para responder a fenómenos que entonces no existían: deepfakes, viralización en redes, explotación comercial de la imagen mediante inteligencia artificialso … Tipifica como intromisión ilegítima el uso comercial de voz o imagen generadas por IA sin consentimiento y amplía la protección a las víctimas de contenidos true crime, incluso cuando el acusado no obtenga beneficio económico de relatar su propio delito.
Que el Estado reconozca que el poder sobre la propia imagen se ha desplazado hacia las plataformas tecnológicas —y trate de devolver parte de ese control a las personas— es, en sí mismo, un tema con aristas. Por ejemplo, las excepciones establecidas para contextos «claramente satíricos, recreativos o de ficción» dejan un margen de interpretación judicial que puede derivar en litigios sobre dónde termina la parodia legítima y dónde empieza la intromisión. Y elevar a 16 años la edad para consentir el uso de la propia imagen, aunque busca proteger a la infancia frente a la explotación digital, refuerza al mismo tiempo la tutela del Ministerio Fiscal sobre la autonomía de los y las adolescentes, un equilibrio que nunca será neutral.
La vivienda como «infraestructura pública», más menos.
El Ejecutivo ha inyectado en su plan 260 millones adicionales para la entidad pública de vivienda CASA 47 y fijado los criterios de reparto de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo declarado de tratar la vivienda como un servicio público equiparable a la sanidad o la educación. A saber, alquiler por debajo del 30% de los ingresos, blindaje permanente del parque protegido frente a la especulación, o autorización por primera vez a comunidades y ayuntamientos para usar superávits en políticas de vivienda de forma plurianual.
Este desplazamiento discursivo —de la vivienda como mercancía a la vivienda como derecho garantizado— es una victoria parcial de años de movilización de la PAH, los sindicatos de inquilinas y las plataformas por el derecho a la vivienda. Pero conviene no confundir el anuncio con la ejecución, igual que ocurre con las medidas anteriores. La efectividad de todo el plan depende, de nuevo, de la colaboración de unas comunidades autónomas con las que el Gobierno mantiene un pulso institucional constante, y el «blindaje permanente» del parque protegido solo tiene sentido si se aplica con la misma firmeza en todos los territorios, incluidos aquellos gobernados por fuerzas que han votado sistemáticamente en contra de este tipo de medidas.
6287 millones más para Defensa, la otra cara del «blindaje social»
El mismo Consejo de Ministros que se presenta como garante del «estado de bienestar» ha autorizado una transferencia de crédito de 6.287,53 millones de euros para el Ministerio de Defensa, destinada a la subida salarial del personal militar (1,5% en 2026) y a programas de modernización logística y de mantenimiento.
Esta cifra no es un dato aislado, se inscribe en la escalada de gasto militar que atraviesa toda la política europea y española del último año, y compite por los mismos euros que, en teoría, iban a «blindar» sanidad, educación y vivienda. Que el Gobierno destaque con orgullo el récord del techo de gasto social mientras autoriza, casi sin debate público, una inyección semejante al aparato militar, dice mucho sobre las prioridades reales de un Estado que se define a sí mismo como progresista o socialdemócrata. La modernización logística de la que habla el decreto no es ajena, además, al proceso de integración de infraestructuras que la OTAN exige a sus miembros del sur y del este, como ya hemos visto en el artículo sobre la cumbre de Ankara y el compromiso del 5% del PIB.
El «cinismo» como arma retórica y la tensión con la judicatura
El Consejo de ministros ha aprobado también la actualización de las entregas a cuenta para comunidades y entidades locales, con un total histórico de 170.300 millones de euros. El Ministerio de Hacienda ha calificado de «cinismo y desesperación» el voto en contra del Partido Popular a estas medidas, pese a que benefician a los territorios que gobierna esa formación. Pero este intercambio de acusaciones sirve para escenificar un conflicto que, en el fondo, oculta un consenso más profundo entre los grandes bloques políticos: ni el techo de gasto ni la subida militar se discuten en sus fundamentos, solo se disputa el reparto territorial de sus beneficios.
Mientras tanto, la relación con el Poder Judicial sigue tensionada, con un Gobierno que defiende públicamente su independencia mientras denuncia determinados procesos como campañas de «acoso y derribo». Ambos frentes —el territorial y el judicial— funcionan como cortina de humo mediática que desplaza el debate de fondo sobre qué modelo productivo, fiscal y de gasto sostiene realmente este techo récord y a quién beneficia realmente, puesto que no es a la clase trabajadora.
¿Qué podemos hacer?
Frente a la propaganda oficial, la tarea de la izquierda social y política pasa por exigir que las cifras se traduzcan en derechos exigibles, como el seguimiento activo, desde los sindicatos de inquilinas y las plataformas por la vivienda, de que el blindaje del parque protegido y el tope del 30% de los ingresos se cumplan en cada territorio, sin excepciones autonómicas.
Pasa también por denunciar la contradicción de fondo entre un discurso de «blindaje del estado de bienestar» y una inyección multimillonaria al aparato militar que no se somete al mínimo escrutinio público.
Y pasa, finalmente, por seguir de cerca la tramitación parlamentaria de la ley del honor digital, para que las excepciones por motivos satíricos o de ficción no se conviertan en una puerta trasera para la impunidad, y para que la protección de la infancia no derive en un recorte silencioso de su autonomía digital. La batalla no se libra solo en el Consejo de Ministros y luego en el Congreso, hay que darla en la calle, en los ayuntamientos y en la presión organizada sobre cada partida de ese techo de gasto récord.
