Bruselas presenta como modernización administrativa un paquete que elimina los umbrales de control, sustituye la verificación pública por la autodeclaración empresarial y regala miles de millones a las grandes corporaciones, al tiempo que la elusión fiscal sigue drenando los presupuestos públicos.
El pasado 24 de junio de 2026 la Comisión Europea adoptó lo que llama un «ambicioso paquete de simplificación fiscal», la Directiva Ómnibus sobre fiscalidad directa y la refundición de la Directiva de Cooperación Administrativa (DCA). El relato oficial habla de modernización, competitividad y reducción de cargas burocráticas. La cifra que Bruselas destaca es de unos 8.000 millones de euros de ahorro anual para las empresas. Lo que no dice con la misma insistencia es que buena parte de ese «ahorro» no procede de menos papeleo, sino de renunciar directamente a recaudar impuestos que hoy sí se cobran.
La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU) lo expresa tal como expone un artículo que ATTAC España ha traducido y difundido. Porque esta reforma no tiene nada que ver con simplificar trámites, forma parte de un programa de desregulación que antepone sistemáticamente los intereses corporativos a la recaudación pública, justo cuando los gobiernos europeos siguen recortando gasto social.
Desaparecen los umbrales para cualquier empresa o vínculo.
El núcleo técnico de la reforma afecta a la tributación de los pagos transfronterizos entre empresas, a los dividendos, intereses y cánones. Hasta ahora, las exenciones sobre las retenciones fiscales de estos pagos solo se aplicaban cuando existía una participación accionarial mínima entre matriz y filial, un umbral que funcionaba como control básico frente al uso de estructuras artificiales para trasladar beneficios de un país a otro. La Comisión elimina por completo ese umbral. A partir de ahora, cualquier empresa de la Unión podría beneficiarse de la exención, sin necesidad de acreditar ningún vínculo societario sustancial con quien le paga.
Esta eliminación, además, se combina con las lagunas ya abiertas por la propuesta paralela conocida como «EU Fraud Inc.» o Régimen 28, pensada para fomentar precisamente la búsqueda del marco fiscal más favorable entre jurisdicciones. El resultado combinado es un debilitamiento estructural de las herramientas con las que hoy se combate la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.
I+D como coartada y autodeclaración como norma.
La Comisión amplía también, mediante cambios en la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), un marco que exime a las empresas del pago de impuestos sobre determinados gastos en investigación y desarrollo, incluyendo activos tangibles como instalaciones y maquinaria. La redacción, señala la EPSU, es imprecisa, lo que en la práctica abre un nuevo terreno de juego para despachos de abogados y asesorías fiscales especializadas en optimizar —es decir, minimizar— la factura tributaria de sus clientes.
Pero el cambio más significativo, y el que mejor retrata la orientación de la reforma, es que los Estados miembros ya no podrán exigir controles preventivos, como los procedimientos de autorización previa para comprobar si una empresa cumple realmente los requisitos de estas exenciones. La verificación pasa a depender, en gran medida, de la autodeclaración de la propia empresa interesada. Esto implica que las autoridades fiscales pierden capacidad para comprobar, por ejemplo, que las empresas que licitan a contratos públicos financiados con dinero de todos pagan efectivamente lo que les corresponde, algo que los sindicatos llevan tiempo reclamando en la revisión de la Directiva de Contratación Pública.
«Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el Ómnibus fiscal forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas». — Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos
La factura de entre 210.000 y 250.000 millones que no se cobran.
La propia Comisión estima que solo la exención sobre el impuesto de retención supondrá un ahorro para las empresas de unos 5.300 millones de euros anuales. Siendo precisos, administrativamente no se trata de un ahorro en costes burocráticos, sino de un recorte fiscal directo, de un dinero que deja de ingresar el erario público europeo.
Según estimaciones basadas en un estudio del Parlamento Europeo, actualizadas a la inflación, la Unión Europea pierde cada año entre 210.000 y 250.000 millones de euros por elusión y evasión fiscal transfronteriza de las empresas, mediante la desviación de beneficios, planificación fiscal agresiva y aprovechamiento de las discrepancias entre sistemas fiscales nacionales. Las cifras originales, sin ajustar, oscilan entre 160.000 y 190.000 millones. Y hay razones para pensar que la cifra real es aún mayor, ya que los beneficios empresariales y la concentración de riqueza no han dejado de crecer, y los paraísos fiscales siguen plenamente operativos. El Instituto Económico Polaco ha llegado a conclusiones similares, documentando que el tipo efectivo del impuesto de sociedades en los Estados miembros ha caído ocho puntos porcentuales, del 24% al 16%, con Alemania, Francia y Reino Unido entre los países que más ingresos públicos pierden por el traslado artificial de beneficios.
Puesto en contexto, puede decirse que el déficit anual de inversión social en Europa —lo que faltaría invertir en sanidad, cuidados, infraestructuras hídricas o adaptación climática— se estima en torno a esos mismos 210.000 millones de euros. Es decir, recuperar lo que hoy se pierde por elusión fiscal financiaría, casi euro por euro, buena parte de lo que los servicios públicos europeos necesitan y no reciben. Pero la Comisión, en lugar de perseguir esa recaudación, elige regalarla.
La lógica de fondo es la austeridad para unos y exenciones para otros.
Este paquete no puede leerse de forma aislada. Coincide con el retraso de la Comisión en publicar la Ley de Empleos de Calidad y otra legislación pendiente sobre derechos laborales, y se suma a una batería de «paquetes ómnibus» —doce hasta la fecha, según cifras de la propia Comisión— que en conjunto ya han recortado más de 18.000 millones de euros en lo que Bruselas llama «costes administrativos recurrentes» de las empresas. La agenda de «competitividad» y «simplificación» funciona, en la práctica, como el vehículo retórico de un desmantelamiento sistemático de salvaguardas regulatorias, tributarias y de control público.
Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no llega a pensiones, a sanidad, a vivienda pública o a inversión productiva. En el Estado español, donde el debate sobre financiación autonómica, sanidad pública y vivienda sigue chocando una y otra vez con la insuficiencia presupuestaria, esta dinámica europea es la correa de transmisión que legitima, desde Bruselas, los mismos argumentos de «no hay dinero» empleados aquí para frenar o moderar el gasto social.
Qué se puede hacer
Frente a un proceso legislativo que avanza ahora hacia el Parlamento Europeo y el Consejo, la presión social y sindical tiene todavía margen de incidencia antes de la adopción definitiva. Conviene exigir a las eurodiputadas y eurodiputados españoles que se opongan a la eliminación de los umbrales de control y a la sustitución de la verificación pública por la autodeclaración empresarial, y que reclamen en su lugar el refuerzo —no el desmantelamiento— de las herramientas contra la elusión fiscal. Merece también difusión y apoyo el trabajo de organizaciones como ATTAC y la EPSU, que están documentando y visibilizando estas maniobras técnicas que rara vez llegan a los titulares. Y conviene, sobre todo, tejer el vínculo explícito entre estas decisiones en Bruselas y los recortes que se sufren en lo local, pues cada exención fiscal a una multinacional es, en sentido literal, una cama de hospital, una vivienda pública o una plaza de residencia que no se financiará.
- ATTAC España, «La Ley Tributaria Ómnibus es una medida de favor a las empresas que no contribuye en nada a combatir la elusión fiscal», 12 de julio de 2026.
- EPSU, «Tax Omnibus: corporate handout that does nothing to address tax avoidance».
- EPSU, propuestas de la EPSU sobre contratación pública y elusión fiscal.
- Comisión Europea, «European Commission proposes landmark tax simplification package», 24 de junio de 2026.
