¿Izquierda Unida y su frente amplio son la alternativa?

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida aprobó el pasado 4 de julio un informe político que resalta el avance global del bloque reaccionario. El problema es que trata como amenaza puramente externa aspectos —el rearme, la connivencia con Israel, la sangría de la vivienda— en los que el propio Gobierno de coalición del que IU forma parte tiene responsabilidad directa. Ni la autocrítica ni la propuesta política parecen  estar entre las prioridades de esta organización cada día más debilitada.

El informe político aprobado por la Coordinadora Federal de Izquierda Unida el pasado 4 de julio, con un 73,17% de votos a favor, ofrece un diagnóstico en gran medida acertado de la coyuntura internacional, al señalar la consolidación de un bloque reaccionario transatlántico, la ofensiva migratoria de la Unión Europea, la deriva autoritaria de PP y Vox, o el genocidio en curso en Palestina. Pero el problema está en lo que el informe NO dice. Cuando se hablar del rearme europeo, la connivencia con Israel o la crisis de vivienda como fenómenos que suceden «ahí fuera» —en Bruselas, en Ankara, en el mercado inmobiliario abstracto— evita preguntarse por el papel que juega el propio Gobierno español, del que IU forma parte, en cada uno de esos procesos. Una «omisión» que no es un matiz menor, pues marca la diferencia entre un partido que se limita a señalar al enemigo y una organización que aspira a ejercer, con todas sus contradicciones, un papel político significativo, más que de simple acatamiento al socio mayoritario.

El informe dedica varios párrafos a denunciar la cumbre de la OTAN en Ankara y el «totalmente belicista» viraje alemán hacia el rearme, reafirmando la posición anti-OTAN histórica de la organización. Es una posición coherente. Pero igualmente destaca que no se mencione que, apenas unos días antes de esa misma cumbre, el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez —con Sumar dentro, ministras comunistas y de IU inclusas— autorizó un gasto extraordinario de 8.450 millones de euros en defensa, buena parte de ellos mediante transferencias del fondo de contingencia que esquivan el debate parlamentario (1).

España cerró 2025 superando por primera vez desde 1994 el umbral del 2% del PIB en gasto militar, y el crecimiento revisado de la economía obligará a inyectar más de 2.800 millones adicionales en 2026 para sostener ese compromiso con la Alianza Atlántica (2). El propio ministerio ha reconocido que buena parte de esas partidas —5G, industria, munición— se contabilizan ahora como gasto de defensa por primera vez, sin que se haya detallado públicamente su composición (3).

No se puede combatir la «paz armada» en el discurso mientras se ejecuta, presupuesto a presupuesto, la misma lógica de disuasión militarista que se dice combatir.

Que España se libre, de momento, del 5% que exige Trump no es motivo de alivio. Sigue habiendo, en cifras absolutas, uno de los mayores incrementos de gasto militar de la serie histórica reciente (4), aprobado -hay que insistir- por un Gobierno del que IU forma parte y sostiene con su voto. El informe podía haber exigido, por ejemplo, con la misma contundencia con la que exige la derogación de la Ley Mordaza, que su grupo parlamentario condicionara su apoyo presupuestario a la congelación real del gasto militar. Pero no lo hace. Se limita a señalar el rearme como un fenómeno de otros y con ello la propia organización desvela claramente sus prioridades no declaradas.

El informe reafirma, con razón, que ningún alto el fuego absuelve a Israel de sus crímenes de guerra ni de la ocupación de Palestina. Pero de nuevo elude examinar la conducta del propio Gobierno de coalición. El Real Decreto-ley aprobado para prohibir el comercio de armas con Israel contempla excepciones por «menoscabo de intereses generales nacionales» que han permitido, meses después de su entrada en vigor, nuevas autorizaciones de transferencia de material militar (5). Organizaciones como la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel documentan de forma sostenida el tránsito de buques con material explosivo por los puertos de Cartagena y Algeciras, así como la actividad en España de filiales de empresas armamentísticas israelíes como Rafael o el grupo Aeronautics (6). En el primer semestre de 2025, España autorizó exportaciones de material de defensa por 2.332 millones de euros, con un incremento del 18% respecto al semestre anterior (7), en un contexto en el que el propio Gobierno afirmaba mantener el embargo.

Exigir a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación con Israel es necesario, pero suena hueco si el propio Ejecutivo del que se forma parte no cierra primero sus puertos y sus filiales.

El informe celebra la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas anunciadas por el Gobierno sobre alquileres de temporada y vivienda turística. Son avances reales, arrancados al PSOE por la presión social y del ala izquierda del Gobierno, y merecen reconocerse como tales. Pero el documento no dimensiona la magnitud del problema que esas medidas intentan contener. El alquiler cerró junio de 2026 en un máximo histórico de 15,3 euros el metro cuadrado, un 4,2% más caro que un año antes, y la tasa de esfuerzo de los hogares para acceder a una vivienda de alquiler ronda ya el 35-38% de sus ingresos (8).

El precio de la vivienda en propiedad crece a un ritmo del 12,9% interanual, el mayor desde 2007, encadenando doce años de subidas consecutivas9. En ese contexto, prorrogar alquileres y gravar los pisos turísticos son medidas necesarias, pero defensivas. Contienen la sangría, no la cierran. El informe no plantea ni una sola medida de choque sobre la oferta —parque público de vivienda, movilización del parque vacío, freno a la compra especulativa por fondos de inversión— y se conforma con reivindicar lo ya conseguido.

Frenar la subida del alquiler no es lo mismo que resolver la escasez estructural de vivienda. Sin oferta pública, cualquier tope de precios acaba expulsando a quien menos tiene.

El informe dedica dos epígrafes extensos a la necesidad de construir un «frente amplio» de cara a 2027, insistiendo en la urgencia de resolver «la personificación» del liderazgo y de dotar de una «marca paraguas» al espacio, huyendo de «sopas de siglas». Es un diagnóstico que Izquierda Unida lleva formulando, con variaciones de vocabulario, desde hace varios ciclos electorales. El propio texto reconoce que aún persisten cuatro tareas pendientes sin resolver —narrativa, marca, alianzas sociales, identidad federal—. Pero no fija plazos, responsables ni mecanismos de decisión concretos. Mientras la derecha y la extrema derecha avanzan con un bloque cada vez más homogéneo, la izquierda que se dice transformadora sigue debatiendo su propio nombre y encaje.

La urgencia política de que el informe incluyera algo más que la reiteración de lo pendiente es clara. ¿Dónde están las propuestas que compete a la dirección sobre un calendario público, unas primarias o un mecanismo de elección de liderazgo verificable¿ , ¿y los planes para incrementar la militancia y estructurar territorialmente la movilización?.

El apartado sobre violencia machista es el más firme y menos contradictorio del informe, seguramente. Los datos de feminicidios y violencia vicaria se citan con rigor y la defensa del Orgullo frente a la ofensiva reaccionaria es necesaria. Pero el compromiso feminista declarado no se traduce en una sola propuesta presupuestaria concreta —refuerzo de la red de atención integral, inversión en vivienda protegida para víctimas, ampliación de plantillas judiciales especializadas—. Y lo mismo ocurre con el reconocimiento, en el propio informe, de la escasa presencia de mujeres, jóvenes y personas migrantes en los cuadros dirigentes de la organización: se diagnostica el problema con honestidad, pero no se fija ningún objetivo cuantificable ni plazo de corrección.