Informe anual de CEAR denuncia las políticas españolas de asilo y migración.

El XXIV Informe Anual de CEAR revela que España aprobó solo el 11% de las solicitudes de asilo en 2025, la tasa más baja de toda la Unión Europea, mientras 117,5 millones de personas permanecen desplazadas en el mundo por causas estructurales del capitalismo global.

La caída del 14% en las solicitudes de asilo registradas en España durante 2025 —de 167.366 a 144.396 según el XXIV Informe Anual CEAR 2026^[1]— es el resultado deliberado de políticas de contención diseñadas para impedir el acceso al asilo, obligando a millones de personas a permanecer en países donde sufren amenazas graves. Al mismo tiempo, el número global de desplazados forzosos alcanzó los 117,5 millones, y la primera reducción estadística en una década que presenta CEAR no es un signo de alivio, la propia organización la atribuye directamente a las «políticas hostiles» y a la externalización de fronteras.

Mónica López, directora general de CEAR, y Mauricio Valiente han expresado su alarma ante este giro represivo que muestra que el sistema está construido para denegar, no para proteger:

«Nos preocupa enormemente que muchas personas que necesitan protección internacional puedan ver rechazada su solicitud de asilo sin que se estudie en profundidad sus casos. Esto puede provocar que se devuelva a personas que sufren graves amenazas en su país de origen».

Los acuerdos europeos de externalización con Mauritania, Senegal y Marruecos convierten a estos países del Sur global en guardias fronterizos del capitalismo europeo. Reciben financiación de la UE para frenar llegadas, pero este freno no refleja una menor necesidad real de protección, refleja la capacidad del dinero europeo para subcontratar la represión a gobiernos terceros mientras la narrativa oficial habla de «cooperación al desarrollo».

El informe documenta que el descenso del 62% en llegadas a Canarias no indica un menor desplazamiento forzoso sino una mayor criminalización del acceso. Por eso la nueva ruta por Baleares ha aumentado un 24,5%, es más larga —hasta dos años de duración— y más mortal, especialmente desde Somalia. La conclusión de CEAR es que «No se puede poner puertas al mar. Las personas que tienen que huir de su país buscarán siempre otras alternativas, que casi siempre son más largas, peligrosas y mortales».

«No se puede poner puertas al mar. Las personas que tienen que huir de su país buscarán siempre otras alternativas, que casi siempre son más largas, peligrosas y mortales.» XXIV INFORME ANUAL CEAR 2026

Esta externalización es, en rigor, la internacionalización de la represión fronteriza.

Los países del Sur global son cooptados para proteger los intereses del capitalismo del Norte mientras sus propias poblaciones también son desplazadas por las mismas causas estructurales: guerras provocadas por intervenciones occidentales, extractivismo que destruye ecosistemas, y políticas económicas que generan crisis masivas. Mauritania, Senegal y Marruecos reciben dinero europeo para actuar como murallas humanas, pero sus ciudadanos también huyen cuando las condiciones se deterioran.

España aprobó solo el 11% de las solicitudes de asilo en 2025, la tasa más baja de toda la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 34%. El Informe de la CEAR documenta que España ocupa el antepenúltimo puesto de la UE en reconocimiento de protección internacional, con un descenso de más de siete puntos respecto a 2024, cuando ya estaba a la cola. Este giro brusco hacia la represión confirma que el derecho al asilo se ha convertido en una excepción, no en un derecho.

Las 160.663 resoluciones emitidas en 2025 —un 67% más que en 2024 y la mayor cifra desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio en 1992— no muestran eficiencia administrativa, por mucho que el Gobierno lo presente así. CEAR señala explícitamente que este hito se debe principalmente a la automatización en las respuestas para determinadas nacionalidades: Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali y Burkina Faso. Lo que implica que «no siempre se lleva a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud». La automatización es deshumanización sistemática, como indican las 68.321 solicitudes denegadas en 2025 frente a 38.686 en 2024, un incremento del 77% que no refleja mayor rigor sino mayor rapidez para decir que no.

Estos datos son prueba irrefutable de que existen necesidades de protección reales que se ignoran sistemáticamente a través de la automatización de respuesta. Cuando se examina en profundidad, el reconocimiento es casi total. Cuando se automatiza, la denegación es masiva. La explicación es evidente: el capitalismo necesita mano de obra migrante, pero solo cuando esta está controlada y seleccionada por criterios económicos, no humanitarios.

El nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno y propalado a bombo y platillo como un gran avance y que entró en vigor el pasado 20 de mayo de 2025 (hasta el 30 de junio), establece un mecanismo de penalización con consecuencias inmediatas: no se computa la estancia en el país hasta la resolución del expediente para personas con solicitud de asilo rechazada. Una persona que solicitó asilo, que fue rechazada sin examen profundo y aguarda resolución se queda en irregularidad administrativa sin derechos durante meses o años. El golpe es doble, primero se automatiza la denegación, luego se penaliza a quien fue denegado.

Los efectos han sido visibles de inmediato, con una caída del 64% en solicitudes procedentes de Colombia, del 66% en las de Perú y del 57% en las de Senegal a partir de mayo de 2025. CEAR advierte que este desplome no refleja menor necesidad de protección sino mayor riesgo percibido de ser expulsado sin derechos. Las personas con amenazas graves en sus países de origen simplemente dejan de solicitar asilo sabiendo que el nuevo reglamento las deja en peor situación que si no lo hubieran solicitado nunca.

La regularización extraordinaria del Gobierno reconoce implícitamente que hay irregularidad masiva causada por las propias políticas represivas del Estado español. Pero, después de admitir que sus políticas generan irregularidad masiva, se enfoca a penalizarla. Esta contradicción no es un fallo imprevisto, forma parte del funcionamiento normal del capitalismo, que necesita mano de obra barata y la criminaliza para mantenerla mejor sometida y dispuesta.

Entre las diez principales nacionalidades que buscan refugio en España según el informe CEAR figuran las personas palestinas, somalíes, guineanas, malienses y de Burkina Faso. Estas cifras constituyen el registro material de las consecuencias del capitalismo occidental. Israel rompe sistemáticamente treguas y causa muerte y sufrimiento a escala masiva, mientras la Unión Europea y Estados Unidos la sostienen militarmente con armas, financiación y protección diplomática. Luego, esos mismos gobiernos cierran fronteras a quienes huyen de las consecuencias de ese apoyo.

La tasa de reconocimiento del 76% para personas palestinas prueba que quienes huyen del genocidio israelí tienen necesidades de protección reales, reconocidas cuando se estudia el caso en profundidad y denegadas cuando la automatización entra en acción. El desplazamiento forzoso no es un fenómeno natural, es consecuencia directa de las políticas del capitalismo occidental.

«Las personas palestinas aparecen entre las diez principales nacionalidades buscando refugio en España, mientras el capitalismo occidental sostiene militarmente a Israel y cierra fronteras a quienes huyen de sus consecuencias.» XXIV INFORME ANUAL CEAR 2026

El Pacto de Migración y Asilo, cuya implementación acaba de arrancar este mes de  junio, no resuelve ninguna de las contradicciones documentadas, las profundiza. CEAR advierte que intensificará la externalización de fronteras, la automatización de denegaciones y la penalización de solicitudes. Las personas que huyan de guerras, genocidios y crisis climáticas seguirán buscando rutas alternativas, más largas y más mortales, con independencia de cuán represivas sean las fronteras europeas.

El descenso estadístico a 117,5 millones de personas desplazadas —primera reducción en una década— no es una mejora, es el resultado de políticas que obligan a millones a permanecer en países donde sufren amenazas. Las fronteras no protegen personas; protegen intereses económicos y políticos.

El Pacto europeo es realmente la codificación legal de la represión a escala continental, presentada con el lenguaje tecnocrático de «gestión» migratoria.

El lema de la presentación del XXIV Informe CEAR 2026 es claro: «Imagina un mundo sin fronteras». Esta es la única respuesta coherente con el derecho internacional y con la solidaridad internacionalista. El capitalismo necesita fronteras para dividir a la clase trabajadora entre migrantes y autóctonos, justificar la represión y mantener los salarios bajos mediante la amenaza permanente de expulsión. La izquierda necesita abrir fronteras para unir a la clase trabajadora, reconocer el derecho al asilo como derecho humano fundamental y conectar con las causas estructurales del desplazamiento forzoso.

Las medidas necesarias en España son concretas y urgentes, como las de creación de vías legales y seguras conformes al derecho internacional; el fin de la externalización con Mauritania, Senegal y Marruecos; un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud, sin automatización; aumentar la tasa de protección hasta alcanzar al menos la media europea del 34%; y conexión con las causas estructurales del desplazamiento. Es decir, ayudar a poner fin a las intervenciones militares de la OTAN, del genocidio en Palestina, de las guerras en Somalia y Mali, y de las políticas económicas que generan crisis climática masiva.

El informe de CEAR recién publicado documenta con rigor lo que la política oficial niega con propaganda. Actualmente 218.731 personas esperan resolución de asilo, hay más del 10% de expedientes archivados sin estudio, y 160.663 resoluciones automatizadas, emitidas sin examen individualizado profundo. Esto no es eficiencia, es negación sistemática del derecho al asilo.