Polarizada y movilizada, la ciudadanía no se queda en casa.

Los estudios sociológicos desmienten el relato del repliegue social debido a la crisis de las instituciones del 78. El conflicto político no vacía el espacio público, lo llena, aunque  de otro modo, pero llenarlo no es lo mismo que transformarlo….

El silencio en una cena familiar tras una alusión a algún partido o dirigente políticos, o el abandono precipitado de un grupo de WhatsApp, son ejemplos habituales de incidentes que el sentido común liberal lee como síntoma de una sociedad que se fractura y se repliega sobre sí misma. Pero, el informe Polarización y participación ciudadana en España, elaborado por Political Watch y difundido este julio de 2026, así como el análisis complementario del boletín No Data No Party sobre el ambiente preelectoral de CENTRA en Andalucía, cuestionan este lugar ideológico común. La polarización no desactiva la vida pública, la reconfigura en otra perspectiva. Una reconfiguración que evidencia y sirve de síntoma sobre hasta qué punto las instituciones representativas del 78 han dejado de procesar las demandas materiales de la mayoría social.

El hallazgo central del informe es contraintuitivo solo si se parte de una lectura despolitizada del conflicto. Como muestra el gráfico, entre quienes han mantenido discusiones fuertes por motivos políticos, la participación en manifestaciones alcanza el 74,3%, frente al 59,9% de quienes no han vivido esa fricción. La brecha se repite en boicots o huelgas (61,8% frente a 38,3%), en quejas ante la Administración (65,1% frente a 48,4%) y en el contacto directo con cargos públicos (41,2% frente a 26,2%). No se trata de que el conflicto genere per se compromiso cívico en abstracto: se trata de que cuando el desacuerdo nace de condiciones materiales concretas —vivienda, salarios, sanidad— y los cauces institucionales no ofrecen respuesta, la protesta se convierte en el único canal que queda. Como señala claramente el informe, la ciudadanía participa no solo votando, en todo caso, también para «expresar demandas, influir en decisiones públicas, reclamar respuestas institucionales y vigilar a los poderes públicos». Lo que, desde una perspectiva materialista, antes que una anomalía del sistema democrático liberal (neo o socio) refleja su funcionamiento normal, el de un Estado clasista que intenta administrar o gestionar el conflicto contra la población trabajadora en lugar de resolverlo.

El dato más políticamente útil del informe es también el menos comentado. La animosidad hacia los partidos supera sistemáticamente a la animosidad hacia sus votantes: en el espectro de la derecha, el rechazo a las siglas llega al 82,4%, mientras que el rechazo a quienes las votan se queda en el 74,9%. La distancia es menor de lo que el ruido mediático sugiere, pero la dirección es inequívoca: el desgaste se concentra en la estructura de representación, no en el tejido social de a pie. Esto tiene una lectura de clase que el informe no formula pero que se desprende de sus propios números: la ciudadanía distingue, aunque sea de forma intuitiva, entre el aparato político-institucional que administra sus intereses —y que percibe cada vez más capturado— y la vecina o el compañero de trabajo con quien comparte condiciones materiales similares aunque vote diferente. Ahí hay un espacio real, y hoy desaprovechado, para construir alianzas de clase que no dependan de la homogeneidad ideológica previa.

La idealización del centro político como territorio de la moderación y la concordia no resiste el contraste con los datos. Es, de hecho, el bloque con menor afinidad tanto hacia los partidos (0,45 de media) como hacia sus votantes (0,47), y por tanto el menos activado políticamente. Mientras las identidades políticas definidas convierten el compromiso con un proyecto en combustible para la participación, el centro aparece como un espacio de desafección que el informe describe con la expresión «nihilismo político». Conviene no confundir esto con neutralidad: es ausencia de proyecto de transformación, y una ausencia de proyecto nunca es neutral en sus efectos, porque deja el terreno libre a quienes sí tienen uno y lo ejecutan con más determinación cuanto más se alejan del centro.

La ciudadanía española elige de forma masiva las herramientas que producen un retorno rápido frente a las que la administración ofrece como participación reglada. La participación de presión —firmas, manifestaciones, quejas— alcanza una media del 49,3%, frente al 21,4% de la participación institucional. La recogida de firmas la practica el 68,4% de la población y acuden a manifestaciones el 60,8%, mientras que las consultas públicas apenas llegan al 24%, los presupuestos participativos al 23,5% y las asambleas ciudadanas deliberativas se quedan en un residual 14,7%. No es un problema de diseño de procesos, en realidad, como parece sugerir el propio Political Watch al plantear la necesidad de mecanismos «más útiles, neutrales y respetuosos con la pluralidad». Lo que muestran estos datos es una desconfianza estructural hacia unas instituciones que la mayoría social percibe, con razón, como parte de la maquinaria que gestiona el statu quo antes que como un instrumento para mejorarlo o cambiarlo. La preferencia por la presión directa lo que muestra es dónde está realmente la capacidad de producir cambios materiales.

El conflicto político no solo se traslada a la calle, se traslada también a la pantalla, y ahí adquiere una dimensión distinta porque las plataformas digitales convierten la fractura personal en materia prima de atención. Quienes han roto relaciones personales por motivos políticos tienen el doble de probabilidades de crear contenido político (26% frente al 13%). Entre quienes dejaron de hablar con alguien por política, el 48,4% compartió contenido político en redes, frente al 26,4% de quienes no rompieron ninguna relación; y entre quienes abandonaron un grupo de mensajería por discusiones políticas, la mitad compartió contenido y el 31,1% llegó a crearlo. Quien pierde un vínculo analógico en la cena familiar parece ganar una audiencia en la red, y ese intercambio no es casual. la economía de la atención necesita el conflicto para funcionar, y lo recompensa. El riesgo no es que exista activismo digital, sino que sustituya a la organización material. Que este activismo digital, en todo caso, se agote en la reafirmación de la propia burbuja en lugar de traducirse en participar en estructuras estables, sindicales, vecinales, de barrio…

El análisis del preelectoral de CENTRA para las autonómicas andaluzas muestra, por su parte, que la polarización no solo empuja hacia la calle, también estructura el comportamiento electoral. El electorado que se informa por redes sociales o mensajería presenta una distancia ideológica del centro de 34,6 puntos, frente al 29,2 entre quienes usan medios tradicionales, y se autodefine como radical con mucha más frecuencia (26,4% frente a 17,5%). Esa intensidad ideológica se traduce en certeza de voto, pasando de 70,5 puntos en el centro a 84,2 en posiciones de intensidad media y a 88 en los extremos, con una probabilidad de acudir a votar que sigue el mismo patrón. El voto defensivo —votar solo para bloquear a otro— aparece, en cambio, más entre posiciones centrales que entre los bloques ideológicamente definidos, lo que confirma que polarización y voto negativo son fenómenos distintos. La cristalización electoral es consecuencia del fenómeno, no su causa, y por eso mismo es un terreno disputable. Así, sin organización de base que le dé contenido de clase, esa energía movilizada puede capitalizarla tanto un proyecto emancipador como uno reaccionario, y en el contexto español actual no hay ninguna garantía de que se reparta de forma equilibrada entre ambos.

La cuestión central no es si la ciudadanía polarizada participa —ya lo hace, y más que antes— sino en qué estructuras se organiza esa participación y a qué proyecto de sociedad sirve.