¿Por qué la «unidad de las izquierdas» es un callejón sin salida?

En el Estado español llevamos más de una década repitiendo un mantra que funciona casi como reflejo condicionado, el de que «hay que unir a las izquierdas». Se pronuncia en tertulias, en asambleas, en columnas de opinión y en redes sociales como si fuera una verdad autoevidente, una fórmula mágica que resolvería de golpe todos los problemas de la clase trabajadora. Basta con juntar siglas, cerrar listas y esperar a que las urnas hagan su trabajo.

Pero cuando se analiza con un mínimo de rigor político y de perspectiva de clase, lo que se llama «unidad de las izquierdas» aparece menos como una estrategia emancipadora y más como una técnica de gestión del descontento, como un mecanismo que ordena, canaliza y neutraliza la conflictividad social dentro de los márgenes aceptables para el régimen del 78 y el capitalismo español. Es decir, de un callejón sin salida estructural.

Lo primero que llama la atención, si se mira con perspectiva los últimos quince años, es la recurrencia del reciclaje de marcas. Nuevos logos, nuevas siglas, nuevos colores, nuevos eslóganes, pero una constante: las mismas capas dirigentes, la misma composición social en la cúspide y prácticamente la misma relación con el aparato de Estado.

Hablamos, pues, de una capa política profesionalizada que rota entre partido, institución y aparato mediático, y cuya reproducción material depende de la estabilidad del régimen y no de la ruptura con él. Incluso dentro de cada organización, son los dirigentes históricos quienes van ocupando cargos directivos como si no pasara el tiempo ni fueran responsables. Esta capa puede oscilar en el discurso, adoptar tonos más radicales o más moderados según convenga, pero su función objetiva es administrar la representación política de una parte de las clases subalternas sin poner en cuestión los límites impuestos por la oligarquía económica, la Unión Europea y la OTAN.

Cuando se llama «unidad de la izquierda» a la suma de estas siglas de organizaciones con dirigentes con “pedigrí”, lo que en realidad se está proponiendo es una concentración de aparatos, no una reorganización del poder de clase desde abajo. Juntar varios sofás con los muelles rotos no da un mueble nuevo, da un salón más grande lleno de muebles inútiles.

El núcleo del dispositivo es la relación con el Partido Socialista. Desde un punto de vista marxista, el PSOE no es simplemente «un partido que a veces hace políticas de derechas»: es uno de los pilares históricos de la gobernabilidad del capitalismo español, articulado como gran partido de la fracción dominante del bloque de poder, con conexiones orgánicas con la gran banca, los grandes medios y la burocracia estatal.

La llamada «izquierda a la izquierda del PSOE» ha construido su identidad pública como disidencia, mediante la denuncia, fiscalización, lenguaje de ruptura, apelación a «los de abajo». Sin embargo, su trayectoria práctica se asienta de manera recurrente en la lógica del pacto gubernamental, del apoyo parlamentario, del cogobierno autonómico o municipal. El resultado es un círculo cerrado. Por un lado, el PSOE necesita a estas fuerzas para dar una base social «por la izquierda» a su gestión del régimen; por el otro, estas fuerzas necesitan al PSOE para acceder a ministerios, gobiernos autonómicos, alcaldías y recursos.

En ese marco, incluso las reformas parciales —subidas del SMI, regulaciones limitadas, políticas sociales de contención— se convierten menos en expresiones de un avance autónomo de la organización obrera y más en productos de una negociación entre despachos. Son, muchas veces, concesiones calculadas que permiten desactivar conflictos, recomponer legitimidad y reconducir el malestar hacia la confianza en la «buena gestión progresista».

No se trata de negar la importancia material de esas reformas para sectores concretos, sino de señalar su carácter de reformas desde arriba, no de conquistas arrancadas por un movimiento obrero organizado y consciente de su fuerza. Por tanto, no alteran el lugar estructural de la clase trabajadora en la relación capital-trabajo ni cuestionan los grandes vectores de dominación, como la propiedad privada de los medios de producción, subordinación a la UE y la OTAN, o la continuidad de la monarquía y del aparato represivo heredado.

Sobre esta arquitectura se monta el “mal memorismo”, la conocida narrativa de que hay que apoyar a las coaliciones «de izquierdas» porque, en caso contrario, «viene la derecha». La política se reduce así a un chantaje emocional permanente. El horizonte se fija en evitar el peor escenario dentro de los parámetros del mismo sistema, nunca en construir un escenario nuevo y alternativo.

Esta lógica borra del mapa cualquier discusión estratégica sobre el poder, la ruptura y la confrontación con la oligarquía y los aparatos del Estado. Vacía a las organizaciones de militancia activa, sustituyendo la organización de base por una militancia estilo “brazo de madera”, electorizada, movilizada en ciclos cortos cada cuatro años. El resultado es que, pase lo que pase, las vidas que mejoran de forma segura son las de quienes viven políticamente de ese ciclo —asesores, cargos de confianza, cuadros profesionales, consultores—, mientras la clase trabajadora ve cómo su capacidad de negociación real en los centros de trabajo, en los barrios y en los servicios públicos se erosiona.

El voto convertido en acto de miedo impide articular una propuesta positiva, una imagen de futuro, un programa de transición que desborde el marco constitucional-UE-OTAN.

En este contexto, el crecimiento persistente de la abstención no puede leerse como simple apatía. Una parte importante de ese bloque abstencionista tiene memoria de las promesas incumplidas, de los giros moderados, de la renuncia sistemática a programas de ruptura, y ha concluido que ninguna de las ofertas disponibles merece su participación. No es desinterés; es desconfianza.

La izquierda institucional suele mirar a este segmento con una mezcla de reproche moral —«si no votas, gana la derecha»— y paternalismo. Desde una óptica de clase, habría que hacer lo contrario y tomarse muy en serio ese rechazo como síntoma de una crisis de representación política. Pero esa crisis no se resuelve interpelando mejor con campañas creativas, sino construyendo organización duradera que demuestre, en la práctica, que existe otra forma de hacer política, actuando desde los centros de trabajo, las asambleas de barrio, los comités de lucha, los sindicatos combativos y las organizaciones de clase, con continuidad más allá de los ciclos electorales.

La cuestión no es cómo convencer a la gente de que vuelva a votar a la izquierda, sino qué tipo de poder material se está construyendo —o no— en el tiempo entre elecciones.

Otro punto ciego de la «unidad de las izquierdas» tal y como se ha practicado es su relación con los nacionalismos e independentismos periféricos, incorporados a los frentes como sumandos necesarios para lograr escaños, gobiernos de coalición o mayorías parlamentarias, sin una reflexión de fondo sobre qué fracciones de clase representan esos partidos en sus respectivos territorios, qué proyecto nacional impulsan y cómo se articula con la lucha de clases, o si existe una voluntad real de proyecto común de ruptura con el régimen más allá del regateo de competencias, inversiones y cuotas de poder. Los casos catalán o valenciano resultan paradigmáticos.

Cuando cada actor entra en el frente como gestor de «lo suyo» —su territorio, su clientela social, su aparato—, lo que se produce no es unidad popular, sino un mercado de cuotas. El conflicto nacional se reduce a subasta, y la izquierda estatal renuncia tanto a una política nacional propia como a una verdaderamente internacionalista. Se limita a arbitrar entre élites regionales y central, en lugar de plantear una salida que articule liberación social y nacional bajo hegemonía de la clase trabajadora.

Llegados a este punto, es imprescindible diferenciar dos cosas que en el lenguaje dominante se confunden interesadamente. Por un lado, la «unidad de las izquierdas» entendida como suma de partidos, coaliciones electorales y acuerdos de gobierno entre formaciones que se autodefinen de izquierdas, construida desde arriba —despachos, negociaciones, primarias, acuerdos programáticos mínimos pensados para ser compatibles con la gobernabilidad del régimen—. Por otro, la unidad popular entendida como bloque social y político de clases trabajadoras articulado en torno a un programa de ruptura y a una dirección de clase obrera organizada, que solo puede construirse desde abajo y hacia arriba: acumulando fuerzas reales en espacios de trabajo, estudio y vida, dotándose de instrumentos de lucha —partido de clase, frentes sectoriales, comités, redes de solidaridad— y elaborando un programa que señale enemigos concretos: oligarquía financiera, patronales, UE, OTAN, monarquía, aparato represivo.

La «unidad de izquierdas» tal y como se plantea hoy no solo no es equivalente a unidad popular, sino que, en muchos casos, funciona como su sustituto simbólico. Se vende la imagen de un «bloque de progreso» en el parlamento para ocultar la ausencia de un bloque de clase organizado en la sociedad.

En casi todos los discursos progresistas aparece la «clase trabajadora» como figura central, pero muchas veces reducida a un recurso retórico para referirse al que no llega a fin de mes, precario, joven sin futuro o persona sin vivienda. Aunque estas imágenes describen situaciones reales, si se quedan ahí, la clase deja de ser una categoría política para convertirse en una suma de problemas individuales.

Desde una óptica marxista-leninista, la cuestión es otra: ¿cómo se organiza esa clase?, ¿qué instrumentos de poder propio construye?, ¿qué cuadros, qué estructura, qué disciplina, qué proyecto histórico asume? La diferencia entre una masa de asalariados desorganizados y una clase para sí no es retórica, es organizativa. Mientras la llamada «unidad de las izquierdas» se limite a administrar la representación de esa masa sin contribuir a su organización independiente, seguirá actuando como tapón, no como palanca.

Hay un riesgo evidente al criticar la izquierda institucional, el de caer en un discurso de «todo es estafa, nada sirve, todo da igual» que, en la práctica, refuerza el cinismo y la retirada individual. Un enfoque de clase no puede permitirse ese lujo. Las reformas parciales pueden ser mecanismos de contención que pacifican y desorganizan, o pueden ser resultados parciales de luchas que, si se viven como conquistas propias, refuerzan la confianza y la organización de la clase trabajadora. La pauta que marca la diferencia está en la organización.

El problema no es que existan reformas, sino que éstas se conciban y se gestionen como regalos de un gobierno progresista, y no como resultado de la fuerza organizada desde abajo. Mientras la reforma se viva como logro del ministro o del partido de turno, y no como consecuencia de huelgas, movilizaciones y campañas sostenidas, seguirá reforzando la dependencia de la clase respecto a los gestores del Estado.

Romper con la ilusión reformista, por tanto, no es predicar el abstencionismo pasivo, sino subordinar cualquier uso de las instituciones a una estrategia de construcción de poder obrero y popular fuera de ellas. Eso implica una ruptura con el eje «gobernar cuanto antes» que ha dominado a la izquierda parlamentaria de los últimos años.

La crítica a la «unidad de las izquierdas» solo es útil si se acompaña de una propuesta de unidad de otro tipo. A nuestro juicio, hacen falta al menos tres elementos: una dirección de clase, es decir, una organización de vanguardia arraigada en la clase trabajadora capaz de elaborar línea, formar cuadros y conectar luchas parciales con una estrategia global de ruptura; un bloque obrero-popular, entendido como alianzas amplias con capas oprimidas y sectores intermedios empobrecidos sobre un programa que ponga límites claros a las fracciones burguesas y pequeño-burguesas, también en el terreno nacional; y un programa de ruptura, con un horizonte claro —república, salida del marco UE-OTAN, socialización de los sectores estratégicos, planificación democrática— y medidas de transición que articulen las luchas inmediatas de vivienda, salarios y servicios públicos con ese horizonte.

Esa unidad no se decreta en un despacho ni se reduce a un logo común. Se construye en el conflicto, mediante huelgas, plataformas de vivienda, luchas contra privatizaciones, redes de solidaridad con migrantes, frentes estudiantiles, o en la batalla ideológica contra el racismo, el patriarcado y todas las formas de división dentro de la clase.

Frente a la unidad de siglas para ver de llegar a administrar el régimen, se trata de levantar una unidad popular que se prepare para enfrentarse a él y sustituirlo. Mientras no hagamos esta distinción, seguiremos atrapados en el bucle: nuevas marcas, viejas renuncias, mismo techo. Y, con cada vuelta, un poco más de desafección y más terreno para que la reacción canalice la rabia social. La cuestión hoy no es cómo recomponer la unidad de la izquierda, sino cómo dejar de sostener un esquema que nos conduce, elección tras elección, al mismo abismo.