Una asamblea abierta de Los CLER en Alaquàs, realizada este 14 de julio, pone en común el plan integral ciudadano frente al proyecto de 150 millones de la administración para reencauzar el barranco de La Saleta. Veamos seguidamente una breve crónica y análisis de esta asamblea de los Comités Locales de Emergencia (CLER) que contó con una nutrida participación.
En Aldaia, el barranco de la Saleta es un escenario clave donde se libra, en miniatura, la disputa entre el urbanismo depredador y tecnocrático que caracteriza a las administraciones públicas y el conocimiento que produce la propia gente que sufre las inundaciones. Así lo señaló la asamblea convocada por los CLER (Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción), una asamblea concebida para validación social y mejora de una propuesta de los y las afectadas. Esto quedó claro desde el principio, la comprensión y aceptación social de la propuesta es lo que legitima o deslegitima cualquier intervención técnica posterior. No al revés.
El encuentro reunió a asociaciones de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024, colectivos de damnificados, técnicos, biólogos, sociólogos y vecinos de Aldaia, Chiva, Massanassa, Catarroja, Paiporta, Torrent o Valencia, entre otros municipios golpeados por la riada. Su objetivo fue presentar el plan integral que los CLER llevan meses elaborando para el desvío del barranco y la línea C3 de tren, así como tejer una red de colaboración transversal para imponer la participación social en el desarrollo urbanístico y ambiental de estos territorios.
Dos proyectos, dos filosofías.
El proyecto oficial de reencauzamiento del barranco de La Saleta presentado por la administración, y defendido por los socialistas ante la comisionada del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar, tiene un coste previsto aproximado de 150 millones de euros. Los CLER lo cuestionan punto por punto, porque se apoya en estudios hidráulicos anteriores a la propia DANA —de 2019— mientras los informes del CEDEX sobre el caudal real que llegó a Aldaia el 29-O siguen sin publicarse. Es decir, se pretende aprobar una infraestructura definitiva con datos provisionales, y para colmo calculados con un periodo de retorno de quinientos años, como si la probabilidad estadística fuera a proteger a nadie de un fenómeno cuya frecuencia real ya se ha disparado.
El punto más grave, que los CLER consideran una línea roja, es que el proyecto oficial mantiene la desembocadura del desvío en pleno núcleo urbano y que sus propios técnicos redactares han llegado a manejar el concepto de «inundaciones adecuadas», zonas donde se acepta de antemano que el agua entrará, a cambio de proteger otras. Frente a esa lógica de reparto del daño entre vecinos, la propuesta ciudadana plantea tolerancia cero y exige que la solución no traslade el problema de un barrio a otro ni de una población a otra.
Se está intentando apagar un fuego del siglo XXI con un cubo de agua del siglo XX.
Hay además una pieza del proyecto oficial que rara vez sale en los titulares y que es concretísimo, quién hará el mantenimiento de la mastodóntica hormigonada prevista y afrontará sus costes. La canalización subterránea recaería sobre tres ayuntamientos —Aldaia, Chiva y Valencia—, con un coste anual estimado de entre uno y cuatro millones de euros. Hasta el momento, ni Valencia ni Chiva habían aceptado formalmente esa carga, y no existe tampoco un plan de revisión, limpieza ni presupuesto detallado. Tenemos el patrón de siempre: la obra se anuncia con gran cifra y gran solemnidad, pero su sostenimiento en el tiempo —lo que de verdad decide si protege a alguien dentro de veinte años o se convierte en una ruina abandonada— se deja para que lo resuelvan, o no, ayuntamientos sin recursos.
En resumen, que quieren socializar el riesgo, municipalizar el gasto, y que cada cual se las arregle como pueda cuando llegue la siguiente riada.
La accesibilidad como frontera de clase.
Uno de los testimonios impactantes de la asamblea vino de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, al hilo del nuevo tren de la C3. Concretamente se denunció que en los accesos al tren C3 (y en los pasadizos de los túneles por debajo de las vías) no se puede sustituir un convoy por otro y colocar escalones de trescientos centímetros que una persona en silla de ruedas no puede subir. El argumento no se quedó en la discapacidad como caso particular, también una persona mayor, una embarazada o alguien con un carrito de bebé o de la compra, quedan igual de excluidos. «Poder andar bien» se convierte así en un privilegio de clase, invisible para quien lo tiene y determinante para quien no.
Ese razonamiento importa porque desmonta la idea de que la accesibilidad es un capítulo aparte, casi cosmético, de la reconstrucción. Pero no lo es, forma parte de la misma pregunta que se hace sobre el barranco —¿para quién se construye la infraestructura, y quién queda fuera de ella cuando se decide que no compensa el gasto?— aplicada al transporte. Se calcula que cinco millones de personas viven con discapacidad en España, diseñar la movilidad sin contarlas no es un olvido técnico, es una decisión política sobre a quién se considera usuario de pleno derecho del espacio público.
No hay catástrofes naturales, solo desastres sociales.
Otra intervención muy crítica en términos de análisis, seguramente, vino de un sociólogo vecino de Massanassa, quién señaló que no existen catástrofes naturales, solo desastres sociales. La misma agua que arrasa un barrio, si cayera directamente sobre el mar no sería noticia. Lo que convierte la lluvia en tragedia es la manera en que estas comarcas se urbanizaron desde los años sesenta —concentración de población y de polígonos industriales en zonas inundables conocidas como tales desde, al menos, las riadas de 1949 y 1958— y la manera en que hoy se sigue tratando el problema como un asunto municipal y administrativo, cuenca por cuenca, en lugar de como lo que realmente es, como un problema de ordenación del territorio que atraviesa términos municipales y que el cambio climático ha agravado y va a seguir agravando.
Una bióloga presente añadió la pieza que cierra esta cuestión, señalando que el sobrecalentamiento del mar Mediterráneo intensificó la DANA de 2024, y ese sobrecalentamiento tiene responsables identificables —las actividades y los sectores económicos que emiten los gases que lo producen—, no una naturaleza caprichosa. Reducir el debate a canalizaciones y muros de hormigón, sin tocar ese origen, es tratar el síntoma y dejar viva la causa. Y advirtió contra una tentación concreta, la de acostumbrarse a que la lluvia vuelva y limitarse a instalar cada vez más láminas filtrantes y desagües, en lugar de exigir también que se frene lo que calienta el mar.
Solo hay catástrofe y desastre donde hay personas que las padecen.
Tejer red frente al abandono institucional.
El diagnóstico compartido por buena parte de los presentes fue duro. Tras veinte meses de alegaciones, reuniones, proyectos y jornadas técnicas, ninguna institución —ni ayuntamientos, ni Generalitat, ni Confederación Hidrográfica, ni Gobierno del Estado— ha dado una respuesta por escrito que recoja de verdad lo que plantean los afectados. La pregunta que correspondía hacerse, por tanto, es ¿qué hacer cuando presionar a las instituciones, una y otra vez, no produce cambios?
La respuesta que fue tomando forma a lo largo de las intervenciones no fue esperar a que la administración entrara en razón, sino seguir tejiendo red. Desarrollar el vínculo entre asociaciones de víctimas, CLER, así como acudir a los plenos de los distintos municipios —Valencia, Catarroja, Massanassa, Aldaia— para transmitir la voz ciudadana y vecinal. Porque unas asociaciones que antes de la DANA apenas se conocían entre sí, hoy ya comparten información, estrategia y, según se dijo en la sala, un afecto que no existía. Esa comunidad organizada es, para quienes hablaron, la única fuerza capaz de equilibrar la asimetría frente a instituciones que no tienen ninguna urgencia en escuchar al pueblo. El recuerdo del 29 de octubre —cuando nadie preguntaba de dónde venía la mano que tendías o la que te tendían para afrontar la catástrofe— se invocó como la base moral y práctica de esa red. Y no hace falta esperar la próxima catástrofe para sostenerse mutuamente.
La sesión cerró con un tono más emocional que técnico, con una idea que vale la pena rescatar, la de que hay que «compostar» la sociedad actual —sus estructuras, incapaces de encarar los problemas del siglo XXI— para producir el abono de una sociedad futura que ponga la vida del planeta, y no solo la vida humana, en el centro. Nadie en la sala pretendió que ese cambio fuera a llegar mañana. Pero sí insistieron en que las estructuras que ya existen —asambleas, asociaciones, comités locales— son la herramienta con la que ir empujando, mientras tanto, hacia ese horizonte.
Qué podemos hacer
Lo que se planteó en esta asamblea de Alaquàs es un patrón a seguir en cualquier territorio donde la reconstrucción pos-catástrofe se negocia entre técnicos y administraciones, a espaldas de las poblaciones afectadas. Apoyar activamente a los CLER y a las asociaciones de víctimas de la DANA —difundiendo sus alegaciones, asistiendo a sus asambleas, presionando para que se publiquen los informes del CEDEX antes de aprobar cualquier infraestructura definitiva— es una forma concreta de inclinar esa balanza. Exigir que el mantenimiento de cualquier obra hidráulica quede presupuestado y firmado por las administraciones responsables, y no como una nota a pie de página, es otra. Porque sin mantenimiento garantizado, la infraestructura más cara puede acabar siendo la más inútil y la más dañina. Y sostener, más allá de la coyuntura de cada asamblea, las redes que unen a los pueblos de una misma cuenca —porque el agua no entiende de términos municipales— es quizá la tarea más difícil y más necesaria: construir, desde abajo, la coordinación territorial que las instituciones se niegan a asumir desde arriba.
