Las recientes declaraciones del ministro Óscar Puente contra el sistema judicial español han abierto una polémica que va mucho más allá de la supuesta «persecución política» de los jueces Peinado, Calama y Pedraz contra el PSOE. Incluso desde opciones de izquierdas se ha defendido esta condena del gobierno a lo que consideran un lawfare desde la justicia franquista, pero susceptible de subsanación manteniendo el vigente régimen constitucional.
Sin embargo, convendría matizar que, como por ejemplo señala Bonaventura Casanova en su artículo en Diari La Veu, «si el PSOE es inocente, el problema es aún más grave que si es culpable». Afirmación aparentemente paradójica, pero que captura la esencia de la crisis estructural del régimen español actual, judicial e institucional.
Porque, la cuestión central no es si el PSOE tiene y ha tenido casos de corrupción (como el reciente de Ábalos-Koldo), sino que el PSOE sea una organización estructuralmente corrupta porque desde los sucesivos gobiernos siempre ha gestionado los intereses de la burguesía española mientras fingía representar a las clases populares. En efecto, este partido ha sido y sigue siendo uno de los principales gestores del modelo político y económico surgido de la Transición; ha participado en la construcción y consolidación de las instituciones actuales y, por tanto, comparte la responsabilidad de sus limitaciones, contradicciones y pufos democráticos.
La «pérdida de seguridad jurídica» que dice Casanova en su artículo (a nuestro juicio nunca hubo tal pérdida porque nunca existió tal seguridad) no sería, por tanto, un problema abstracto de previsibilidad legal, más bien refleja una crisis no declarada del Régimen del 78 como estructura de poder de la burguesía española y, en particular, de la oligarquía fraguada durante la larga noche franquista.
Un poder judicial lejos de la neutralidad
Cada vez más hechos muestran que la imagen de una justicia completamente independiente y ajena a los conflictos políticos resulta insostenible, incluso para los “demócratas” no marxistas (que no ven el carácter de clase de todo estado).Ya forma parte del conocimiento y de la experiencia cotidiana que en nuestro estado determinados colectivos sociales reciben un tratamiento especialmente severo mientras que otros espacios de poder disfrutan de mayor protección. Los datos son claros:
| QUIÉN ES PERSEGUIDO | POR QUÉ |
| Sindicalistas | Defienden a los trabajadores frente al capital |
| Independentistas | Desafían la unidad del Estado burgués español |
| Inmigrantes | Constituyen la mano de obra más precarizada |
| Corruptos de unos u otros partidos | Solo cuando resulta conveniente políticamente |
| Activistas | Defienden el derecho de los pueblos a la autodeterminación: Palestina, Sáhara, Cuba… |
En efecto, la judicialización de conflictos laborales, las actuaciones contra movimientos sociales, las causas abiertas contra activistas políticos o las diferencias de velocidad y contundencia en la investigación de distintos casos de corrupción han contribuido a generar dudas sobre la igualdad efectiva ante la ley.
Por tanto, la cuestión básica no es si existe una conspiración organizada contra el gobierno, sino si las instituciones responden de manera equilibrada a las demandas de una sociedad que se dice democrática.
Cuando amplios sectores sociales perciben que la justicia actúa de forma desigual, la legitimidad del sistema se resiente inevitablemente.
La crisis del modelo político surgido en 1978
En realidad, lo que venimos sufriendo es una crisis de funcionamiento del conjunto del sistema político. Por una parte, las élites políticas, económicas, mediáticas y judiciales aparecen cada vez más divididas. Los enfrentamientos entre PSOE, PP, Vox y diversos sectores del aparato del Estado reflejan tensiones crecientes sobre la dirección del país y sobre quién debe ejercer la hegemonía política en los próximos años.
Por otra parte, la ciudadanía muestra niveles crecientes de desconfianza hacia instituciones que durante décadas aparecieron como garantes de estabilidad y consenso, fracasando amplia e intensamente. La percepción de corrupción, la falta de transparencia y participación democrática, así como la incapacidad para resolver problemas estructurales como la vivienda, la precariedad laboral o el deterioro de los servicios públicos alimentan ese desgaste.
La historia europea demuestra que los periodos de deslegitimación institucional suelen convertirse en terreno fértil para proyectos autoritarios. Cuando las instituciones pierden credibilidad y las fuerzas progresistas no ofrecen respuestas convincentes, la extrema derecha encuentra oportunidades para crecer presentándose como una alternativa al sistema.
Es decir, que antes que un problema de unidad de siglas y de las tácticas de “frente amplio” contra la derechona, la clave está en la radicalidad democrática efectiva y la firmeza con que se defiendan nuestras libertades y derechos.
El límite de la estrategia socialista
En este contexto, resulta difícil sostener que el PSOE pueda liderar una regeneración profunda de las instituciones. No porque sea el único responsable de los problemas actuales, sino porque forma parte del mismo entramado político que los ha producido.
La experiencia de gobierno de las últimas décadas muestra que cuando se han planteado reformas estructurales que afectaban a intereses económicos consolidados o a los equilibrios fundamentales del Estado, el PSOE ha optado generalmente por soluciones moderadas y compatibles con el modelo existente.
Por ello, confiar en que el mismo partido que ha gestionado durante décadas el sistema pueda transformarlo radicalmente parece una expectativa poco realista.
E igualmente, permanecer desde la izquierda lastrados a una coalición con este partido del régimen para evitar que gobierne el otro, implica una táctica liquidacionista que llevamos años constatando en su eficacia.
La necesidad de una alternativa real
La respuesta a la crisis institucional no pasa simplemente por sustituir un partido por otro dentro del mismo régimen político de monarquía parlamentaria impuesta por la dictadura anterior. El desafío consiste en construir proyectos capaces de fortalecer la participación ciudadana, ampliar los derechos sociales y democratizar instituciones que hoy aparecen alejadas de las preocupaciones cotidianas de la mayoría.
Esa alternativa exige organizaciones sociales fuertes, sindicatos independientes, movimientos vecinales activos y espacios políticos comprometidos con una transformación profunda de las relaciones de poder existentes. La reconstrucción de la confianza democrática no vendrá únicamente desde los parlamentos o los gobiernos. Requiere una ciudadanía organizada capaz de ejercer presión desde abajo y de impulsar cambios que vayan más allá de los ciclos electorales.
La actual crisis judicial española no puede entenderse como un simple enfrentamiento entre jueces y PSOE. Es la manifestación de un problema más amplio, del desgaste de un modelo institucional con crecientes dificultades para garantizar legitimidad, estabilidad y representación democrática.
El PSOE puede presentarse como víctima de determinadas dinámicas del sistema, pero difícilmente puede aparecer como solución a problemas cuya gestación también ha contribuido a administrar. La tarea pendiente para las fuerzas transformadoras consiste en construir una alternativa política y social capaz de responder a las demandas de justicia, democracia y participación que una parte cada vez más amplia de la sociedad reclama, por no encontrarlas en el limitado marco representativo de este régimen político heredado del franquismo.
