La pintada que tapa un manifiesto: la patronal valenciana rechaza hablar con los sindicatos sobre el 11N.

Foto editada de la puerta de la patronal de Valencia con las pintadas y la policía

El miércoles 11 de noviembre se celebra la primera huelga general estatal desde 2012, y la víspera en València ha dejado una escena que resume bien la situación. Seis organizaciones sindicales (CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS) llegaron a la sede de la Confederación Empresarial Valenciana con un manifiesto conjunto. La fachada de la patronal había amanecido con pintura roja y un cordón policial impidió la entrega. Como señalan algunos medios, este documento, pues, no llegó a su destinatario y la conversación pública buscada con la patronal se quedó en la pintura de su fachada.

Con especto a la pintada, nadie ha acreditado su autoría, pero los hechos son tozudos en mostrar una realidad de confrontación social, y política, que admite pocas dudas.

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El manifiesto sindical

Este documento que se quería entregar, fechado el 9 de noviembre, ordena sus exigencias en seis bloques. El primero reclama desbloquear la negociación colectiva sectorial, con subidas salariales suficientes y cláusulas de revisión que protejan los sueldos frente a la inflación. El segundo se ocupa del salario mínimo y denuncia las prácticas de absorción y compensación, que permiten a la empresa neutralizar la subida del SMI con complementos ya existentes, de modo que el aumento no llega a la nómina. El tercero pide reducir la jornada y eliminar los turnos partidos. El cuarto exige actualizar la normativa de prevención de riesgos laborales. El quinto reclama planes de igualdad con medidas concretas, recursos, seguimiento y evaluación, y no una mera aprobación formal. El sexto plantea una redistribución de la riqueza que revierta en salarios y derechos, y denuncia el abuso de la subcontratación.

Ninguna de las seis exigencias resulta insustancial. Y todas habrían de decidirse en una mesa de negociación con la patronal enfrente, y de ahí que la CEV sea la destinataria. El registro autonómico de convenios da una pista de lo que está en juego. De los 186 convenios registrados en la Comunitat Valenciana con efectos de 2025, 155 eran de empresa y solo 31 de ámbito superior. Los convenios sectoriales son los que alcanzan a las plantillas pequeñas, donde es difícil que exista una representación sindical con fuerza para negociar por su cuenta, así que su bloqueo golpea sobre todo a quien tiene menos capacidad de resistir.

«Sin nosotros no hay actividad económica ni beneficios» Manifiesto sindical conjunto, 9 de noviembre de 2026

La vivienda también es salario

El manifiesto habla de convenios, pero el eje de la huelga del 11N es la vivienda, y no hay contradicción entre ambas cosas. Una familia que destina la mitad de su nómina al alquiler o a la hipoteca ha perdido en la práctica la mitad de su convenio. Según un análisis de Randstad basado en más de 5.700 profesionales, el 30,1% de los trabajadores valencianos dedica más del 50% de sus ingresos a la vivienda, y el 9,3% supera el 65%. Según el Observatori d’Emancipació del Consell Valencià de la Joventut,  una persona joven necesita el 96% de su salario para emanciparse en solitario, mientras que el alquiler ha subido un 9,6% interanual hasta rondar los 1.000 euros al mes.

Por eso, el mismo día en que se pedía a la patronal desbloquear convenios, la PAH y el Sindicat de Llogateres entregaron en la Conselleria de Vivienda un escrito que reclama detener los desahucios de forma indefinida, bajar los alquileres, convertir los contratos en indefinidos, expropiar los pisos vacíos dedicados a la especulación para crear un parque desmercantilizado, prohibir la compra con fines especulativos e ilegalizar las empresas de desocupación. Son dos destinatarios para una misma sangría. A la patronal se le exige el salario directo.

A la Generalitat se le exige el salario indirecto, el que se materializa en un techo asequible. La vivienda y el convenio laboral son dos caras del mismo salario.

El portavoz de la PAH, José Luis González, recordó que la Generalitat tiene las competencias en vivienda y añadió que el Ayuntamiento de València y el Gobierno central comparten responsabilidad, porque la ley estatal no está resolviendo el problema.

González recordó además que la banca rescatada costó más de 70.000 millones de euros que no ha devuelto, y pidió expropiar las viviendas que esa banca conserva. Es la cifra que maneja el movimiento por la vivienda, y las estimaciones oficiales varían según la fuente y el momento del cálculo, pero el argumento político es nítido. Si la sociedad pagó el saneamiento, tiene derecho a decidir qué se hace con el parque inmobiliario resultante.

Una huelga atípica y los riesgos de serlo

Los propios líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han descrito esta huelga como atípica, porque no se dirige contra una medida concreta del Estado sino contra el coste de la vida y contra el bloqueo parlamentario de los decretos de vivienda. La fecha la propuso la Confederación de Sindicatos de Inquilinas el 7 de octubre, y los sindicatos la convocaron ese mismo día, dos días antes de que arranque la campaña de las elecciones del 29 de noviembre. La convocatoria legal descansa en la pérdida de poder adquisitivo, y eso explica que el manifiesto dirigido a la CEV insista tanto en salarios y convenios. Explica también la reacción de la patronal. Garamendi ha calificado el paro de «huelga electoral», aunque la CEOE descartó por ahora impugnarlo, y Feijóo y Abascal pidieron desconvocarlo tras el accidente ferroviario de Urda.

Los sindicatos, además, no ocultan su inquietud por el seguimiento de la huelga. El descuento del salario de la jornada pesa en la decisión, y pesa más en hogares que ya destinan buena parte de su nómina a la vivienda. Una huelga que no detiene el trabajo se queda en manifestación, y una manifestación, por numerosa que sea, no obliga a ninguna patronal a sentarse a negociar. De ahí la importancia de que los paros sectoriales de la carne y los encurtidos coincidan con la jornada, y de que haya manifestaciones convocadas a las 18 horas en València, Alicante, Castelló y Elx.

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