Sindicatos de inquilinas, organizaciones laborales y movimientos sociales de siete países europeos acordaron en París salir a la calle a la vez, del 20 al 22 de noviembre, con un programa común que une vivienda, salarios, servicios públicos y fin del rearme. La noticia es la coordinación, y su prueba empieza ahora.
El martes 3 de noviembre, en un acto al aire libre a las puertas de la sede de Droit au Logement, en París, representantes de siete países acordaron algo que el movimiento social europeo lleva años intentando y casi nunca consigue, salir a la calle al mismo tiempo. Según la agencia EFE, las organizaciones convocaron para el 20, 21 y 22 de noviembre jornadas de manifestaciones en centenares de ciudades europeas[1]. El encuentro fue impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español y se celebró dos días antes de la huelga general francesa del 5 de noviembre.
Lo anunciado no es una huelga europea ni una plataforma estable, sino unas fechas comunes y una declaración con siete reivindicaciones. Pero esto, cuando la firman organizaciones con implantación real en barrios y centros de trabajo, es justo lo que falta para que las luchas locales dejen de ser un archipiélago.
Quién se sentó a la mesa
Participaron sindicatos de inquilinas de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido y Bélgica, junto a movimientos sociales como los chalecos amarillos franceses y sindicatos laborales como la CGT francesa[1]. La relación completa difundida por Poder Popular incluye en Francia a la Union Syndicale Lycéenne, protagonista de las protestas estudiantiles de las últimas semanas, además de Solidaires y Droit au Logement. Incluye también a la London Renters Union y la Greater Manchester Tenants Union en el Reino Unido, a organizaciones bruselenses por el derecho al hábitat en Bélgica, al barrio ocupado de Prosfygika y a Rocinante en Grecia, a Climáximo, el Sindicato de Moradoras de Lisboa y Estudantes pelo fim ao Fóssil en Portugal, a USB-ASIA en Italia y, en el Estado español, a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y a la CGT.
Es una coalición singular porque junta tres mundos que rara vez comparten mesa, el de la vivienda, el del sindicalismo laboral y el del movimiento climático y estudiantil. También tiene ausencias que merece la pena nombrar. No constan en esa relación las grandes confederaciones, ni la CFDT francesa ni CCOO y UGT, aunque estas dos últimas sí convocan la huelga general española del 11 de noviembre junto con el propio Sindicato de Inquilinas. Tampoco figura Alemania, donde una iniciativa juvenil ha convocado movilizaciones en más de 30 ciudades por la educación, la salud, el clima y una vida asequible.
Un programa común, de la vivienda al rearme
La declaración conjunta denuncia el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y el transporte, y alerta del regreso de las políticas de austeridad ligadas a las exigencias de los acreedores y al aumento del gasto militar. Frente a ello, las organizaciones se comprometen a hacer de la solidaridad «una práctica cotidiana y una herramienta de organización». El programa que proponen reúne siete ejes. Piden garantizar el derecho a la vivienda y acabar con la especulación, imponer controles a los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, subir salarios y pensiones, defender unos servicios públicos universales y de calidad, sobre todo en educación y sanidad, garantizar el derecho al trabajo y a la regularización sin barreras racistas, gravar más a las grandes fortunas y poner fin al rearme avanzando hacia el abandono de los combustibles fósiles.
Lo relevante no es cada punto por separado, que cualquiera de estas organizaciones defendería en solitario, sino la tesis que los une. La carestía de la vida, los recortes y el militarismo se presentan como partes de una misma decisión sobre quién paga la crisis. Su portavoz española, Carme Arcarazo, lo planteó ante la prensa como una estrategia para «señalar hacia arriba» en un contexto en el que la extrema derecha avanza y se apunta a los de abajo.
Una ola que ya estaba en la calle
La reunión de París no cayó en el vacío. Francia lleva semanas en el centro de una oleada que arrancó a mediados de septiembre con el movimiento estudiantil de los liceos y se ha ido ensanchando hacia los salarios, las pensiones y el coste de la vida. El 24 de octubre el Ministerio del Interior contó 410.000 manifestantes en 289 marchas, los sindicatos hablaron de 800.000, y el Gobierno desplegó unos 70.000 agentes con cerca de mil detenciones. El 5 de noviembre, la huelga general convocada contra el presupuesto de 2027 sacó a más de 250.000 personas en más de 70 ciudades a primera hora de la tarde, según la CGT, con la previsión de que se superasen las 700.000 a lo largo de la jornada. La central resumió el malestar con una frase directa, ya que «todo sube excepto los salarios y las pensiones», y acusó al Gobierno de congelar prestaciones sociales y debilitar el papel protector de la Seguridad Social.
En el resto del continente el cuadro se repite con matices. En España la inflación interanual fue del 4,9 % en septiembre y unas 25.000 personas, según las autoridades, marcharon en Madrid el 24 de octubre en defensa de las pensiones públicas. En Portugal el precio de la vivienda es el motivo central, con un Gobierno que impulsa cambios en la ley de alquileres que los movimientos consideran un debilitamiento de la protección a los inquilinos. En Italia se protestó contra la carestía, la política del Ejecutivo de Meloni y el aumento del gasto militar.
Austeridad y rearme, dos caras de una misma política
La declaración de París acierta al unir dos asuntos que los gobiernos presentan por separado, y los datos de las últimas semanas sostienen la conexión. En La Haya, en junio de 2025, los aliados de la OTAN acordaron elevar el listón hasta el 5 % del PIB en 2035, con un 3,5 % en gasto militar básico y un 1,5 % en resiliencia y seguridad en sentido amplio. La cumbre de Ankara, en julio de 2026, respaldó esa senda. Bruselas ha levantado además su propio andamiaje financiero. El plan Readiness 2030, antes Rearm Europe, aspira a movilizar hasta 800.000 millones de euros sumando margen fiscal nacional de hasta el 1,5 % del PIB durante cuatro años, un instrumento de préstamos llamado SAFE dotado con 150.000 millones y recursos del Banco Europeo de Inversiones. En su primera ronda, en enero de 2026, SAFE aprobó 38.000 millones para ocho países.
La factura se reparte de forma desigual. El analista Serbin Pont, citado por Infobae, situaba en 38.300 millones de euros el recorte en programas sociales anunciado en Alemania para sostener el gasto militar, y señalaba en los Países Bajos un recorte estructural del 5 % que supone más de mil millones anuales menos en educación superior e investigación. Los sondeos apuntan en la misma dirección que el malestar callejero, porque en Alemania el 55,6 % de la población se opone a recortar gasto público para financiar la defensa y solo el 29,1 % lo apoya.
Nada de esto significa que el rearme carezca de defensores con argumentos. Los países del flanco oriental, con Estonia a la cabeza, perciben la amenaza rusa como inmediata y han presentado presupuestos de defensa por encima del 5 % del PIB en un contexto de recorte del resto del gasto público. El Instituto Kiel estima además que el PIB de la UE podría crecer entre un 0,9 y un 1,5 % anual si los Estados elevan el gasto militar al 3,5 %. Esa es la mejor versión del argumento y merece respuesta con datos, no con consignas.
Los datos que la matizan son de dos tipos. El primero es el empleo. Un estudio de 2023 sobre Alemania, Italia y España calculó que cada millón de euros de inversión pública crea en España 6,58 empleos si va a defensa, frente a 15,3 en sanidad y 16,44 en educación. El segundo es el rendimiento económico. Los economistas Krebs y Kaczmarczyk estiman que un euro de gasto público en defensa genera como máximo 50 céntimos de actividad adicional, y que la inversión en infraestructuras o educación duplicaría o triplicaría ese retorno. La propia alta representante Kaja Kallas expresó en mayo su frustración porque, tras movilizar los 150.000 millones de SAFE, la industria europea no estaba aumentando la producción como se esperaba.
Aquí está la lectura de clase que la discusión técnica suele ocultar. El dinero público no es una cantidad neutra que «se invierte» en seguridad, es un reparto, y los beneficiarios son concretos. En España el Estado aprobó 41 programas especiales de modernización por 33.315 millones de euros, cuyas empresas recibirán créditos a interés cero del Ministerio de Industria por unos 22.800 millones, mientras la facturación de defensa de Indra creció un 36 % en 2025 hasta los 1.407 millones y dos compañías, Navantia y Airbus, funcionan en la práctica como un oligopolio. Y el Gobierno, que mantiene reservas ante el 5 %, sostiene que un gasto del 2,1 % del PIB bastaría para cumplir los requisitos de la OTAN, lo que muestra que la cifra no es un dato técnico sino una decisión política con margen de negociación.
La austeridad que vuelve a Europa no es una contradicción del rearme sino su condición de posibilidad.
Si el 5 % se financia sin subir los impuestos a quien más acumula, sale del salario indirecto, es decir, de la sanidad, la educación y las prestaciones, y del precio que cada hogar paga por vivir. Por eso el punto sobre la fiscalidad de las grandes fortunas no es un adorno del programa sino su pieza de cierre.
Qué aporta la coordinación y dónde están sus límites
Hay tres razones para tomar en serio esta convocatoria. La primera es que sitúa el conflicto en la escala donde se toman las decisiones. El rearme se decide en La Haya, Ankara y Bruselas, y la presión fiscal llega de los mercados de deuda y de las reglas europeas, de modo que una huelga estatal aislada negocia con un interlocutor que remite a instancias superiores. La segunda es que los sindicatos de inquilinas han demostrado capacidad de iniciativa. Su Confederación propuso el 11 de noviembre para la huelga general española y logró que CCOO, UGT y otras centrales lo respaldaran, en la primera huelga general estatal con el apoyo conjunto de los dos sindicatos mayoritarios desde noviembre de 2012. Y la convocatoria bebe de un trabajo previo, desde el Congreso Internacional de Sindicatos de Inquilinas celebrado en Barcelona en 2024 hasta la contracumbre «El Barrio», que acordó construir una coalición internacional contra el rentismo. La tercera razón es que la juventud ha entrado en escena, con los liceos franceses como detonante, y Mediapart cuenta que la jornada del 20 de noviembre se concibió como una movilización juvenil en toda Europa.
Los límites son igual de claros. Primero, una fecha no es una estrategia. Tres días de manifestaciones pueden ser un punto de partida o un ritual, y la diferencia depende de que existan comités locales, asambleas y objetivos escalonados que sostengan la movilización después. Segundo, la coalición carece por ahora de los grandes aparatos sindicales y de los países donde el rearme se vive con más miedo, de modo que el debate sobre seguridad, que es real, no se resuelve con una consigna. La izquierda necesita una respuesta creíble a la pregunta de qué defensa y con qué coste, y eso incluye hablar con quienes trabajan en la industria militar. Tercero, la violencia callejera. El Gobierno francés ya dejó claro que no tolerará una repetición de los disturbios del 17 de octubre, y tanto en Barcelona como en Milán hubo saqueos tras convocatorias lanzadas en redes. Cuando la convocatoria circula sin organización detrás, el Estado define el relato, y se erosiona la legitimidad de un movimiento cuya fuerza es ser masivo y estar organizado.
Un calendario que se acelera, del 5N al 29N
El orden de los hitos importa. El 5 de noviembre paró Francia. El 11 de noviembre lo hará España en una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, CNT, CO.BAS, la Intersindical y otras organizaciones. Entre el 20 y el 22 llegarán las jornadas europeas. Y el 29 de noviembre hay elecciones generales en España, apenas 18 días después del paro.
La secuencia ofrece una oportunidad, porque la calle fija la agenda antes de que se abran las urnas, y un riesgo, porque el calendario electoral puede absorber la energía de un movimiento que hasta ahora ha ido por delante de los partidos. Nuestra apuesta es que la autonomía del movimiento, y no su delegación en ningún gobierno, es lo que sostiene las conquistas.
Algunas propuestas
Preparar el 11 de noviembre desde abajo. Los comités de huelga de barrio y de centro de trabajo son la infraestructura que permite que un paro de 24 horas deje algo detrás. Quien aún no esté en uno puede acercarse al sindicato de inquilinas o a la sección sindical más próxima y pedir que le integren, y quien ya esté puede proponer que ese comité siga funcionando después del día 11 como espacio de coordinación.
Convertir el 20, 21 y 22 de noviembre en jornadas locales con contenido propio. Hasta donde hemos podido comprobar en las fuentes consultadas, todavía no hay un listado cerrado de actos por ciudad, así que conviene seguir los canales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y de los sindicatos locales, y proponer actos que conecten lo que cada barrio vive, con el alquiler, los precios, las escuelas y los centros de salud, con las decisiones de gasto que se toman en Bruselas y en la OTAN. En la Comunitat Valenciana, donde el desahucio y el alquiler son una emergencia sostenida, eso significa llevar la convocatoria a asambleas de barrio, sindicatos y centros educativos, y no limitarse a difundirla en redes.
Exigir compromisos medibles a las candidaturas del 29 de noviembre.Una posición clara sobre el 5 % de la OTAN, la fiscalidad de las grandes fortunas y el control de los precios de la vivienda, dichas en público y con calendario. Un programa que nadie defiende en las instituciones se queda en reivindicación, y uno que se delega por completo se diluye, de modo que la presión social debe sostenerse antes y después de las urnas.
Abrir el debate con las plantillas de la industria militar y con sus sindicatos. Reclamar el fin del rearme sin ofrecer una alternativa de empleo digno a quienes trabajan hoy en esas plantas regala el argumento al adversario. Una reconversión industrial planificada, con garantías de empleo y salario, es lo que convierte una consigna en un proyecto, y las cifras de empleo por millón invertido en educación y sanidad dan base material para defenderla.
Cuidar la organización frente a la represión y la provocación. Eso implica llevar a las manifestaciones apoyo jurídico, cajas de resistencia para multas y detenciones, y protocolos de autoprotección acordados en asamblea. Los 70.000 efectivos del dispositivo policial francés y las cerca de mil detenciones del 24 de octubre muestran lo que los Estados están dispuestos a desplegar.
Traducir, compartir y contrastar. Una coordinación europea que solo circula en un idioma no es europea. Publicar la declaración en varias lenguas, mantener un calendario común y abierto de actos, y contrastar las cifras de asistencia con fuentes independientes de gobiernos y organizadores, como ocurre con los 410.000 y los 800.000 manifestantes del 24 de octubre, es trabajo de comunicación al servicio de la organización.
La coordinación internacional no gana por sí sola. Pero sin ella, cada derrota local se vive como una fatalidad nacional y cada victoria como una excepción. Si el 20, 21 y 22 de noviembre sirven para que miles de personas descubran que su caso no es un caso aislado, habrá empezado algo más importante que tres días de manifestaciones.
- EFE, vía ABC Color. «Sindicatos de inquilinos de siete países europeos acuerdan en París tres días de protestas» (3 de noviembre de 2026).
- Poder Popular. «De las luchas locales a la movilización europea» (8 de noviembre de 2026).
- El Salto. «Sindicatos de inquilinos y laborales registran la huelga del 11 de noviembre por la vivienda y los salarios».
- Vanguardia (AP). «Nuevas protestas arrecian en Europa contra el costo de vida y deterioro de la educación».
- La Región. «Más de 250.000 personas salen a la calle en Francia durante la huelga general» (5 de noviembre de 2026).
- Prensa Libre (EFE). «Europa manifiesta por la vivienda, educación y el costo de la vida» (24 de octubre de 2026).
- Infobae (EFE). «Los sindicatos convocan una huelga y manifestaciones en Francia el 5 de noviembre» (5 de octubre de 2026).
- Funcas. «Planes de defensa de la UE», Funcas Intelligence (marzo de 2026).
- EcoAvant. «El rearme europeo crea menos empleo que invertir en educación o sanidad», sobre el informe 75 del Centre Delàs (23 de octubre de 2026).
- Infobae. «Rearme militar en Europa, entre recortes sociales y endeudamiento récord» (5 de mayo de 2026).
- Le Grand Continent. «Casi una mayoría de europeos se opone al gasto en defensa» (8 de julio de 2026).
- Infobae (Europa Press). «Estonia presenta un presupuesto que destina más del 5 % del PIB en gasto en defensa» (28 de septiembre de 2026).
- Euronews. «España afronta una huelga general por la crisis de la vivienda el 11 de noviembre» (7 de octubre de 2026).
- El Salto. «La contracumbre de vivienda ‘El Barrio’ acuerda construir una coalición internacional contra el rentismo».
- infoLibre (Mediapart). «Los sindicatos de inquilinos cruzan fronteras y se unen para convocar una huelga juvenil en Europa».
- Infobae (EFE). «UGT confirma que la huelga general será el 11 de noviembre» (7 de octubre de 2026).
