En la sesión extraordinaria del Comité Central celebrada el lunes 12 de octubre este órgano que representa la máxima dirección entre congresos ha acordado trasladar la convocatoria del XXII Congreso del PCE a febrero de 2027; suspender los debates internos durante casi dos meses para -arguyen- mejor preparar la Huelga General y las elecciones de Noviembre; y congelar el censo de afiliación con derecho a voto. Seguidamente, analizamos lo que estas medidas pueden implicar sobre la orientación política y la democracia interna de esta organización.
El acuerdo adoptado por el Comité Central del PCE el 12 de octubre de 2026 traslada las sesiones plenarias del XXII Congreso de diciembre de 2026 al 20 y 21 de febrero de 2027. Pero no es una simple modificación del calendario. El acuerdo suspende el proceso de debate entre el 13 de octubre y el 8 de diciembre, paraliza temporalmente las asambleas precongresuales y fija una fotografía del censo interno (DAR-PCE) con fecha inmediata del 13 de octubre. En conjunto, tales medidas alteran las condiciones en las que la militancia podrá discutir las tesis de unos documentos que ya se han quedado obsoletos por la actualidad política y social de los últimas semanas, así como presentar enmiendas y decidir el rumbo político y organizativo del partido teniendo en cuenta las nuevas realidades.
Aunque la «excusa» son la convocatorias de Huelga y las Elecciones Generales, resulta harto cuestionable que el proceso asambleario en curso dentro del partido pueda dificultar realmente el trabajo político en las movilizaciones sociales convocadas. Al menos en teoría, la organización de un partido comunista debe servir siempre para intervenir en la lucha de clases y, a la vez, garantizar que su militancia pueda debatir y decidir colectivamente la orientación, la estrategia y la composición de su dirección. Plantear que ambas cosas son incompatibles implica una ideología burocrática poco defendible.
Es más, aplazar el Congreso no resuelve las dificultades políticas y organizativas existentes, las aplaza e incluso multiplica al demorar su afrontamiento.
| Hito / Fase del Proceso | Calendario Original (CC 19/07/2026) | Calendario Modificado (CC 12/10/2026) | Observaciones e Impacto Organizativo |
| Convocatoria formal del Congreso | 26/04/2026 | 26/04/2026 | Se mantiene la convocatoria formal aprobada por el Comité Central |
| Cierre de censo («Foto Fija» DAR-PCE) | 13/10/2026 | Determina el derecho a voto y participación según la condición de activo o deudor a esa fecha | |
| Suspensión del proceso de debate | No contemplada | 13/10/2026 al 09/12/2026 | Congela las asambleas para volcar la actividad militante en la huelga (11N) y las elecciones (29N) |
| Adaptación de calendarios territoriales | Hasta el 13/09/2026 | Nueva fecha límite: 31/10/2026 | Permite a las organizaciones del Partido reajustar sus calendarios internos al nuevo marco |
| Debate en núcleos y asambleas de base | Fase previa regular | 09/12/2026 al 17/01/2027 | Comprime el debate de base a poco más de un mes, coincidiendo con el periodo festivo |
| Celebración de Conferencias territoriales | Otoño de 2026 | Fecha límite: 24/01/2027 | Límite para realizar los congresos de organizaciones territoriales y la UJCE |
| Recepción de enmiendas y delegados en el CC | Previa a diciembre de 2026 | Fecha límite: 28/01/2027 | Plazo máximo para remitir al Comité Central las actas, enmiendas aprobadas y listados |
| Reunión de delegaciones e Informe de Gestión | Previa al Congreso | 01/02/2027 al 07/02/2027 | Las delegaciones debaten el informe de gestión y envían sus actas/posiciones antes del 10/02/2027 |
| Envío de materiales definitivos a delegaciones | Previa al Congreso | 15/02/2027 | Remisión del resumen del informe de gestión, enmiendas y trabajos de ponencias |
| Celebración del XXII Congreso del PCE | 12 y 13 de diciembre de 2026 | 20 y 21 de febrero de 2027 | Traslado del pleno estatal del Congreso al primer trimestre del año siguiente |
Un debate congresual obsoleto y de espaldas a la realidad social.
¿Qué sentido tiene aplazar el debate de unos documentos congresuales que, además, fueron elaborados antes de las recientes movilizaciones por la vivienda, de la convocatoria unitaria de Huelga General y de las Elecciones anticipadas en Noviembre? La decisión de la dirección del partido impone que la militancia tenga que valorar unos análisis obsoletos, sin tener en cuenta la realidad social e incluso electoral que ahora se vive. Es más, en el debate asambleario sobre los documentos político y organizativo, ni siquiera se podrán tener en cuenta los resultados de la Huelga General e incluso de las elecciones generales, que sin duda van a ser relevantes.
Precisamente, las movilizaciones, los conflictos laborales y las campañas aportan experiencia que debe incorporarse al debate estratégico del PCE. Interrumpir el proceso congresual en pleno periodo de lucha social dificulta que esa experiencia se traduzca en posiciones, propuestas y decisiones colectivas sobre ellas lo más concretas y apegadas a la realidad de la lucha de clases.
Por ello mismo, si hubiera problemas de compatibilidad entre el calendario de movilizaciones y el Congreso (lo que resulta harto discutible), la prioridad sería buscar fórmulas para hacer ambas cosas, como reorganizar actividades, facilitar la participación territorial o adaptar mejor los plazos concretos. Sin embargo, aplazar el Congreso para lo único que sirve es para reducir y restringir las posibilidades de participación de la militancia en la gestión del partido.
Un aplazamiento que limita la participación interna y elude la rendición de cuentas.
Fijar el censo congresual el 13 de octubre de 2026 vincula la participación a la situación de cada militante en esa fecha, ya que según los estatutos hace falta una antigüedad de dos meses para poder votar. Esto se quiere hacer, además, en un periodo de movilización resulta contradictorio que quienes se incorporen después del cierre no puedan participar en el proceso que decidirá la orientación futura del partido.
Y a esta restricción significativa se añaden otras ya existentes, como el requisito del 35 % de apoyo en las conferencias territoriales para trasladar las enmiendas al plenario estatal, la reserva de puestos en las comisiones de Credenciales y Resoluciones para integrantes del Comité Central saliente, o el al aval del 10 % del Comité Central para constituir plataformas de opinión.
El efecto conjunto de estas medidas plantea una pregunta política esencial: ¿facilitan que las distintas posiciones se confronten en igualdad de condiciones o refuerzan la capacidad de las dirección saliente para controlar el resultado? Un umbral alto del 35% puede impedir que posiciones con respaldo minoritario significativo lleguen al debate general; la presencia de la dirección saliente en los órganos que califican el proceso genera dudas sobre su imparcialidad; y exigir el aval de una parte de esa dirección para organizar plataformas dificulta la coordinación de quienes discrepan.
La unidad comunista no se construye evitando el desacuerdo, sino mediante la discusión política y procedimientos que permitan a la militancia decidir de forma efectiva. Justo lo contrario del enfoque planteado.
Finalmente, el Congreso del PCE es el momento en que la dirección somete su actuación al balance colectivo: decisiones, resultados, insuficiencias y responsabilidades, además de la orientación futura y la elección de quienes la aplicarán. Aplazarlo prolonga el periodo en que la dirección saliente sigue ejerciendo sin haber completado ese proceso de evaluación y renovación. No hace falta atribuir intenciones ocultas para resaltar que este es otro efecto indeseable del aplazamiento congresual que dará mayor margen de maniobra a la dirección saliente actual.
El XXII Congreso que ya no será
El XXII Congreso debería ser la oportunidad de evaluar críticamente la trayectoria del PCE y debatir cómo recuperar una intervención más eficaz en los centros de trabajo, los barrios y los movimientos sociales. Para esta labor de reconstrucción política como partido de clase se necesita tiempo, participación y garantías. El aplazamiento decidido por la actual mayoría minoritaria (mayoría por la sobre representada en la dirección y minoritaria en el conjunto de la organización territorial) no asegura ninguna de ellas: la interrupción del debate, su concentración en un periodo corto, el censo congelado y las barreras a las enmiendas lastran la capacidad de intervención de la militancia.
Por estas razones, el Congreso debería celebrarse en las fechas inicialmente previstas, salvo que existieran causas objetivas, excepcionales y debidamente justificadas que lo hagan materialmente imposible. Lo que no ocurre, ciertamente.
Movilización y democracia interna nunca son objetivos enfrentados; presentarlos como incompatibles supone aceptar una concepción burocrática y oportunista de la organización en la que la actividad exterior sirve para mantenerse en la dirección al precio de alejarse de la lucha de clases realmente existente. La unidad del PCE no se fortalece aplazando el debate. Se fortalece garantizando que la militancia pueda decidir, con tiempo y en condiciones democráticas, qué partido necesita la clase trabajadora.
En definitiva, el argumento de la «responsabilidad» del PCE ante la clase trabajadora actúa como un escudo retórico para justificar la paralización de la democracia interna. El aplazamiento no protege la intervención del partido en las luchas sociales, sino que debilita la acción política al privarla de una perspectiva estratégica justo en un momento de mayor intensidad política, y extendiendo el mandato de la dirección saliente sin rendición previa de cuentas.
