Seguidamente incluimos una nota informativa elaborada a partir del análisis de Aurelio Angelini sobre la situación actual en Italia y buena parte de Europa.
En la primavera de 2023, un estudiante montó una tienda de campaña frente al rectorado del Politécnico di Milano para denunciar el precio de los alquileres. En pocas semanas había tiendas en Roma, Bolonia, Florencia, Padua y Cagliari. La reivindicación era casi tímida, una vivienda asequible y una educación a la altura del bienestar prometido, y justamente esa modestia delata la profundidad de la grieta. Cuando estudiar en una ciudad universitaria cuesta lo que un sueldo de entrada, el derecho a estudiar se convierte en un privilegio de clase.
La ciudad convertida en hotel
Venecia, Roma, Barcelona, Lisboa o Ámsterdam siguen la misma trayectoria. Un piso alquilado por noches rinde más que uno alquilado a una familia, así que la vivienda migra del mercado residencial al turístico. Suben los alquileres, cierran los comercios de barrio, las escuelas pierden matrícula, y quienes llevaban generaciones en el centro acaban expulsados hacia la periferia. Las protestas contra el sobreturismo de Barcelona, Palma y Canarias en 2024, y las coordinadas en 2025 en varias ciudades del sur de Europa, son esta misma lucha vista desde el otro lado del mostrador.
El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita.Henri Lefebvre, 1968
Vivienda, salarios y poder
La vivienda duele más porque se suma a la erosión de los salarios. Contratos temporales, parcialidad involuntaria, falsos autónomos y plataformas que trocean la jornada en microtareas pagadas a destajo componen un mercado laboral donde hay trabajo, pero cada vez más pobre. La inteligencia artificial añade una incertidumbre más. El problema no es la tecnología sino quién se queda con sus beneficios, porque si van a dividendos y no a salarios o a reducción de jornada, la desigualdad se ensancha.
Detrás hay un modelo de poder. La riqueza se concentra en finanzas, plataformas digitales, energía fósil y minería, y allí la frontera entre poder económico y político se vuelve porosa, con financiación de partidos, influencia mediática y lobby. Polanyi ya advirtió en 1944 de que dejar al mercado como único árbitro del destino de las personas y de la naturaleza conduce a la demolición de la sociedad. Cuando esa concentración se combina con la inseguridad social, la extrema derecha encuentra su espacio prometiendo menos regulación y menos redistribución, y desvía el conflicto desde quien posee hacia quien migra. El conflicto vertical se convierte en uno horizontal entre víctimas de la misma precariedad.
Rearme y clima: quién lo paga
El gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2,7 billones de dólares, un 9,4 % más en términos reales que el año anterior y la mayor subida interanual desde, al menos, el fin de la Guerra Fría.2 La OTAN ha fijado además un objetivo del 5 % del PIB para 2035. Cada euro destinado a armas es un euro que no se invierte en vivienda, escuelas, sanidad o adaptación climática. Y quienes sufren las olas de calor, las inundaciones y las sequías son, otra vez, quienes viven en barrios mal construidos y trabajan a la intemperie. En la Comunitat Valenciana sabemos bien lo que significa que la factura de una catástrofe como la DANA recaiga sobre la gente de a pie.
¿Nuevo 68? Lo que se parece y lo que no
El 68 también nació en las universidades, a partir de demandas concretas, y se extendió a las fábricas y a la oposición a la guerra. Hoy hay señales de convergencia, con los movimientos por la vivienda dialogando con los antituristificación y las huelgas climáticas cruzándose con las movilizaciones por la paz y por Palestina. Pero el 68 se dio en una economía en expansión, con sindicatos fuertes y partidos de masas capaces de traducir la calle en reformas. Los movimientos actuales, en cambio, carecen de interlocutor político, lo que conlleva el riesgo de agotarse en estallidos o de ser absorbidos por quien promete protección señalando al migrante en lugar del casero.
Qué hacer
Lo primero es organizarse donde se vive. Los sindicatos de inquilinas, las asambleas de barrio y los comités contra los desahucios son la forma más probada de convertir el malestar en poder colectivo duradero, y los grandes ciclos de protesta solo prosperan cuando el descontento encuentra una organización que perdura. Lo segundo es exigir a las administraciones que saquen la vivienda de la lógica de la renta, con zonas tensionadas declaradas y límites al alquiler aplicados, regulación estricta de pisos turísticos y de temporada, y un parque público de alquiler asequible que no se venda al mejor postor.
Lo tercero es unir los frentes en lugar de sumarlos, con convocatorias conjuntas entre inquilinas, sindicatos de clase, ecologismo social y movimiento por la paz. Lo cuarto es disputar el relato, devolviendo cada vez la pregunta a su sitio: quién es propietario, quién especula, quién se beneficia. Y lo quinto es llevar a los presupuestos municipales y autonómicos la comparación entre lo que se gasta en armamento y lo que falta en vivienda, sanidad y educación.
La tienda frente a la universidad, la manifestación por la vivienda, la huelga climática y la protesta contra el rearme formulan una misma pregunta: ¿quién decide y en interés de quién? Las ciudades, donde la expulsión es más visible y donde se concentran estudiantes, trabajadores precarios y nuevos movimientos, son el laboratorio natural para responderla. La alternativa es habitar una ciudad-hotel gobernada por unos pocos o construir una comunidad viva, en paz y con futuro.
- Aurelio Angelini, «La ciudad negada, el trabajo precario, el alto coste de vida, el rearme y la crisis climática: ¿es este el amanecer de un nuevo 68 contra el hiperliberalismo?», Sinistrainrete.
- SIPRI, Trends in World Military Expenditure, 2024 (abril de 2025).
