Seguidamente reproducimos un buen artículo de Marco Alagna. Además de los datos, aporta un análisis con el que coincidimos planteando que la fragmentación popular obliga a pensar en nuevas formas de agregación política, no solo en nuevas consignas. Es interesante conocerlo, aunque no compartamos por ejemplo lo de poner tanto peso en la inmigración, infravalorando otros ejes estructurales como la vivienda, salarios, inflación o crisis de servicios públicos. Lo más importante, sin embargo, es la conclusión de que la izquierda no está perdiendo solo votos, sino el idioma común que permitía convertir malestares dispersos en proyecto político compartido. Esa es la tesis de fondo del artículo, y también su advertencia estratégica insoslayable.
Marco Alagna Morales
Según una reciente encuesta, el 60 % de los españoles considera que el número de inmigrantes en el país es “demasiado elevado”. Este dato, procedente de una encuesta de 40dB para El País publicada el 4 de mayo de 2026, no tendría nada de excepcional en la Europa contemporánea si su distribución política no fuera tan llamativa. Entre los votantes del PSOE, cerca del 40 % comparte esta opinión. Entre los de Sumar y Podemos, en torno a un cuarto también.
La fractura ya no separa simplemente a una derecha hostil a la inmigración de una izquierda que todavía se muestra favorable a esta. Atraviesa ahora también, en España, a la propia izquierda.
El caso español resulta interesante precisamente porque ilustra una dinámica de fragmentación de las coaliciones populares que hoy es observable a escala europea. La interpretación más inmediata consistiría en ver en ello una derechización ideológica de los electorados populares, o incluso el inicio de una convergencia cultural con Vox. No es imposible. Pero esta lectura quizás deje escapar lo más importante: lo que una lectura estrictamente descriptiva de la encuesta no permite ver. Porque decir que hay “demasiados inmigrantes” no significa necesariamente adherirse a un discurso antiinmigración coherente y estructurado. Con frecuencia, se trata más bien de utilizar el vocabulario político disponible para expresar un malestar cuyas causas reales se encuentran en otro lugar.
Además, el caso español es bastante revelador porque la mayor parte de la inmigración reciente procede de América Latina o de otros países europeos. En un país donde una gran parte de los inmigrantes comparte la lengua o una relativa proximidad cultural –un 75 % al sumar latinos y europeos–, la creciente centralidad de la cuestión migratoria sugiere precisamente que las tensiones expresadas desbordan ampliamente la mera cuestión identitaria.
En numerosos barrios populares de Cataluña, Andalucía o las periferias madrileñas, las preocupaciones cotidianas no aparecen espontáneamente bajo la forma de un “problema migratorio”. Se trata ante todo de alquileres imposibles de pagar, de salarios bloqueados desde hace años, de hospitales saturados, de precariedad persistente –de la sensación difusa de perder progresivamente el control sobre sus propias condiciones de vida–. Pero en la medida en que el debate público encuadra principalmente estas tensiones en términos migratorios, la inmigración acaba absorbiendo frustraciones cuyo origen se sitúa con frecuencia en otro lugar.
Durante gran parte del siglo XX, los grandes partidos socialdemócratas y de izquierda lograron mantener relativamente unidos a grupos sociales muy diferentes gracias a una promesa común de ascenso social, estabilidad económica y protección colectiva. Obreros industriales, empleados públicos, pequeñas clases medias asalariadas y parte de las juventudes urbanas podían todavía reconocerse en horizontes políticos relativamente comunes. El conflicto político principal articulaba las sociedades en torno a dicotomías estables: capital contra trabajo, redistribución contra mercado, izquierda contra derecha.
La desindustrialización, la globalización, la precarización del trabajo, la explosión del coste de la vivienda, el debilitamiento de los sindicatos y la creciente separación entre las grandes metrópolis dinámicas y las periferias económicas han reconfigurado profundamente la estructura social europea. A esto se añade una fractura cada vez más visible: el nivel de estudios se convierte progresivamente en un eje de fractura política. Las izquierdas europeas retienen en gran medida a los electorados urbanos más cualificados y culturalmente abiertos, mientras pierden una parte creciente de las categorías populares menos integradas en la economía globalizada.
Pero el problema de las izquierdas europeas va probablemente más allá de una simple pérdida electoral. Lo que se fragmenta no es únicamente una alianza política: es el propio mundo social que permitía mantenerla unida.
Hace apenas unas décadas, un obrero industrial, un empleado público, un pequeño asalariado urbano o un joven de clases populares compartían más fácilmente instituciones comunes, referencias culturales próximas, trayectorias sociales comparables, espacios de sociabilidad relativamente conectados. Hoy, las experiencias materiales y territoriales divergen de forma mucho más profunda. La vivienda, la escuela, el acceso a un empleo estable, la relación con la globalización o incluso la percepción de la inmigración ya no se experimentan desde posiciones comparables. Las categorías populares europeas siguen existiendo, pero cada vez menos dentro de un mismo universo social compartido.
España parecía durante mucho tiempo relativamente protegida de esta evolución. La memoria del franquismo, la debilidad histórica de una extrema derecha organizada y la capacidad del PSOE para absorber gran parte del electorado obrero durante la transición democrática habían limitado durante décadas la aparición de una fractura comparable a la observada en Francia o en Italia.
Durante varios años, Podemos logró politizar una parte importante del malestar social surgido tras la crisis de 2008. El movimiento de los Indignados había permitido reformular las frustraciones colectivas en un lenguaje centrado en la austeridad, las desigualdades y la crítica a las élites económicas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en 2019 entre Pedro Sánchez y Podemos produjo progresivamente un efecto político ambiguo: evitó ciertamente un giro centrista hacia Ciudadanos y mantuvo una orientación más social del gobierno, pero para una parte del electorado joven y precario, la esperanza de una transformación profunda del modelo económico también comenzó a diluirse en las rutinas institucionales de un centroizquierda percibido como cada vez más orientado hacia las clases medias urbanas y los jubilados relativamente protegidos.
Es precisamente en esta desorganización de las antiguas referencias sociales donde Vox encuentra hoy parte de su espacio. El partido de extrema derecha no prospera únicamente porque habla de inmigración. Prospera porque logra ofrecer una interpretación política simple a experiencias de precarización e inseguridad económica que muchos votantes sienten que ninguna otra fuerza política parece dispuesta a nombrar. Allí donde parte de la izquierda habla de complejidad económica, de restricciones presupuestarias o de interdependencia global, Vox propone una promesa mucho más elemental: la recuperación del control colectivo.
Este proceso desborda con mucho a España. En Alemania, una parte creciente de las clases populares del Este se vuelca hacia AfD en un contexto de desindustrialización y de sentimiento de abandono territorial. En Italia, Giorgia Meloni ha logrado articular soberanía nacional y aceptación parcial de la inmigración económica mediante un discurso de control soberano de las fronteras. En Francia –probablemente el caso más revelador– el antiguo bloque popular históricamente construido en torno al PCF y luego a la izquierda social se ha desintegrado sin que ninguna fuerza haya logrado reconstruirlo. Mitterrand primero, Jospin después, luego Hollande en menor medida, habían conseguido aglutinar estos electorados heterogéneos. La desaparición progresiva del PCF como infraestructura territorial popular y el hundimiento del Partido Socialista han dejado desde entonces un espacio fragmentado: La Francia Insumisa capta una parte de los barrios populares urbanos y de las juventudes precarizadas, mientras que otra parte de las categorías populares –más periféricas, más desconectadas de las grandes metrópolis– se vuelca hacia el Rassemblement National o hacia la abstención.
Esta fragmentación no significa simplemente que la izquierda pierde al pueblo. Significa más fundamentalmente que el propio bloque popular cesa progresivamente de existir como experiencia social relativamente unificada. Las nuevas fracturas –jóvenes precarios contra jubilados protegidos, metrópolis globalizadas contra periferias territoriales, titulados contra no titulados, insiders de la globalización contra outsiders– ya no coinciden con los antiguos ejes de conflicto. Y ninguna fuerza política europea de izquierda ha logrado todavía reconstruir un horizonte colectivo suficientemente potente para cohesionar de nuevo a estos grupos dispersos.
El PSOE había logrado hasta ahora mantener esta síntesis. Al absorber gran parte del espacio abierto tras la crisis de 2008, conservando al mismo tiempo su anclaje en una parte de las clases populares y de los jubilados, el PSOE de Pedro Sánchez había conseguido preservar una coalición social más amplia que las observadas en otros lugares de Europa occidental. Pero la fractura revelada por la encuesta de opinión de 40dB sobre la inmigración sugiere que esta excepción quizás empiece a resquebrajarse. España podría entonces entrar en una recomposición duradera y comparable a la que ya se observa en Francia, Italia o Alemania: fragmentación de los antiguos bloques populares, ascenso de una derecha nacional-conservadora, dificultad creciente de las izquierdas para mantener un espacio común entre electorados urbanos cualificados y categorías populares más precarizadas.
En un momento en que parte de la izquierda francesa se interroga sobre la necesidad de hablar más de inmigración para reconquistar las categorías populares, la trayectoria española sugiere quizás otra lección. Porque cuando problemas fundamentalmente sociales –explosión del coste de la vivienda, precariedad del trabajo, sensación de desclasamiento o debilitamiento de las protecciones colectivas– acaban traduciéndose principalmente en el lenguaje de la inmigración, el debate político tiende mecánicamente a desplazarse hacia el terreno de las fuerzas que han construido precisamente su centralidad en torno a esta cuestión. El riesgo para la izquierda no es entonces solo electoral. Es también perder progresivamente la capacidad de imponer las categorías a través de las cuales las sociedades interpretan su propio malestar.
