NO A LA «PRIORIDAD NACIONAL». LA PRIORIDAD SON LOS DERECHOS
Condenamos y rechazamos el principio de “Prioridad Nacional” introducido en la legislación valenciana mediante la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.
El principio de “Prioridad Nacional” supone una deriva política altamente preocupante, ya que vulnera los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes, introduciendo criterios discriminatorios y socavando el principio de igualdad de trato en las leyes valencianas al vincular el acceso a la vivienda y a otros servicios o recursos públicos con la nacionalidad, el origen, la situación administrativa o con su supuesto “arraigo”, supeditado a su “voluntad efectiva de integración”, “relación efectiva y afectiva al territorio”, “vinculación y permanencia” mediante el empadronamiento, “trayectoria de cotización” o “contribución al sostenimiento del sistema”.
La gravedad de estos cambios normativos reside en que la “Prioridad Nacional” no constituye una medida aislada, sino un cambio de enfoque en las políticas públicas que cuestiona el principio fundamental de igualdad de trato y no discriminación. Al establecer preferencias en función de la nacionalidad y otros criterios excluyentes, se abre la puerta a la restricción de derechos y al trato desigual entre vecinas y vecinos que viven en la Comunitat Valenciana.
Estas medidas son incompatibles con el marco normativo internacional, europeo y estatal de protección de los derechos humanos, al vulnerar los principios de igualdad de trato y no discriminación que deben orientar la actuación de los poderes públicos.
Desgraciadamente, la adopción del principio de “Prioridad Nacional”, con toda la gravedad que comporta, debe enmarcarse en una tendencia de largo recorrido de endurecimiento de las normas, los procedimientos administrativos y las políticas públicas dirigidas a las personas migrantes. El racismo institucional se ha ido intensificando en los últimos años y se manifiesta en ámbitos diversos: desde las políticas de asilo y control fronterizo hasta la persistencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), pasando por el aumento de obstáculos y barreras para acceder al empadronamiento, puerta de entrada a derechos fundamentales como la sanidad, la educación y otros servicios públicos.
Por todo ello, condenamos el principio de “Prioridad Nacional” adoptado por PP y Vox en el Gobierno valenciano y exigimos al Consell de la Generalitat Valenciana y a Les Corts Valencianes, en el ámbito de sus respectivas competencias, la derogación inmediata de todas las disposiciones que lo establecen.
Ni la administración pública ni los partidos políticos pueden incitar al racismo y al odio hacia las personas migrantes, refugiadas y racializadas, sino que deberían adoptar políticas públicas inclusivas que pongan en el centro a las personas, independientemente de su nacionalidad, su origen o tiempo de residencia en el Estado español.
Perseguir y criminalizar a las personas migrantes y refugiadas, tratándolas como ilegales o fraudulentas, constituye un agravamiento de los discursos y delitos de odio.
Ninguna persona debería ver limitado su acceso a derechos fundamentales por el lugar donde nació.
Firma y ayúdanos a defender una Comunitat Valenciana más justa e inclusiva.
Esta iniciativa parte de una campaña impulsada por València pels Drets de les Persones Immigrades, un espacio formado por más de 40 colectivos de personas migradas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en València.
