¿Presupuestos sociales del Estado para 2027?

El pasado 3 de junio de 2026, ante el foro del Cercle d’Economia en Barcelona, el presidente Pedro Sánchez despejó las incógnitas sobre el rumbo de la legislatura. El Gobierno renuncia oficialmente a presentar las cuentas de 2026 y concentrará todo su capital político en el ejercicio de 2027, año en que también están previstas las elecciones legislativas ordinarias. Este anuncio, que bien podría valorarse como una huida hacia adelante; la búsqueda de un cierto rédito político evitando una negociación parlamentaria tortuosa por la extrema fragmentación actual del Congreso.

Es en esta línea donde cabría situar las declaraciones presidenciales hacia un futuro proyecto presupuestario que promete que será el “más ambicioso de la historia” en gasto social y vivienda, al tiempo que silencia la realidad existente de una importante deuda estructural del estado y del compromiso fiscal contraído con Bruselas de recorte del gasto.

La decisión de prorrogar las cuentas actuales para saltar directamente a 2027 responde a una maniobra de supervivencia con dos ejes claros. En primer lugar, permite trasladar la presión a los socios de investidura hacia un escenario de “todo o nada” en el tramo final de la legislatura. Lo que viene de perlas, recordemos, a quienes desde la izquierda se refugian en la justificación del “mal menor” para seguir chupando sillones.

En segundo lugar, el Gobierno utiliza la reforma del modelo de financiación autonómica —que inyectaría unos 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades— como el incentivo definitivo para atraer el apoyo de partidos regionales y nacionalistas, con un foco evidente en asegurar la estabilidad en Cataluña.

No obstante, este recurso sistemático a la prórroga presupuestaria conlleva riesgos e inconvenientes. Además de la rigidez que impone al gasto, obligando a depender de decretos-leyes para ajustes puntuales, supone un desgaste institucional considerable, como venimos sufriendo.

El relato oficial de expansión social choca con los grandes números. Es cierto que la deuda pública bajó 3,3 puntos en 2024, situándose en el 101,8% del PIB, y se proyecta que retroceda hasta el 100,8% a finales de 2025. Sin embargo, este descenso es insuficiente frente a los desafíos que se avecinan:

• Déficit Desviado: Mientras el objetivo fiscal se fija en el 1,8% para 2027, la previsión real escala hasta el 2,4%.
• Gasto Primario bajo la Lupa: La Comisión Europea ya ha advertido sobre el riesgo de incumplimiento si el gasto primario neto no se contiene. La proyección actual de crecimiento del 4% anual excede los compromisos de consolidación.
• Cláusulas de “respiro”: La única vía de escape técnica reside en las “cláusulas de flexibilidad” de la UE, que podrían permitir ciertos excesos si se justifican por inversiones en defensa o transición energética, dando un margen estrecho para sostener el gasto social.

Esta disparidad convierte el anuncio del “mayor gasto social” en una propuesta baladí. La deuda solo es sostenible si la economía crece por encima del coste de financiarla; con tipos de interés elevados, el margen para servicios públicos se estrecha peligrosamente.

Las proyecciones de la AIReF son claras: el impacto del envejecimiento es una presión estructural irreversible sobre las cuentas públicas, al requerir más servicios y prestaciones:

“El gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración aumentará en 5 puntos del PIB hasta 2070. Sin ajustes, España se enfrenta a un escenario crítico en 2050 con un déficit cercano al 7% y una deuda disparada hasta el 129% del PIB.”

Del mismo modo, desde una perspectiva de clase, el crecimiento del PIB es una métrica vacía si el problema de la vivienda sigue intacto. El acceso al hogar no se resuelve con crecimiento abstracto, sino con inversión directa en alquiler social y control de precios. El reto para 2027 es mayor al coincidir con la fase final de los fondos NextGeneration de la UE.

Cuando el flujo de recursos europeos se agote, el Estado español sufrirá una “doble presión”: deberá asumir el coste de las inversiones sociales con recursos propios mientras, simultáneamente, se enfrenta a un control mucho más estricto del gasto por parte de Bruselas. La capacidad de ejecutar este gasto social sin desequilibrar las finanzas será el verdadero examen de fuego para el Gobierno. Porque, para estabilizar la deuda en un nivel razonable del 62% del PIB para el año 2050, la AIReF estima necesario un ajuste total de 3,16 puntos del PIB, lo que equivale a unos 50.000 millones de euros actuales. Estas cifras demuestran que la “ambición histórica” de 2027 debe convivir con una disciplina fiscal que obliga a avanzar justo en el sentido contrario y que, en cualquier caso, conduce a una clara disyuntiva entre armamentismo o gasto social.

El proyecto para 2027 intenta amalgamar objetivos que compiten por los mismos recursos. La sostenibilidad se tensiona cuando se intentan financiar, simultáneamente, el refuerzo del Estado del bienestar y una nueva agenda de industria militar.

Esto, en rigor, plantea un verdadero dilema, porque la inclusión de la inversión en defensa eleva el ajuste fiscal necesario desde los 3,16 puntos hasta los 4,76 puntos del PIB. Se trata pues de una elección política que pone al límite la capacidad de maniobra del Estado que solo podrá obtener mayores recursos financieros apelando a alguna de estas vías, ninguna de las cuales es neutral, políticamente:

A la luz de las consideraciones realizadas, la  viabilidad de unos Presupuestos de 2027 como los anunciados estaría, en el mejor de los casos, muy condicionada. Presentar un máximo histórico de gasto social con un déficit del 2,4% y una deuda que no logra bajar del umbral del 100% sugiere que el plan carece de mecanismos de financiación garantizados a largo plazo.

La pregunta central que debería hacerse desde la izquierda, además de por qué seguir atados a un gobierno social-liberal que solo promete y no cumple, es si caben políticas sociales reales sin asumir reformas estructurales y políticas valientes frente a los poderes económicos, todo lo contrario de lo actuado hasta el presente por la coalición PSOE-Sumar.

Mientras los partidos institucionales siguen volcando sus energías en las listas y convocatorias electorales que vendrán, lo que a nosotros -a la población trabajadora en el sentido más amplio- nos preocupa es que el deterioro de las condiciones de vida mayoritarias continúa y solo la derecha y los ultras lo utilizan para su propio beneficio.