En cuatro meses, PP, Vox y Junts han eliminado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y tramitado una ley que abre la puerta a los desalojos exprés, al tiempo que los “progresistas” miraban para otro lado. Seguidamente incluimos una referencia mínima del consistente análisis del compañero Juanjo Ramón, portavoz de la PAH.
Cada cuatro minutos, alguien pierde su hogar en España. El Consejo General del Poder Judicial registró 24.540 desahucios en 2025. El 74,6% fueron por impago de alquiler. Es decir, una familia expulsada de su vivienda cada 28 minutos, en día hábil, a lo largo de todo el año.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial publicados en marzo de 2026 son de una precisión demoledora. 18.317 desahucios por impago de alquiler, 4.356 por ejecuciones hipotecarias y al menos 1.877 causas adicionales sin desglosar públicamente. Un total de 24.540 lanzamientos judiciales ejecutados, ojo, durante durante el año en que la moratoria antidesahucios todavía estaba parcialmente en vigor. Mientras tanto, los juicios por ocupación sin título —el bulo que centra el debate político— cayeron un 20,2% más.
Estos números son resultado de décadas de políticas que han tratado la vivienda más como activo financiero que como derecho constitucional. Lo que en los últimos cuatro meses, por iniciativa del bloque formado por PP, Vox y Junts se está acelerando con la eliminación, una a una, de las escasas protecciones que quedaban en pie.
La cronología del desmontaje
Lo que ha ocurrido desde enero de 2026 no admite lectura casual. Es una secuencia deliberada, con fechas rastreables y consecuencias directas sobre decenas de miles de familias:
27 ENE. 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía la revalorización de pensiones y la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
26 FEB. 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria presentada de forma independiente. Unos 70.000 procedimientos suspendidos quedan reactivados de inmediato. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara.
21 ABR. 2026, Proposición de ley del PP admitida a trámite. Iniciativa que plantea desahucios exprés para bancos y fondos de inversión; rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros, así como la derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
29 ABR. 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado con 177 votos en contra. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a contratos que vencieran hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Las más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo jurídico.
24 MAY. 2026. Más de 40 manifestaciones en todo el Estado. El movimiento por la vivienda llama a la huelga general y a la desobediencia frente a lo que constituye realmente una dictadura del rentismo.
El resultado es que ninguno de los tres partidos que votaron contra la moratoria ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas. El PP argumentó inseguridad jurídica e invasión de competencias autonómicas. Junts adujo competencias catalanas. Vox rechazó que se beneficiara a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Tres argumentarios distintos, un mismo efecto: 70.000 familias expuestas a desahucio inmediato, mientras que los sectores “progresistas” miran para otro lado.
Datos que no admiten relativización
El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS sobre principales problemas mencionan la vivienda. Es el registro más alto de la historia del organismo sobre un único problema, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas. La crisis de vivienda ha dejado de ser un problema de colectivos vulnerables para convertirse en la experiencia común de una mayoría social ampliada, de trabajadores con empleo estable, familias acomodadas o profesionales que hasta hace pocos años consideraban esto un problema ajeno.
Mas datos para mejor constatar la situación:
| INDICADOR | DATO | CONTEXTO |
| Precio medio alquiler (España, T1 2026) | 14,78 €/m² | +9,1% interanual · Madrid: más de 21 €/m² |
| Solicitudes por vivienda disponible | 141 | En 10 días. Barcelona: 453 personas por inmueble |
| Caída de oferta de alquiler (2026) | 14.391 | Viviendas menos en el mercado respecto al año anterior (–2,1%) |
| Reducción oferta vivienda asequible (3 años) | –42% | Banco de España |
| Déficit acumulado de viviendas | 983.000 | Al ritmo actual de construcción: 60 años para cerrarlo |
| Vivienda social sobre el parque total | <2% | Países Bajos: 24% · Francia: 9% |
| Ciudadanía que señala vivienda como problema principal | 49,8% | CIS mayo 2026 · Máximo histórico del organismo |
La contradicción del Gobierno progre.
Un día después de que el PP presentara su proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros a cinco años. Pero asociaciones como Amnistía Internacional, ya señalaron las limitaciones de este plan, al establecer como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación irregular; no garantizar que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social existente; y que las ayudas directas al alquiler sin control paralelo de precios corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.
Lo que en realidad muestra este Plan del gobierno es que se persiste en mantener la misma contradicción estructural entre los derechos básicos y el rentismo. Sin ampliación masiva de la vivienda pública y sin medidas de contención de precios, el plan no resuelve el problema, lo aplaza en el mejor de los casos. Y mientras el Gobierno destina 7.000 millones a construir vivienda asequible, el Congreso tramita una propuesta para que los fondos de inversión puedan desahuciar más rápido. Estos son los hechos.
La respuesta desde las calles hacia la huelga
El 24 de mayo, decenas de miles de personas se movilizaron en Madrid y otras ciudades, convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales. La denuncia principal es que el mercado funciona como una máquina de empobrecimiento y expulsión.
Pero el dato político más relevante no es el tamaño de las marchas, sino su composición. Por primera vez en mucho tiempo, no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas. La ampliación de la base social del conflicto de vivienda es la precondición para el paso siguiente. Desde los sindicatos de vivienda y los sindicatos laborales se trabaja conjuntamente hacia una huelga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.
La salida esta, pues, en la movilización por el reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda, evitando que se consolide el actual modelo en el que la vivienda es un activo para quienes pueden acumularla y una amenaza permanente para quienes dependen de ella para vivir.
