Europa endurece sus fronteras y externaliza el control migratorio.

El 12 de junio entra en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, la reforma más profunda de la política migratoria de la Unión Europea desde su fundación. Más allá de los cambios técnicos, el acuerdo expresa un giro ideológico manifiesto. La primacía de los derechos humanos que se mantenía al menos sobre el papel cede ante la imposición abierta de un modelo de control, selección y externalización que reduce garantías para quienes buscan protección y traslada la responsabilidad del Estado hacia las fronteras del sur global.

Este giro tiene como precedente lo sucedido en 2015, cuando la Unión Europea recibió 1,2 millones de solicitantes de asilo procedentes de las guerras en África y Oriente Medio. Los países del sur —Grecia, Italia, España— quedaron desbordados mientras el Grupo de Visegrado se oponía con firmeza a cualquier sistema de cuotas obligatorias de reubicación. Alemania y Suecia absorbieron cerca de la mitad de las solicitudes, pero el esfuerzo generó tensiones internas y alimentó discursos antimigrantes que aún siguen creciendo.

Diez años después, en torno a 2024 y con la participación destacada del gobierno español, se alcanzó el pacto en un clima político todavía más hostil. El tiempo transcurrido no trajo más solidaridad sino más muros y cortapisas, hasta llegar al presente en que va a ponerse en práctica una reforma normativa muy dura contra la libertad de circulación de las personas y los derechos humanos.

Todo migrante que llegue “sin papeles” a las fronteras exteriores de la UE quedará sometido a identificación biométrica y registro de huellas dactilares. El sistema Eurodac se amplía para almacenar una cantidad mayor de datos biométricos por persona, normalizando la detención fronteriza y convirtiendo a quienes migran en sujetos permanentes de vigilancia estatal con garantías jurídicas sensiblemente reducidas. No se trata de una medida de seguridad, es mucho más. Implica la construcción de una base de datos de personas en situación de vulnerabilidad, gestionada por aparatos estatales cuya neutralidad en materia migratoria está en entredicho.

Del mismo modo, la reforma que va a entrar en vigor en la UE establece un plazo máximo de doce semanas para decidir si pueden ingresar al territorio de la UE. Esta presión temporal para presentar certificaciones y pruebas documentales de la situación personal de la persona demandante favorece rechazos automáticos y dificulta el análisis individual de cada caso, precisamente el mecanismo que el derecho internacional exige.

“La presión por velocidad reduce el margen de garantía procesal y favorece rechazos automáticos. Cada semana menos es una vida menos revisada.”

Establece igualmente la reforma normativa que cuando un país miembro enfrente una presión migratoria elevada, los demás Estados deberán contribuir a reubicar solicitantes de asilo en su territorio, abonar una compensación de 20.000 euros por traslado rechazado, o bien ofrecer apoyo logístico. Esto implica la posibilidad para que los países pueden pagar en lugar de acoger. Es decir,  que las economías más ricas —y con mayor peso político— puedan optar por la compensación económica, perpetuando la carga sobre los países de primera línea del sur europeo y evitando cualquier redistribución real de responsabilidades.

De este modo, la externalización no es solo logística, también ideológica y política, al permitir trasladar la responsabilidad del Estado hacia países con menos garantías jurídicas, desplazando la carga del control al sur global y protegiendo el mercado interno de la UE de cualquier cuestionamiento sobre quién produce la riqueza que después se niega a compartir.

Bruselas considera ahora seguros para “externalizar” posibles contigentes a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez. La designación no es inocua: si una persona solicitante de asilo proviene de uno de estos países, su petición se tramita por vía exprés con altísimas probabilidades de desestimación, sin derecho a revisión individual del caso y traslado a alguno de estos países.

PAÍS	PROBLEMÁTICA DOCUMENTADA	IMPLICACIÓN PRÁCTICA
Marruecos	Represión de la disidencia, violencia en frontera	Procedimiento exprés, alta probabilidad de desestimación
Colombia	Crisis de derechos humanos, amenazas a líderes sociales	Incluido pese a la situación documentada por la ONU
Egipto	Dictadura, detención arbitraria, tortura	Devoluciones automáticas sin revisión individual
Túnez	Acuerdos con la UE para centros de acogida externalizados	Pieza clave del modelo de externalización
Bangladesh	Persecución de minorías, represión sindical	Solicitudes tramitadas como abusivas por defecto

La relación de España con el Pacto actual no es la de un país receptor pasivo. Es la de un actor que lo construyó y que después ha visto cómo el edificio se desplazaba en una dirección que ha optado por criticar, de cara a la opinión pública sobre todo.

Durante el segundo semestre de 2023, la presidencia española del Consejo de la UE situó el Pacto Migratorio como su primera prioridad. En octubre de ese año, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska logró desbloquear el último reglamento pendiente —el mecanismo de gestión de crisis— que llevaba años atascado. En diciembre, la presidencia española cerró el acuerdo político con el Parlamento Europeo sobre los cinco reglamentos clave. Grande-Marlaska lo calificó de “histórico” y celebró haber dado a Europa “un pacto trascendental en una cuestión que durante muchos años fue motivo de división”.

La contradicción política de ese momento con el actual resulta difícil de ignorar. Ya en 2024, un gobierno de coalición progresista presidía y aceleraba la aprobación de un marco que endurecía controles, creaba procedimientos acelerados y establecía el mecanismo de solidaridad flexible —el que permite pagar para no acoger— que sus propios aliados de izquierda en Europa criticaban abiertamente.

Mientras negociaba el Pacto en Bruselas, España vivía en casa una crisis migratoria sostenida. Las Islas Canarias registraron más de 46.000 llegadas en 2024, y en febrero de 2025 el Gobierno canario tutelaba a más de 5.800 menores no acompañados —el 36,5% del total nacional— con centros al 123% de su capacidad. La demanda de un reparto solidario entre comunidades autónomas, bloqueada sistemáticamente por el PP, reproducía a escala interna el mismo patrón que el Pacto intentaba resolver a escala europea, que unos pocos soportan la carga mientras los demás pagan —o no pagan— para eludirla.

El desenlace más revelador llegó en diciembre de 2025: cuando el Consejo aprobó el Reglamento de Retorno y la nueva definición de “tercer país seguro”, España fue el único Estado que votó en contra. Grande-Marlaska expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” y alertó de un posible impacto negativo en las relaciones con socios clave. Francia y Portugal se abstuvieron; el resto votó a favor.

En resumen, el Pacto que el gobierno progresista de España construyó en 2023 dio lugar a  las reformas de 2025 que entran en vigor el 12 de junio y que España ahora rechaza.

Sabido es que el sistema económico capitalista utiliza históricamente la migración como herramienta de división social. Porque le permite estigmatizar al migrante para justificar el recorte generalizado de derechos, ganar votos mediante el miedo y mantener una reserva de trabajo precario y sin derechos que presiona a la baja las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.

En este marco, quienes pierden son evidentes: las personas que huyen de guerras, crisis climáticas y regímenes represivos a quienes el Pacto cierra las vías legales mientras les criminaliza las ilegales. Pero también pierde la clase trabajadora europea en conjunto, que ve como la xenofobia se convierte en combustible electoral y los derechos colectivos retroceden en nombre de la “seguridad”.

“No hay modelo migratorio neutral. El Pacto elige: elige el control sobre el derecho, la velocidad sobre la garantía, la externalización sobre la solidaridad.”

Por tanto, el nuevo Pacto apunta a redefinir el modelo migratorio europeo para las próximas décadas.  Más que un acuerdo de solidaridad es un instrumento de selección control y exclusión que biometriza y registra masivamente migrantes acelera procedimientos reduciendo garantías externaliza responsabilidades a terceros países y vulnera el principio de no devolución mediante países seguros

La pregunta que queda es hasta cuándo resistirán los movimientos de solidaridad y las organizaciones sociales este modelo de fronteras cerradas.