Europa en pie: movilizaciones masivas por la enseñanza, la vivienda o los salarios.

No puede ser mera casualidad que, mientras en la UE se financia el rearme y las guerras ajenas, los servicios públicos de la mayoría de países se caigan a pedazos. Un artículo de Lavinia Marchetti en Sinistrainrete.info sugería que es la lucha de clases tras la lucha de clases. Quizás sería mejor hablar de la lucha de clases tras el fin de la historia que vanamente hipotetizaba el amigo Fukuyama.

Las guerras coloniales en Oriente Medio, el genocidio en Gaza, las sanciones a Rusia, la financiación sin límite de Ucrania y el rearme que impulsan las élites europeas tienen una factura. Esa factura se está presentando en las aulas, en los alquileres, en los surtidores y en las nóminas. Y empieza a haber respuesta.

Seine-Saint-Denis es joven, pobre y lleva años recibiendo una escuela pública peor que la que le promete la República. Faltan profesores, hay edificios con filtraciones y ratones, y los falsos techos ceden. Un informe parlamentario calcula que un alumno del departamento pierde el equivalente a dieciocho meses de clase a lo largo de su escolaridad por la ausencia de docentes y la dificultad para sustituirlos.

Los institutos bloquearon sus entradas y la protesta se extendió mucho más allá de París hasta hacerse nacional. El rearme ya forma parte de las reivindicaciones.

«Somos una generación que no quiere ir a morir en la guerra, sino estudiar.»Marius Mesnil, 18 años, director de la Union syndicale lycéenne

No son solo estudiantes. El 29 de septiembre más de 170 manifestaciones recorrieron el país contra el presupuesto de 2027 y la congelación salarial de los funcionarios. Participaron 206.000 personas según el Ministerio del Interior y más de 300.000 según la CGT. En la calle había docentes, personal sanitario y empleados de las administraciones locales, y los bomberos mantienen una convocatoria de huelga que cubre casi sin interrupción septiembre y octubre.

Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, hay más de cinco mil detenidos desde el inicio de la protesta, muchos de ellos menores. La policía ha usado gas lacrimógeno y LBD, las balas de goma que ya conocimos con los Chalecos Amarillos. Un joven de 16 años resultó gravemente herido en un ojo y un chico de 14 sufrió heridas en la boca y los dientes al recibir en la cara un bote de gas. El Gobierno ha prohibido manifestaciones en el entorno de cientos de centros escolares.

Hubo incendios y ataques a agentes, y era previsible que los hubiera. Pero basta mirar la proporción para entender el problema político. Adolescentes que piden profesores y aulas dignas reciben a cambio antidisturbios y miles de detenciones, el vocabulario habitual de la seguridad aplicado a una generación que piensa en su futuro. ¿Significa la paz pública obediencia? Francia ofrece esta semana un caso de estudio bastante brutal.

María del Carmen Abascal tiene 87 años y llevaba setenta viviendo en el mismo piso de Madrid. Su desahucio se ha convertido en uno de los detonantes de la movilización contra los alquileres abusivos. La Puerta del Sol y muchas otras palzas se llenaron de tiendas de campaña que siguen resistiendo mientras miles de personas se movilizan en más de cincuenta ciudades.

Esto no fue suficiente al parecer y el Congreso tumbó por 178 votos contra 172 los dos decretos del Gobierno destinados a frenar los desahucios y reforzar la protección de los inquilinos. Incluso dentro del gobierno de coalición con el PSOE, Pablo Bustinduy, ministro de Sumar, pronunció una frase que hacía tiempo que no se oía en la política europea, «Hoy es conflicto de clases», y acusó a los votantes en contra de proteger a una oligarquía internacional que cobra dividendos de los salarios.

Claro que la lucha de clases tiene mucho que ver. En Francia se expresa en la enseñanza aunque no solo y en España en la justicia social.

Desde hace semanas, agricultores y transportistas protestan en Calabria por el precio del combustible y por el abismo entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. En Cosenza dejaron estiércol ante la prefectura, hubo bloqueos que paralizaron el tráfico durante horas y las acciones continúan en varias localidades. Los organizadores hablan abiertamente del coste de la vida y de unos ingresos recortados. Importa que ocurra en el Sur, donde durante décadas el malestar se resolvió con la emigración individual, marcharse y buscarse la vida en otro sitio. Esta vez la gente se ha quedado y ha cortado la carretera.

Bruselas es hoy uno de los frentes más calientes. El 9 de octubre, según el relato de Crónica, la policía contó 30.000 manifestantes y el sindicato FGTB hasta 50.000. Los sindicatos FGTB y CSC rechazan que se toque la indexación automática de los salarios, que se suba el IVA o que la jornada laboral se calcule en cómputo anual. El detonante es el ajuste de unos 10.000 millones de euros que negocia el Gobierno federal del nacionalista flamenco Bart De Wever.

La marcha fue solo un aviso. La FGTB tiene mandato para convocar una huelga general durante la semana del 23 de noviembre si el Ejecutivo cruza sus líneas rojas. El lunes 12, la CGSP convocó una jornada de huelga en el sector público que afectó sobre todo al ferrocarril, con servicios mínimos en todo el país. El dirigente sindical Delmée sitúa estos recortes dentro de lo que llama un «dictado europeo», y lo extiende a Bélgica y a España. Es una lectura del propio sindicato y no un dato, pero encaja con lo que se ve en el resto del continente.

En Alemania se mueven dos frentes a la vez. El primero es el de los estudiantes. El 25 de septiembre los organizadores contaron más de 45.000 alumnos en un centenar de ciudades, mientras la policía solo ofreció cifras parciales, como unas 2.400 personas en Berlín. Conviene ser precisos con lo que se protesta. La ley en vigor desde enero de 2026 mantiene el servicio militar voluntario, y activar el servicio «según las necesidades» exigiría una nueva decisión del Parlamento. Lo que rechazan los jóvenes son los cuestionarios y los reconocimientos médicos, que ven como antesala. Si no se alcanzara el objetivo de 260.000 soldados, el Gobierno prevé recurrir a un sorteo entre los declarados aptos. Su consigna lo dice sin rodeos, «Los ricos quieren la guerra, los jóvenes quieren el futuro», y han convocado una nueva jornada para el 20 de noviembre, con la exigencia de retirar la ley.

El segundo frente es el sindical. El 26 de septiembre, el DGB afirma que 175.000 personas salieron en 15 ciudades contra los planes del Gobierno de Friedrich Merz sobre pensiones, jornada laboral y protección social. Las cifras se discuten. En Hamburgo el sindicato habló de 13.000 personas y la policía de hasta 5.000. Merz, tras unos resultados electorales desastrosos para su partido, había dicho que las reformas tienen que llegar, y no ha rectificado.

La conexión con el rearme es concreta. El presupuesto militar alemán de 2026 asciende a 108.200 millones de euros, el 2,69 % del PIB. Es el dinero que, según el Gobierno, falta para las pensiones.

Francia, España, Calabria, Bélgica y Alemania comparten un patrón. Son sociedades a las que durante años se dieron respuestas técnicas, empezando por «no hay dinero», y que vuelven al conflicto colectivo, eso que antes se llamaba lucha de clases. Entretanto, la Unión Europea moviliza hasta 800.000 millones de euros para Preparación 2030 y en 2026 ha cerrado otros 90.000 millones en préstamos a Ucrania, de los que 60.000 se destinan indicativamente a asistencia militar. Son decisiones presupuestarias, tomadas por los mismos gobiernos que nos explican lo difícil que es encontrar fondos para escuelas, vivienda y servicios públicos.

Hoy no existe un único movimiento europeo. Existen, sin embargo, un calendario y una oportunidad. Y la respuesta del poder a peticiones legítimas y verificables ya la conocemos, con prohibiciones, detenciones y vocabulario de orden público.