PP, Vox y Junts tumban la prórroga del alquiler rechazando convalidar el decreto del gobierno Sánchez-Díaz
El Congreso de los Diputados rechazó este 28 de abril la convalidación del decreto que prorrogaba hasta dos años los contratos de alquiler que vencieran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, además de limitar al 2% la actualización anual de las rentas. La norma decayó con los votos en contra de PP, Vox y Junts, mientras el PNV se abstuvo. El resultado deja en una situación de incertidumbre a millones de personas inquilinas en pleno encarecimiento de la vivienda.
Este decreto había entrado en vigor un mes antes como respuesta, bastante criticada desde el propio movimiento por la vivienda, al deterioro económico y al fuerte aumento del coste de la vivienda. Permitía a quienes tuvieran contratos próximos a finalizar solicitar una ampliación extraordinaria y evitar subidas bruscas del alquiler.
Según los datos difundidos en el debate parlamentario, la medida podía beneficiar a alrededor de 2,7 millones de personas vinculadas a más de un millón de contratos que vencen entre 2026 y 2027. Para muchos hogares suponía evitar incrementos anuales de entre 2.000 y 4.000 euros.
La mayoría parlamentaria defiende al mercado inmobiliario, pero el Gobierno también tiene responsabilidad.
La votación volvió a mostrar una mayoría conservadora capaz de bloquear medidas sociales básicas. PP y Vox justificaron su rechazo alegando que la regulación reduce la oferta de vivienda. Junts se sumó al bloque contrario tras semanas de negociación fallida con el Gobierno. Más allá de los argumentos formales, el mensaje político es claro: se prioriza la rentabilidad de propietarios, fondos de inversión y grandes tenedores frente a la estabilidad residencial de millones de familias trabajadoras.
La derrota no puede explicarse solo por la derecha parlamentaria, que ya había anunciado su talante. Distintas fuerzas de izquierda criticaron la escasa implicación del PSOE en la negociación y la ausencia de una estrategia sólida para asegurar apoyos. Incluso durante el debate hubo reproches públicos desde socios del Ejecutivo por no haber defendido con suficiente firmeza la medida. Esto vuelve a evidenciar una carencia estructural: gobernar sin una política de vivienda ambiciosa, sostenida y conflictiva frente a los intereses especulativos conduce a retrocesos recurrentes. Gobernar al margen del pueblo conduce al desastre.
La caída del decreto abre varias consecuencias inmediatas. Los contratos que vencen próximamente quedan expuestos a renegociaciones al alza o a no renovaciones. También surge incertidumbre jurídica sobre quiénes solicitaron la prórroga mientras la norma seguía vigente, cuestión que previsiblemente acabarán resolviendo los tribunales. En un mercado donde los salarios crecen muy por debajo de los alquileres, cada retroceso regulatorio empuja a más hogares al sobreendeudamiento, al hacinamiento o al desplazamiento forzoso.
Problema de fondo y alternativas necesarias
Como se ha reiterado ampliamente, España arrastra un modelo basado en el escaso parque público de viviendas de alquiler; la financiarización de la vivienda; la turistificación urbana; concentración de la propiedad en grandes tenedores y una precariedad salarial juvenil y trabajadora.
Mientras la vivienda siga tratándose como activo financiero y no como derecho social, cualquier medida parcial será insuficiente. Nunca bastó, por tanto, con recuperar este decreto. Hace falta una agenda más amplia que incorpore las medidas defendidas por el movimiento por el derecho a techo:
- Ampliación masiva del parque público de vivienda
- Límites efectivos a precios en zonas tensionadas
- Penalización de vivienda vacía especulativa
- Protección reforzada a inquilinos ante no renovación abusiva
- Prohibición de desahucios sin alternativa habitacional
- Movilización social sostenida del movimiento por la vivienda
Soberanía y Trabajo de Andalucía también propone cuatro medidas necesarias, en la línea señalada.
La caída, previsible incluso, de la prórroga del alquiler no es un episodio parlamentario circunstancial. Es una decisión política con consecuencias materiales para millones de personas. Cuando acceder a una vivienda digna se vuelve imposible para amplias capas sociales, bloquear protecciones mínimas significa agravar deliberadamente la crisis habitacional. La cuestión de fondo permanece intacta: o se limita el poder del mercado inmobiliario, o seguirá creciendo la inseguridad residencial de la mayoría social.
El gobierno actual del PSOE-Sumar (IU+PC) conoce sin duda la situación, pero su política nunca fue la de enfrentarse al poder económico y financiero del sector. ¿Cómo puede considerársele progresista en tales circunstancias?
