Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y las asociaciones de víctimas de la DANA rechazan participar en la mesa convocada por el Consell para el 4 de mayo y elevan un pliego de condiciones irrenunciables, explicitadas en la nota de prensa difundida este mismo día.
Año y medio después de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, los pueblos afectados por la DANA siguen sin colegios dignos, con alcantarillados destruidos y sin un plan hidráulico integral que garantice su seguridad. En ese contexto, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), junto a las asociaciones de víctimas de la DANA 29-O, han anunciado su negativa a participar en la mesa de trabajo convocada por la Generalitat Valenciana para este lunes 4 de mayo de 2026. La razón es tan sencilla como contundente: consideran que dicha mesa no ofrece ninguna interlocución válida ni vinculante, y que el Consell pretende seguir haciendo escenografía institucional mientras las condiciones de vida de los afectados continúan deteriorándose.
Las asociaciones de víctimas ya habían expresado su rechazo días antes, denunciando que el orden del día de la reunión no respondía a las necesidades reales y urgentes de la ciudadanía, centrado en cuestiones organizativas y de imagen institucional antes que en los problemas concretos de las personas damnificadas. Los CLER suscriben ese diagnóstico y añaden sus propias condiciones, que articulan en un posicionamiento político de largo alcance.
El acta de Mazón, primera condición
El primer punto del pliego de los CLER toca la fibra más sensible del debate político valenciano: la exigencia de que el presidente Pérez Llorca obligue a Carlos Mazón a entregar su acta de diputado en Les Corts y a renunciar a los privilegios económicos que le otorga la legislación de expresidentes. La posición es rotunda: mientras eso no ocurra, no puede haber verdad, ni reparación, ni justicia.
Si de verdad el nuevo ejecutivo está comprometido con la reparación, ha de exigirle el acta. Si no es así, todo acto es un lavado de cara para distanciarse de la gestión del anterior presidente, pero con las mismas políticas que nos llevaron al desastre”. Posicionamiento de los CLER, 4 de mayo
No es una demanda nueva, pero sí urgente. La jueza instructora del caso dio en febrero los primeros pasos hacia la imputación formal de Mazón, elevando exposición razonada al TSJCV; sin embargo, el expresidente continúa amparado por el fuero como diputado autonómico. Mientras tanto, desde su oficina de expresidente sufragada con dinero público, ha colocado a su exjefe de gabinete con garantía de sueldo hasta la jubilación. Los CLER rechazan explícitamente el auto del Tribunal Superior de Justicia que exculpó a Mazón y lo declaró irresponsable: para ellos, esa resolución judicial no zanja el debate político ni moral sobre la gestión criminal de la emergencia.
La Horta no es un activo inmobiliario.
La segunda exigencia sitúa la defensa del territorio en el centro del debate sobre la reconstrucción. Los CLER denuncian que el Decreto-ley 4/2025, aprobado por el Consell el 4 de febrero de 2025 bajo la cobertura argumental de la reconstrucción post-DANA, supuso en realidad la apertura de suelos hasta entonces protegidos a usos residenciales y la supresión del Consell de l’Horta, el órgano de autogobierno del paisaje agrario creado por la ley del Botánico en 2018. La reforma eliminó además el carácter vinculante de los informes medioambientales y flexibilizó los parámetros urbanísticos en zonas de protección especial. El propio decreto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar y Mixto del Congreso.
Frente a ello, los CLER exigen la derogación íntegra de ese decreto-ley y la restauración de la Ley 5/2018 de la Huerta de València, la prohibición de construir en zonas inundables respetando la cartografía de riesgos y una moratoria inmediata sobre macroproyectos comerciales e industriales en suelo de huerta en municipios como Paterna, Aldaia, Alfafar, Massanassa, Picassent, Torrent, Picanya o Xirivella. Esta moratoria, señalan, deberá mantenerse hasta que existan mecanismos de participación ciudadana vinculantes. Frente a los proyectos de muros de hormigón para encauzar el agua, plantean soluciones basadas en la naturaleza y la reforestación de las cuencas altas para frenar la velocidad de la lámina de agua en caso de nuevas avenidas.
Reconstrucción sí, pero sin corrupción ni especulación.
El tercer eje del posicionamiento denuncia lo que los CLER llaman una “economía especulativa post-DANA”. El modelo de contratación pública que se está desplegando en la reconstrucción genera, según los comités, una concentración de negocio en empresas con historial opaco o vinculadas a casos de corrupción, sin control ciudadano efectivo sobre el destino de los fondos europeos y estatales. La exigencia es un modelo radicalmente distinto: adjudicaciones transparentes, competitivas y bajo auditoría ciudadana, con una métrica de retorno social que garantice que las inversiones benefician directamente a los damnificados y no a los intereses de grandes grupos constructores.
De la reconstrucción a la deconstrucción.
El cuarto punto es quizás el más ambicioso. Los CLER no quieren que se reconstruya lo que había antes porque lo que había antes era ya un sistema de vulnerabilidad estructural: la misma urbanización en zonas inundables, la misma especulación con el suelo, los mismos déficits en infraestructuras básicas. Por eso proponen el concepto de “deconstrucción”: no reparar el estado anterior, sino transformar el territorio para que el riesgo sea manejable.
En términos concretos, eso significa prioridad absoluta y presupuesto ilimitado para la reconstrucción de todos los colegios —inaceptable, dicen, que los niños y niñas lleven año y medio en barracones—, renovación urgente de la red de alcantarillado, paralización de todos los desahucios en zona afectada, tope a los precios de alquiler y expropiación de fondos buitre para resolver la emergencia habitacional. Reclaman también un plan hidráulico integral que resuelva el problema desde la Vall de Chiva hasta la desembocadura del Barranco del Poyo, sin trasladar el riesgo de unos pueblos a otros.
Soberanía ciudadana o nada
El quinto y último punto articula la filosofía política que subyace a todo el posicionamiento: la reconstrucción no puede ser impuesta desde las instituciones, sino que debe nacer desde los propios territorios afectados. Los CLER no aceptan el papel de observadores o de legitimadores institucionales; exigen capacidad de decisión vinculante sobre urbanismo, territorio, educación y salud comunitaria. Este posicionamiento se inscribe en la construcción del llamado Acord Social Valencià, una alianza transversal entre víctimas, comités, sindicatos y movimientos sociales cuyo objetivo es establecer un modelo de gobernanza donde la economía esté al servicio de la vida y no al revés, promoviendo la economía social y cooperativa frente a la precariedad y el abandono institucional.
La decisión de no sentarse a la mesa no es un portazo definitivo, sino una declaración de condiciones. Los CLER dejan claro que participarán cuando haya garantías reales: cuando Mazón entregue el acta, cuando la Horta esté protegida, cuando la contratación sea transparente y cuando los municipios afectados tengan voz vinculante sobre su propio futuro. Hasta entonces, la silla vacía en la mesa de la Generalitat es también un mensaje político: año y medio después, los pueblos de la DANA no están dispuestos a ser escenografía.
REFERENCIAS
- Posicionamiento de los CLER ante la mesa de trabajo de la GVA (4 de mayo de 2026) — Nota de prensa de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción
- Víctimas de la DANA rechazan participar en reunión con la Generalitat — The Objective (2 mayo 2026)
- La jueza de la DANA da el primer paso para la imputación de Carlos Mazón — Libertad Digital (24 feb. 2026)
- El fiscal apoya la pretensión de Mazón de tener acceso a la causa de la DANA — The Objective (30 abr. 2026)
- Mazón garantiza salario público hasta la jubilación a su jefe de gabinete — elDiario.es
- El gobierno valenciano cambia la ley de la Huerta — Brains RE News (feb. 2025)
- Decreto-ley 4/2025 de modificación de la Ley 5/2018 de la Huerta de València — BOE/DOGV
- Recurso de inconstitucionalidad contra el DL 4/2025 — Noticias Jurídicas
