Autoritarismo y crisis de la democracia en Europa.

Acaba de publicarse en Sinpermiso.info un interesante dossier, coordinado por Kim Johnson y con aportaciones de Eleonora Martini y de Michel Forst, relator especial de la ONU para defensa del medio ambiente, que muestra de forma consistente una radiografía clara de la evolución seguida por la política europea sobre libertades civiles. Una evolución desfavorable, ya que están siendo recortadas de forma sistemática en buena parte del continente y que, lejos de tratarse de episodios aislados o de “excesos” puntuales, se trata de una tendencia estructural en la que el derecho de reunión, la protesta y la libertad de expresión son sometidos a regulaciones restrictivas, vigilancia intensiva y, en muchos casos, criminalización abierta.

De la excepcionalidad a la norma

Uno de los elementos más relevantes del análisis es cómo los instrumentos originalmente excepcionales —leyes de seguridad, vigilancia reforzada, sanciones administrativas elevadas— se están integrando en el funcionamiento ordinario de los Estados. Este desplazamiento implica una transformación silenciosa pero profunda. Por ejemplo, la protesta ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una actividad tolerada bajo condiciones cada vez más estrictas. Y también la desobediencia civil no violenta comienza a ser tratada como amenaza al orden público e incluso a la seguridad nacional, del mismo modo que la vigilancia masiva y la recopilación de datos pasan a justificarse como requisitos de gobernabilidad.

El análisis comparado de lo que está sucediendo en cada país muestra, igualmente, que esta deriva no se limita a los gobiernos explícitamente autoritarios:

• En el Reino Unido, se ha producido un endurecimiento significativo de las leyes que regulan la protesta, con especial impacto sobre movimientos sociales y campañas de solidaridad internacional.
• En Italia y Hungría, el proceso adopta formas más visibles: debilitamiento de contrapesos institucionales, presión sobre medios de comunicación y uso de la legislación de “seguridad” para limitar la acción política y social.
• Pero lo más significativo es que dinámicas similares aparecen también en países como Francia, Alemania o Suecia, tradicionalmente considerados democracias consolidadas.
• En el caso de España y la Comunidad Valenciana, sin tener un Salza (Italia) o un Milei (Argentina), se observa no obstante este tipo de perfil, caracterizado por el crecimiento o cuanto menos la continuidad de la represión social, mediante el endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la ley de participación ciudadana para limitar la protesta o la judicialización de activistas y sindicalistas…
• Incluso a escala local, comienza a extenderse la represión de la protesta mediante multas, restricciones administrativas y control intensivo de movilizaciones vinculadas a vivienda, energía o servicios públicos. Todo ello amparado y posibilitado —hay que resaltar— por una legislación mordaza que el gobierno de coalición prometió derogar hace bastantes años.

La conclusión clara es que se ha producido un desplazamiento general autoritario del marco político europeo, al margen del color político de los gobiernos, incluso.

En el dossier se menciona bastante cómo la persecución del ecoactivismo ha dado lugar a nuevas figuras delictivas, aumento de penas y despliegues policiales desproporcionados contra acciones que, en muchos casos, son explícitamente no violentas. A esto se suman otros mecanismos implantados:

• SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), utilizadas para desgastar económicamente a activistas y periodistas.
• Infiltración policial en organizaciones sociales.
• Colaboración con actores privados para intimidar o judicializar la protesta.
• Vigilancia masiva de comunicaciones y redes.

El resultado es un entorno en el que participar en movimientos sociales implica costes crecientes para quienes lo hacen, tanto legales como personales. Mientras que la explicación que proporcionan las autoridades es que, en contextos de incertidumbre económica, crisis ecológica y tensiones geopolíticas como las actuales, resultan imprescindibles para garantizar la seguridad este tipo de medidas:

• Reducir los márgenes de contestación social, especialmente cuando afectan a sectores estratégicos (energía, transporte, logística).
• Priorizar la estabilidad operativa del sistema económico frente a la expansión de derechos.
• Reforzar instrumentos de control preventivo en lugar de mecanismos de mediación política.

Alternativas y conclusiones

Ante este escenario, desde una perspectiva de defensa de las libertades y derechos públicos que tanto esfuerzo supuso conquistar, pueden plantearse algunas orientaciones prácticas:

1. Transparencia y control democrático. Exigir que todo cambio que afecte al derecho de reunión, a la protesta o a la libertad de expresión se debata plenamente en los parlamentos, con participación de organizaciones sociales, juristas independientes y defensores de derechos humanos.

2. Redes de defensa jurídica. Crear redes de abogados y asesores legales accesibles para personas que participan en protestas, especialmente cuando se enfrentan a multas elevadas, demandas o procesos penales. Difundir información clara sobre qué derechos se tienen en la calle, en qué condiciones se puede registrar video, cómo actuar ante identificación policial y qué hacer si se considera que se han vulnerado derechos.

3. Resistir la vigilancia masiva y la criminalización del ecoactivismo. Apoyar campañas que exijan límites estrictos a la recogida de datos personales y la vigilancia de comunicaciones, exigiendo que la regulación de la “seguridad” no se convierta en un instrumento para estigmatizar a quienes se oponen a determinadas infraestructuras o modelos económicos.

4. Fortalecer la coordinación entre países europeos. También la cooperación entre organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos ciudadanos de distintos Estados miembros para denunciar patrones comunes de represión y compartir estrategias legales y de movilización.

5. Exigir el cumplimiento estricto de los estándares europeos.  Hacer presión para que la Comisión Europea y los tribunales europeos apliquen de forma más rigurosa los mecanismos de protección del Estado de derecho, en lugar de actuar con retraso o con excesiva cautela frente a violaciones reiteradas.

6. Derogación de la legislación mordaza española. Luchar desde la calle y las instituciones por el cumplimiento de un compromiso contraído por la coalición de gobierno y que se sigue demorando.

En suma, lo que estamos viviendo casi con independencia del color político de los gobiernos (solo varía la gradación) es una mutación progresiva mediante la que los países europeos tratan de redefinir las libertades y derechos civiles que puedan entorpecer la deriva militarista y autoritaria en curso.

El riesgo, por tanto, no reside solo en leyes concretas, sino en la consolidación de un modelo donde la protesta es gestionada como problema de seguridad. Entender esta transformación es el primer paso para evaluar sus consecuencias y articular respuestas eficaces en defensa de las libertades civiles.

REFERENCIAS