50.000 firmas por una sanidad 100% pública en Cataluña.

El lunes 19 de octubre de 2026, un centenar de personas se concentró ante el Parlament de Catalunya mientras la Marea Blanca, la Marea Pensionista, sindicatos, profesionales sanitarios y entidades vecinales registraban una iniciativa legislativa popular (ILP) para blindar el carácter público del sistema sanitario catalán. Una iniciativa que exige que todos los servicios financiados con dinero público sean gestionados directamente por entidades públicas, y necesita el apoyo de 50.000 firmas para que el Parlament pueda debatirla y en su caso aprobarla.

El texto plantea revertir las externalizaciones, los conciertos y las concesiones sanitarias, y avanzar hacia un modelo universal, sin ánimo de lucro y de gestión pública directa. Incluye reforzar la atención primaria hasta destinarle al menos el 25% del presupuesto de Salut, homologar las condiciones laborales de los profesionales, reforzar la financiación pública y establecer mecanismos de transparencia, control democrático y participación ciudadana. Según la información difundida sobre la iniciativa, entre los casos de reincorporación a la red pública figura el Hospital Sagrat Cor de Barcelona, un centro que forma parte de la red de utilización pública desde 1985 y cuya comunicación institucional se difunde a través de Quirón salud.

La campaña se anunció en abril de 2026, en un clima de fuerte rechazo a los incentivos económicos vinculados a las altas médicas. Su portavoz, Ignacio Laguna, denuncia un deterioro progresivo del sistema, con más externalizaciones, más privatización y listas de espera que en algunas especialidades superan los dos años.

La ILP no ataca una anomalía reciente sino la arquitectura misma del sistema. El SISCAT integra en una sola red los centros que gestiona el Institut Català de la Salut, el resto de centros públicos, los de titularidad privada que prestan servicios previstos en el Pla de Salut y los consorcios público-privados. Esa mezcla explica un rasgo que distingue a Cataluña. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO, a partir de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, en 2017 destinaba el 24,9% de su gasto sanitario autonómico a la concertación, frente al 11,14% de Baleares y el 10,73% de Madrid. Es el último dato comparado que he podido verificar y conviene considerarlo como una tendencia estructural.

El Govern (presidido por el exministro socialista de Sanidad Salvador Illa) sostiene lo contrario. En febrero de 2026, cuando el Gobierno central impulsaba una ley para hacer excepcional la gestión privada, el Departament de Salut reivindicó la colaboración público-privada catalana como un modelo sano frente al de Madrid. No se cuestiona, pues, por qué el dinero público debe sostener una red donde parte del servicio se presta con la lógica del beneficio. Además de que la financiación tampoco cuadra. El gasto ejecutado en 2024 se acercó a los 16.000 millones frente a un presupuesto inicial de 12.800, y la Sindicatura de Comptes cifra el gasto desplazado acumulado en más de 3.600 millones.

Reunir firmas no garantiza nada. En Galicia, una ILP para reforzar la atención primaria llegó al Parlamento con el apoyo de más de 50.000 firmas y fue rechazada en 2023 con el voto del PP. En Andalucía, otra ILP por la sanidad pública, avalada por unas 57.000 firmas, fue aceptada por la cámara pero no podía tramitarse antes de las elecciones. Las dos experiencias muestran que el obstáculo no está en el trámite sino en la correlación de fuerzas, dentro del Parlamento y fuera de él.

Desde una lectura marxista, la ILP toca el punto donde el derecho a la salud choca con la forma mercancía. Mientras la gestión de un servicio pagado con impuestos pueda generar beneficio privado, habrá incentivos para quedarse con la actividad rentable, comprimir plantillas y derivar el resto a lo público. Por eso la demanda de homologar las condiciones laborales de las plantillas pesa tanto como la de gestión directa. Sin ella, revertir un concierto sería un cambio de titular sin mejora para quienes sostienen el sistema.

La esperanza de que votando se pueda cambiar la situación tampoco parece realista a la luz de la experiencia acumulada. El modelo concertado público-privado se consolidó durante décadas con gobiernos de distinto color, y la propia comisión promotora ha dicho que quiere obligar a cada formación a posicionarse sobre la gestión de los servicios públicos.