Francia, a las puertas de la huelga general.

La intersindical francesa acaba de dar un paso que el Gobierno de Sébastien Lecornu intentaba evitar desde hace semanas. Tras una reunión negociadora de más de dos horas en Matignon que terminó sin una sola medida concreta sobre salarios, educación o servicios públicos, la CGT y el resto de organizaciones convocantes han llamado a movilizar el 5 de noviembre con una consigna que va más allá de la jornada de protesta habitual. Llaman a que la huelga en los centros de trabajo se añada a las movilizaciones en calles y plazas. Lo que hasta hace unas semanas era una protesta de estudiantes de instituto en los suburbios del norte de París se ha convertido en un pulso laboral directo con el Ejecutivo.

Sophie Binet, secretaria general de la CGT, salió de Matignon denunciando que el primer ministro no había anunciado «ninguna medida» ni mostrado «ninguna consideración» hacia las reivindicaciones sindicales. Su respuesta fue inmediata y expresada con claridad en una declaración de alcance estratégico.

«Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización; la huelga debe tomar el relevo.» Sophie Binet, secretaria general de la CGT, 21 de octubre de 2026

Conviene matizar, en ese sentido, que el 5 de noviembre ya estaba convocada la Huelga por casi todas las centrales, del sector privado y de la función pública, contra el proyecto de presupuestos para 2027. Lo que ha cambiado ahora es la petición de la CGT y de la intersindical de celebrar asambleas generales en todos los lugares de trabajo para generalizar la huelga ese día «y más allá». Es decir, hay una jornada de movilización nacional convocada y una apuesta, todavía por confirmar, por convertirla en un paro sostenido. Que llegue a ser una huelga general en sentido estricto dependerá de lo que ocurra en las asambleas durante las próximas dos semanas.

En la reunión negociadora el único gesto del Gobierno fue el compromiso del ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, de recibir próximamente a los sindicatos para hablar del poder adquisitivo, algo que las organizaciones no consideran una respuesta política ni presupuestaria. Hay además un dato que puede cambiar la correlación de fuerzas. Marylise Léon, de la CFDT, central de orientación reformista, ha dicho que espera «respuestas sociales» antes del 5 de noviembre, y los cuatro grandes sindicatos ferroviarios han convocado paro para esa misma fecha.  Si el Gobierno no concreta una cifra sobre el salario mínimo antes de esa fecha, el calendario deja de describir una jornada y pasa a describir un ciclo de conflicto.

La convocatoria llega después del 17 de octubre, cuando las protestas estudiantiles, que arrancaron a finales de septiembre en institutos de la periferia norte de París por la falta de profesorado y el deterioro de las instalaciones, confluyeron con las movilizaciones contra el coste de la vida y con la reaparición de los chalecos amarillos. Las autoridades contaron unos 550.000 manifestantes en todo el país y los organizadores hablaron de unos 800.000. La distancia entre ambas cifras es habitual en este tipo de jornadas, pero lo relevante es la composición social de la protesta, en la que se encuentran juventud escolarizada, trabajadores asalariados, jubilados y sectores populares que en 2018 ya habían salido a la calle por motivos parecidos.

Desde una lectura marxista, esa confluencia no es casual. El malestar de los institutos de la periferia, el de quienes no llegan a fin de mes y el de quienes ven recortarse los servicios públicos tienen una raíz común en el reparto del coste de la austeridad. Un sistema educativo con carencias estructurales y un salario que pierde frente a los precios son dos caras de una misma política de contención del gasto social.

La jornada del 17 de octubre dejó enfrentamientos, incendios y saqueos en varias ciudades. Lecornu habló de unas 1.200 detenciones y más de 150 agentes heridos, aunque otros medios elevan el balance de detenidos hasta cerca de 1.800, una discrepancia que en cualquier caso releva la gran dimensión de la respuesta policial represiva. El Gobierno ha planteado un dispositivo reforzado para las nuevas protestas, señalando a la «ultraizquierda» como responsable de los disturbios. E incluso ha propuesto pactar con los sindicatos las condiciones de seguridad de las manifestaciones antes del 5 de noviembre.

Muchos entendemos que se trata de un intento de desviación. El relato institucional trata de situar el foco en la violencia callejera, desplazando del centro del debate lo que reclaman los sindicatos, que son salarios, servicios públicos y un presupuesto distinto.

Y esta oferta del gobierno de garantizar el orden público choca, también, con las investigaciones en curso ante las múltiples denuncias realizadas por violencia policial y agresiones graves a manifestantes. La criminalización de la protesta siempre ha sido una forma de gestionar políticamente un conflicto social que el Ejecutivo no quiere resolver en el terreno salarial.

Entre las reivindicaciones figuran un aumento del 10% del salario mínimo, la indexación de los salarios a los precios, la congelación de precios de bienes y servicios básicos, más recursos para institutos y universidades y mejoras salariales y de pensiones para el empleo público. Frente a eso, el proyecto presupuestario de Lecornu apuesta por contener el déficit mediante la congelación de salarios públicos y límites a la revalorización de las pensiones, y la CGT denuncia que agrava la situación de los colectivos más vulnerables por la congelación de prestaciones^]

El conflicto es, por tanto, sobre quién paga el ajuste fiscal, si las rentas del trabajo y los servicios públicos o el capital. Y lo hace a pocos meses de unas elecciones presidenciales que Francia celebrará en abril y mayo, en un clima de desafección que la extrema derecha intenta capitalizar. De ahí que una huelga con seguimiento masivo colocaría al Gobierno ante un dilema difícil, conceder mejoras sociales que erosionen su disciplina presupuestaria o mantener la línea y asumir un conflicto prolongado. Es mucho lo que está en juego, ciertamente.