Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (CAIT) de Venezuela. Comunicado del 29-6-20.
Las catástrofes naturales poseen la incómoda capacidad de revelar la crudeza de la realidad. No generan las crisis por sí solas; simplemente desmantelan las apariencias que las encubrían. Los dos grandes terremotos que recientemente afectaron a Venezuela, con epicentros en Caracas y La Guaira, no solo movieron las placas tectónicas del Caribe y de América del Sur, sino que rompieron por completo la normalidad política, social y económica de un país que ya luchaba, con gran esfuerzo, por levantarse. Esta tragedia se desata, además, en un contexto ya complejo marcado por la agresión militar del pasado 3 de enero y la imposición del tutelaje norteamericano sobre la nación.
EE.UU. envía militares y equipos: La ayuda como mecanismo de control
Cuarenta y ocho horas después de los terremotos más poderosos que han azotado al país en 125 años, Estados Unidos se ha aprovechado de la catástrofe humanitaria para acelerar la afirmación de su control militar sobre un país que invadió hace apenas seis meses.
El Comando Sur de EE. UU. anunció el despliegue de cerca de 100 miembros de la fuerza aérea en Venezuela para asumir la gestión del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el cual opera parcialmente debido a los daños estructurales. Asimismo, llegaron aproximadamente 130 marines al puerto de La Guaira para colaborar con las autoridades en la reapertura de la terminal, facilitando así la recepción de asistencia humanitaria y equipos pesados.
Varios helicópteros militares estadounidenses han transportado ya al personal del Departamento de Estado encargado de dirigir la misión de ayuda. Paralelamente, el Comando Sur ha confirmado que la Fuerza Espacial de EE. UU. está suministrando imágenes satelitales para evaluar el estado de la infraestructura dañada.
Hasta la fecha, Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a los damnificados. En cuanto a la coordinación en el terreno, el general Kevin J. Jarrard llegó a Caracas la noche del jueves para encabezar la respuesta humanitaria. Por parte del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez nombró al general Juan Ernesto Sulbarán como Autoridad Única para la Emergencia, quedando la zona de La Guaira bajo una estricta administración militar.
El impacto económico: Las cifras de la reconstrucción
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima preliminarmente los daños del doble sismo en 6.700 millones de dólares (equivalentes al 6% del PIB), concentrados principalmente en viviendas y activos en La Guaira y Caracas, sin contar los monumentales costos de reconstrucción a largo plazo.
Aunque el presidente de Fedecámaras descartó un desabastecimiento generalizado y aseguró que el impacto económico será limitado porque el aparato productivo privado sigue operativo, la tragedia amenaza con frenar en seco la frágil recuperación económica tras una década de profunda depresión. Para hacerle frente, el Ejecutivo anunció un fondo de reconstrucción inicial de 200 millones de dólares provenientes de las reservas del FMI, una cifra que los analistas consideran totalmente insuficiente ante la magnitud del desastre.
A esta crisis se suma una deuda soberana que, según diversas estimaciones, podría alcanzar ya los 240.000 millones de dólares. Esta abrumadora cifra complica enormemente la capacidad del Estado para financiar una reconstrucción masiva sin depender del apoyo exterior.
El gobierno bajo la lupa
El doble terremoto ha puesto bajo un intenso escrutinio público la capacidad operativa y la naturaleza del control institucional del Ejecutivo. Lejos de ser un simple reto logístico, la emergencia expone las costuras del Estado: la fricción constante entre el control militar de la seguridad y el flujo libre de la ayuda, el colapso preexistente de la infraestructura sanitaria y un cerco informativo que genera desconfianza mediante cifras inconsistentes de víctimas.
Hoy, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez se juega su supervivencia y su capital político. El manejo de esta crisis determinará si logra consolidarse en el poder o si un paso en falso un escándalo de corrupción o la percepción de desamparo en las calles cataliza movilizaciones masivas de una sociedad que ya no tolera más errores.
Elecciones congeladas y centralidad del poder
Las catástrofes de esta magnitud redefinen las prioridades nacionales y alteran la relación de las clases sociales con el poder. En el escenario actual, la crisis generada por los sismos ofrece el argumento perfecto para justificar el aplazamiento de cualquier proceso electoral o discusión de transición política hasta finales de 2026, congelando también los reclamos salariales bajo la consigna unificada de la reconstrucción nacional.
Sin embargo, en medio de las catástrofes, la solidaridad social suele florecer al margen del aparato político del gobierno. Así lo demuestran los vecinos que remueven escombros con sus propias manos, los estudiantes transformados en rescatistas, los médicos que improvisan hospitales de campaña, y las iglesias, universidades y organizaciones comunitarias que coordinan centros de acopio.
En apenas unos días, ha emergido una fuerza social cuya importancia trascenderá con creces la emergencia actual. Este fenómeno no solo revela las fortalezas y debilidades de las instituciones oficiales, sino también la enorme capacidad de una sociedad para organizarse, cuidar de los más vulnerables y construir respuestas desde abajo; una energía popular que, sin duda, marcará el devenir político del país.
Las sanciones y la confiscación del ingreso petrolero
El doble sismo forzó un cambio pragmático en la comunidad internacional. Estados Unidos anunció un paquete de asistencia humanitaria de 150 millones de dólares y suspendió temporalmente algunas sanciones económicas para facilitar el flujo de fondos de emergencia. Por otro lado, la Unión Europea aumentó su ayuda para las víctimas, pero se negó a modificar sus medidas restrictivas. Esta acción de Washington revela una dura paradoja: las naciones que ahora brindan apoyo temporal son las mismas que imponen las sanciones que han asfixiado la economía de Venezuela y dificultado su capacidad autónoma de respuesta ante los desastres.
El total de activos venezolanos congelados en el extranjero es variable, pero se estima que asciende a miles de millones de dólares. Según el economista Asdrúbal Oliveros, se calcula que el total general es de aproximadamente 22.000 millones de dólares, aunque aún no se ha realizado una auditoría formal. De estos activos, alrededor de 8.000 millones de dólares correspondientes a la venta de petróleo se encuentran bajo el control directo del Departamento del Tesoro de EE. UU.
¿Qué plan de emergencia debemos levantar los trabajadores?
La reconstrucción de Venezuela no debe seguir la lógica del libre mercado ni convertirse en un beneficio para las élites financieras o la burguesía tradicional. Es crucial que el pueblo y la clase trabajadora desarrollen un plan de emergencia nacional basado en la solidaridad activa, la soberanía y el control popular. Para evitar que los recursos se desvíen y la crisis se agrave, se levantan tres exigencias urgentes:
Primero: Los fondos de emergencia del FMI, la ayuda internacional y los recursos liberados por las excepciones de las sanciones deben destinarse exclusivamente a la reparación de viviendas y escuelas, evitando que se pierdan en la burocracia, la corrupción o en las subastas de divisas del BCV.
Segundo: La solución habitacional y logística debe surgir de las comunidades organizadas. El Estado debe facilitar la ayuda sin imponer alcabalas burocráticas, cercos militares ni aceptar intervenciones extranjeras que comprometan la soberanía nacional.
Tercero: La repatriación de los fondos bloqueados es una necesidad vital. Es fundamental exigir la devolución inmediata de los bienes venezolanos retenidos en bancos del exterior debido a las sanciones petroleras. Es inadmisible que, mientras el país enfrenta una grave escasez de presupuesto para maquinaria y medicinas, los recursos propios permanezcan secuestrados. Así mismo la suspensión de le renegocian de la deuda
La clase trabajadora no puede dejarse distraer en medio de la crisis. La derecha tradicional y los sectores conservadores intentarán desviar el debate público hacia debates artificiales y convenientes, pero hoy la prioridad absoluta es atender las necesidades materiales del pueblo, el cual demanda una vida digna y ya se ha movilizado en las calles no solo para rescatar vidas, sino para demostrar que constituye la verdadera mayoría social del país.
