Se van a cumplir doce años de la proclamación de Felipe de Borbón como rey. La Coordinadora de la Marcha estatal por República convoca una marcha en Madrid para el 13 de Junio, realizando un llamamiento titulado “¡Por la Paz, los Derechos y la República!”. Seguidamente incluimos una declaración propia, complementaria digamos, tratando de resaltar varios aspectos menos considerados en el manifiesto institucional.
República, paz y derechos: hacia un proyecto popular de transformación democrática
En un contexto internacional marcado por el rearme, la escalada militar y la creciente subordinación de los Estados a los intereses del capital financiero y del complejo industrial-militar, la reivindicación republicana vuelve a abrirse paso como un espacio de debate político, democrático y social.
La cuestión republicana no puede entenderse únicamente como un cambio institucional o como una discusión sobre la jefatura del Estado. La crisis del régimen surgido de la Transición expresa problemas mucho más profundos: deterioro democrático, concentración del poder económico, pérdida de soberanía popular, precarización de la vida y debilitamiento de los derechos sociales.
Por eso, el debate sobre la república adquiere sentido cuando se conecta con las necesidades materiales de las mayorías trabajadoras y con la aspiración de construir un modelo de sociedad más justo, democrático y solidario.
La monarquía española no es solamente una institución heredada históricamente del franquismo; representa también un determinado equilibrio político y económico. Hablar hoy de republicanismo implica abrir el debate sobre quién decide realmente en nuestra sociedad, qué intereses condicionan las políticas públicas y qué margen existe para una democracia efectiva en un contexto de creciente poder de las élites económicas y financieras.
En los últimos años, millones de personas han experimentado cómo aumentan las dificultades para acceder a una vivienda digna, cómo se deterioran los servicios públicos o cómo los salarios pierden capacidad adquisitiva mientras crecen los beneficios empresariales. Al mismo tiempo, Europa entra en una dinámica de militarización acelerada que desvía enormes recursos públicos hacia el gasto armamentístico.
Ante esta situación, la defensa de la paz no puede separarse de la defensa de los derechos sociales. Cada euro destinado al rearme es un euro que deja de invertirse en sanidad, educación, dependencia, vivienda o transición ecológica. La política militarista y la lógica de bloques profundizan además la subordinación europea a intereses geopolíticos ajenos a las necesidades de los pueblos.
Por ello, un proyecto republicano con capacidad transformadora necesita situar en el centro la soberanía democrática y popular. Eso implica cuestionar no sólo las formas institucionales existentes, sino también las estructuras económicas que limitan la capacidad real de decisión de la ciudadanía.
La construcción de una alternativa democrática amplia requiere avanzar en varios planos al mismo tiempo. Requiere defender derechos laborales y sociales, impulsar servicios públicos fuertes, democratizar la economía, recuperar sectores estratégicos para el interés común y fortalecer formas de participación popular estables más allá de los ciclos electorales.
También exige abordar la cuestión territorial desde el reconocimiento de la pluralidad nacional y cultural existente en el Estado español. Un horizonte republicano difícilmente podrá consolidarse sin una propuesta democrática capaz de integrar el derecho a decidir, el diálogo territorial y nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad y el respeto mutuo.
Del mismo modo, la reconstrucción de un movimiento popular sólido necesita recuperar vínculos sociales y organización de base. Las transformaciones profundas no nacen únicamente de las instituciones ni de las convocatorias puntuales, sino de la capacidad de articular tejido social, conciencia colectiva y participación permanente en barrios, centros de trabajo, movimientos sociales y espacios comunitarios.
La república del siglo XXI no puede limitarse a reproducir modelos del pasado. Necesita responder a problemas contemporáneos: precarización, financiarización de la economía, emergencia climática, digitalización del control social y debilitamiento de los derechos democráticos. Eso obliga a pensar un nuevo proyecto de país donde democracia política y democracia económica avancen juntas.
Frente al individualismo promovido por el neoliberalismo, la idea republicana puede convertirse en un espacio de reconstrucción colectiva, solidaridad y defensa de lo común. Pero para ello debe vincularse claramente a una mejora concreta de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.
La cuestión central no es únicamente elegir entre monarquía o república como formas abstractas de Estado. La verdadera cuestión es qué modelo social, económico y democrático queremos construir y qué papel deben tener las clases trabajadoras y los sectores populares en ese proceso histórico.
Porque una república con contenido popular no es sólo un cambio de símbolos, es la posibilidad de abrir un nuevo horizonte democrático basado en la paz, los derechos sociales, la soberanía popular y la justicia social.
