La Declaración europea de Chișinău atenta contra los derechos universales.

Los 46 Estados del Consejo de Europa, España incluida, acaban de aprobar una reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que allana el camino para deportaciones masivas y campos de internamiento fuera del continente. No es una reforma técnica como pretenden, es un verdadero cambio de civilización.

El Consejo de Europa endurece su doctrina migratoria: soberanía fronteriza, deportaciones y crisis del paradigma de derechos humanos.

El 15 de mayo de 2026, en Chișinău, capital de Moldavia, los ministros de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa firmaron una declaración política que los medios trataron con llamativa discreción. El texto, bautizado como Declaración de Chișinău, no modifica formalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos —el tratado fundacional del sistema europeo de garantías individuales—, pero sí busca redefinir cómo debe interpretarse cuando entra en conflicto con las políticas migratorias de los Estados. Dicho de otro modo: el instrumento que Europa construyó tras el horror nazi para que ningún Estado pudiera abusar de los individuos que tiene bajo su poder acaba de ser tuneado para facilitar que esos mismos Estados expulsen a quienes no quieren en su territorio.

La operación tiene toda la frialdad de un proyecto bien meditado. Nadie en la sala de Chișinău propuso abolir los derechos humanos. Lo que se hizo fue algo más sofisticado: introducir criterios de proporcionalidad y soberanía nacional en la lectura de artículos que hasta ahora se consideraban absolutos. La prohibición de la tortura sigue siendo, sobre el papel, “absoluta”. Pero la nueva doctrina abre la puerta a que los tribunales ponderen si una deportación a un tercer país —con las garantías mínimas del Convenio, se dice— puede ejecutarse aunque ese país ofrezca condiciones de internamiento que antes hubieran bloqueado la extradición.

¿Qué dice la declaración y por qué importa?

El texto gira en torno a dos artículos clave del Convenio. El artículo 3, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, había sido aplicado durante décadas para impedir devoluciones a países donde el solicitante corría riesgo real de sufrir ese tipo de tratos. El artículo 8, que protege la vida privada y familiar, había bloqueado muchas deportaciones de personas con vínculos profundos en el país europeo en el que llevaban años viviendo. La Declaración de Chișinău no elimina esas protecciones, pero las somete a una lectura nueva: los intereses del Estado —el control de fronteras, la seguridad nacional, la gestión de flujos migratorios— pesan ahora más en la balanza de lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había permitido hasta hoy.

«Reinterpretar el artículo 3 contradice el núcleo histórico del sistema europeo de derechos humanos, construido precisamente para impedir que los Estados relativizaran la protección frente a la tortura o los tratos degradantes.» — PROFESORA VERONIKA FIKFAK, ESPECIALISTA EN DERECHO INTERNACIONAL

La declaración también consolida el modelo de los llamados return hubs o centros de retorno: instalaciones situadas fuera de Europa, en terceros países, donde se internaría a solicitantes de asilo rechazados mientras se tramita su expulsión definitiva. El modelo lo popularizó el acuerdo británico con Ruanda —bloqueado por los tribunales durante años— y lo han impulsado con especial entusiasmo los gobiernos de Giorgia Meloni en Italia y los centros experimentales en Albania. Ahora el Consejo de Europa no solo no los proscribe: los legitima expresamente.

El modelo real: Libia, Ruanda, Albania

Para entender lo que significa en la práctica, basta con repasar los antecedentes. Los acuerdos de externalización con Libia —financiados por la Unión Europea desde 2017— han producido uno de los catálogos de vulneraciones de derechos humanos más documentados del período reciente: detenciones arbitrarias indefinidas, tortura sistemática, trabajo forzado, venta de personas en mercados de esclavos filmados por cámaras satelitales. El plan de deportaciones a Ruanda fue bloqueado durante años por los propios tribunales británicos por considerar que ese país no ofrecía garantías reales de protección. Los centros italianos en Albania, inaugurados con gran fanfarria por Meloni, han sido paralizados una y otra vez por la justicia italiana antes de que el gobierno cambiara la ley para blindarlos.

Esos son los precedentes del modelo que Europa acaba de legitimar. No son especulaciones: son hechos registrados, documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos de la propia ONU.

El mapa de quien impulsó este giro

País	Posición	Argumento central
Italia (Meloni)	Motor principal	El TEDH bloquea deportaciones legítimas; el modelo Albania debe ser referente europeo
Dinamarca	Impulsor activo	Política de “cero refugiados”; presión constante para reducir el alcance del Convenio
Austria	Impulsor activo	Securitización de fronteras; oposición al papel del TEDH como límite a las expulsiones
Polonia	Impulsor activo	Defensa de “pushbacks” en la frontera bielorrusa pese a condenas europeas
Bélgica	Impulsor activo	Presión interna de la derecha para agilizar las expulsiones
Reino Unido	Adherido	Suma al acuerdo su propio modelo de deportación a terceros países.
España (Sánchez)	Silencio cómplice	Sin posición pública destacada; firma con el resto de los 46 Estados miembros.

España firmó. El silencio también es una posición.

El Gobierno español participó en la reunión ministerial de Chișinău y, como el resto de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, respaldó la declaración. No hay ambigüedad legal al respecto: la declaración fue adoptada de forma conjunta. Lo que sí es llamativo es el silencio político con que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido el acontecimiento. A diferencia de Meloni o del gobierno danés, que celebraron el resultado, Madrid no ha emitido ninguna posición pública, según parece.

Ese silencio no es inocente. Un gobierno que en los últimos años se ha presentado en Europa como garante de políticas migratorias más humanitarias, que ha defendido la regularización de cientos de miles de personas en situación irregular, que ha criticado los “pushbacks” en la frontera polaco-bielorrusa, acaba de respaldar sin explicación pública una doctrina que legitima exactamente eso que decía combatir. El contraste entre el discurso y la firma es un síntoma de algo más profundo: la presión del giro europeo hacia la securitización está arrastrando también a los ejecutivos que teóricamente se le resistían.

«El Convenio Europeo, concebido históricamente como un límite jurídico frente al poder estatal, empieza a reinterpretarse bajo parámetros de excepcionalidad migratoria y razón de Estado.» — ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA DECLARACIÓN DE CHIȘINĂU

El verdadero debate: ¿quién tiene derechos y en qué condiciones?

La Declaración de Chișinău no es un debate técnico de juristas. Es una pregunta política de primera magnitud: ¿son los derechos humanos universales o son un privilegio condicionado al estatus migratorio? Si la respuesta es que depende de si tienes o no tienes papeles, de si el Estado decide que eres o no eres deseable, entonces el sistema construido en 1950 sobre las cenizas del fascismo europeo ha dejado de tener sentido como tal sistema.

Amnistía Internacional lo denominó una “afrenta” a la universalidad de los derechos humanos. No es retórica: el sistema europeo de derechos siempre se construyó sobre la premisa de que determinadas protecciones —contra la tortura, contra la esclavitud, contra la desaparición— no eran negociables en ningún caso, con nadie, independientemente de lo que hubiera hecho o de dónde viniera. Esa premisa es la que está siendo desmantelada, lentamente, con lenguaje burocrático y reuniones ministeriales discretas.

El razonamiento que los gobiernos ofrecen —que tres de cada cuatro personas con orden de retorno se quedan en Europa— no es una razón para erosionar derechos fundamentales: es una razón para preguntarse por qué los sistemas de asilo y protección internacional son disfuncionales, a quién beneficia mantenerlos así y qué intereses económicos se sirven de la existencia de grandes masas de trabajadores sin papeles, precarios y sin posibilidad de reclamar derechos laborales.

Un giro ideológico que no se llama de ninguna forma.

Lo más revelador de Chișinău no es lo que dice el texto, sino lo que no dice. No hay en el documento ninguna mención al cambio climático como motor de desplazamientos. No hay análisis de las guerras —muchas de ellas sostenidas con armamento europeo— que producen los flujos que Europa quiere contener. No hay referencia a los tratados comerciales que destruyen economías locales y expulsan a sus poblaciones. No hay, en suma, ninguna reflexión sobre las causas estructurales de la migración.

Hay, en cambio, un consenso tácito entre gobiernos de distinto signo —conservadores, liberales, socialdemócratas— para gestionar la migración como un problema de seguridad y no como una consecuencia de un orden económico internacional que también ellos administran. En ese consenso, la reforma del Convenio Europeo de Derechos Humanos no es una anomalía: es la culminación lógica de años de externalización, de acuerdos vergonzosos con dictaduras, de muertos en el Mediterráneo contabilizados como daños colaterales.

Lo que Chișinău certifica es que Europa ha decidido administrar su crisis de legitimidad interna exportando su violencia hacia afuera. Los centros de retorno en terceros países son, en ese sentido, la versión institucionalizada de lo que ya hacen las mafias libias con financiación europea: apartar el problema de la vista de los ciudadanos europeos y hacerlo ocurrir en otro lugar, donde nadie tenga que responder ante ningún tribunal.

¿Qué se puede hacer?

El carácter no vinculante de la declaración deja abiertas vías de resistencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es independiente del Comité de Ministros que adoptó el texto: sus sentencias no están determinadas automáticamente por la voluntad política de los gobiernos. Las organizaciones de derechos humanos y los equipos jurídicos que trabajan con personas migrantes seguirán litigando caso a caso, y ese trabajo importa.

Pero la respuesta política no puede limitarse a los tribunales. Lo que Chișinău requiere es un debate público explícito sobre qué tipo de Europa queremos ser, qué significa la solidaridad cuando ya no es abstracta, sino que tiene rostros, nombres y expedientes de expulsión.

Ese debate exige que las fuerzas políticas que todavía reivindican el universalismo de los derechos humanos digan con claridad en qué lado están cuando hay que firmar una declaración ministerial en Moldavia un jueves de mayo. El silencio de Madrid no es una posición neutral. Es una respuesta. Y exige respuestas.