Esta primavera volvemos a las calles para defender el derecho a la vivienda y contra el aumento del coste de la vida. Salimos en oleada coordinada en muchas ciudades de todo el Estado.
En València, el sábado 6 de junio salimos a las calles porque la crisis de la vivienda es insostenible: ¡No podemos permitir que el beneficio de especuladores y rentistas esté por encima de que todas tengamos una casa donde vivir! TERMINAMOS CON EL NEGOCIO DE LA VIVIENDA.
La especulación ha convertido la vivienda en un auténtico infierno.
- Te dejas más de la mitad del sueldo en pagar el alquiler. Buscas piso y solo encuentras zulos por mil euros. Y, aunque tengas un piso, te rompe ver a tus hijas sin posibilidad de emanciparse.
- Nos expulsan de nuestras casas porque pueden. ¿Por qué es legal enriquecerse con un derecho básico?
Así, los pisos se concentran en pocas manos y la desigualdad se dispara. Mientras tanto, la extrema derecha culpa a las migrantes del problema.
Pero nosotras lo tenemos claro: rentistas culpables, gobiernos responsables.
La vivienda nos cuesta la vida.
Es un problema de toda la sociedad, no solo de las inquilinas. Sube la vivienda, sube la cesta de la compra, sube la gasolina. Y los salarios y las pensiones se alejan de los precios. Somos cada vez más pobres mientras una minoría se enriquece a nuestra costa.
No podemos normalizar esta situación ni tolerar seguir así. Han sido legales la esclavitud, la sumisión de la mujer y el trabajo infantil, pero, cuando nos organizamos, podemos cambiar las reglas del juego. Únete a la manifestación.
MANIFIESTO “VIVIR NOS CUESTA LA VIDA”
Hace años que vivimos una ofensiva sostenida contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Trabajar ya no garantiza vivir con dignidad; cobrar un salario no asegura acceder a una vivienda digna. La productividad mejora, pero la jornada laboral se mantiene. Los beneficios empresariales baten récords, pero los salarios quedan estancados. El PIB sube, pero la precariedad se extiende.
La vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para muchos de nosotros: hoy, el coste medio para acceder a un hogar supera el 50% de los ingresos. Mientras los grandes especuladores concentran cada vez más propiedades, las trabajadoras somos condenadas a unos alquileres impagables, a vivir endeudadas, a sufrir pisos en mal estado o a no podernos independizar.
Esta ofensiva no se detiene en la vivienda y los salarios; también se extiende sobre los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana. El sistema sanitario y la educación pública sufren un proceso de desmantelamiento progresivo: infrafinanciación crónica, precarización de las plantillas y procesos crecientes de externalización, mientras el negocio privado gana terreno. Mientras tanto, el dinero público se dedica al aumento del gasto militar para librar guerras que hacen subir aún más los precios.
Nos dicen que esta es la legislatura de la vivienda, o que la economía va mejor que nunca. Pero, en la realidad, los trabajadores no hemos notado nada de todo esto y seguimos sufriendo para vivir dignamente.
Pero en los últimos meses también hemos vivido cosas esperanzadoras. La comunidad educativa ha hecho huelgas históricas. El campesinado ha conseguido paralizar autopistas y puertos para decir basta. Y las manifestaciones por la vivienda han conseguido obligar a los gobiernos a hacer leyes que no querían hacer. Estos meses hemos visto cómo solo luchando podemos conseguir mejorar nuestras vidas. Ahora es la hora de redoblar la lucha.
Por eso exigimos:
• Jornada laboral de 35 horas semanales y prohibición de las horas extraordinarias estructurales. Reducir la jornada significa repartir el trabajo y combatir el desempleo, mejorar la salud, la calidad de vida y la conciliación.
• Aumento del SMI y las pensiones mínimas hasta los 1.500 €. El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida dignas. Hoy no lo hace.
• Vincular el aumento de los salarios al IPC. Por una parte muy importante de la población trabajadora, el alquiler o hipoteca absorben entre el 40% y el 60% de los ingresos, pero su ponderación en el IPC es insuficiente, generando una distorsión entre inflación oficial y coste real de la vida.
• Bajada por ley de los precios de alquiler. Se deben vincular los precios a la realidad salarial de la clase trabajadora.
• Estabilidad habitacional. El acceso a la vivienda no puede estar sometido a la incertidumbre permanente. Exigimos contratos indefinidos y la prohibición de desahucios sin alternativa.
• Terminamos con la especulación y el acaparamiento Los pisos y las casas deben servir para vivir en ellos. Hay que prohibir todas las compras de vivienda con finalidad especulativa y recuperar los pisos vacíos o destinados al turismo.
• Derechos sindicales en vivienda. Reclamamos el reconocimiento de los sindicatos de vivienda como interlocutores legítimos, así como la protección efectiva del derecho de organización y de huelga de alquileres.
Estas medidas son lo mínimo para poder vivir dignamente. Y si no se cumplen, los trabajadores y trabajadoras sabemos que tenemos en nuestras manos la convocatoria de una huelga general, que demuestre que, sin nosotros, nada funciona.
Ni salarios por tierra ni vivienda por las nubes.
¡Hacia la huelga general!
