Quieren desalojar a 1300 emigrantes de la zona del Grau de Valencia.

El Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grau, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia, pretende levantar 3.200 viviendas de lujo con fondos públicos en terrenos donde sobreviven hoy mil trescientas personas sin agua ni luz. Migrantes, saharauis apátridas y trabajadoras en situación precaria frente a un modelo urbanístico hecho a medida de los fondos buitre.

En la Valencia del PP y Vox, los grandes eventos y los inversores privados mandan, y las personas más vulnerables sobran. Esta es la síntesis más precisa de lo que está ocurriendo en el barrio del Grau, donde un millar trescientas personas —en su mayoría migrantes de múltiples nacionalidades, con un importante grupo de saharauis en situación de apatridia— malviven en un asentamiento sin acceso a electricidad ni agua potable. El Ayuntamiento, en lugar de abordar su situación con urgencia habitacional, tiene en marcha un plan urbanístico que las expulsará a corto plazo sin ofrecer ninguna alternativa real de alojamiento.

Los terrenos en cuestión son los del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, el costoso invento del PP valenciano de la era Camps que la ciudad pagó durante años. Hoy vuelven a estar en el centro de la política urbanística, esta vez como soporte para un desarrollo de lujo que beneficiará a fondos de inversión privados con dinero público incluido.

El Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grau contempla la construcción de 3.200 viviendas, la mayoría de ellas de alta gama, con bloques de hasta 40 pisos de altura. La presencia de vivienda protegida en el proyecto es simbólica. Lo que no es simbólico es el reparto de cargas: según denuncias formuladas desde el PSPV y Compromís, el Ayuntamiento habría acordado que la promotora Valere Reoco —sociedad participada por el grupo valenciano Atitlan (del yerno de Juan Roig) y el fondo británico Hayfin Capital— abone únicamente 21,3 millones de euros de la deuda heredada del circuito de Fórmula 1, que asciende a más de 45 millones. Los 24 restantes correrían a cargo de las arcas municipales, es decir, de la ciudadanía valenciana.

El reparto del coste del PAI del Grau

Los promotores encajan a la perfección en el perfil que los movimientos de vivienda denominan fondos buitre: Hayfin Capital es una gestora de activos británica especializada en crédito alternativo y compra de deuda compleja para rentabilizarla; Atitlan es el vehículo inversor de Roberto Centeno, construido sobre la estrategia de entrar en activos bloqueados o sectores en crisis para extraer plusvalías elevadas en plazos cortos o medios. La zona del Grau, afectada ya por la turistificación acelerada del entorno portuario, reúne todas las condiciones para este tipo de operación.

El consistorio asumirá 24 millones de euros de deuda privada con fondos públicos. Para el PP, el dinero común sirve para sanear los balances de los inversores; para las 1.300 personas del asentamiento, no hay ni agua ni luz.»

La situación del Grau no es un hecho aislado. El 17 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento del PP en Badalona ejecutó el desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes en Catalunya, con cerca de 400 personas —principalmente de origen subsahariano— desalojadas sin solución habitacional y estigmatizadas públicamente por el alcalde. El guion se repite: asentamiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad, especulación urbanística sobre el suelo que ocupan, operación policial como solución única y ninguna alternativa habitacional real.

En Valencia, la escala es mayor y la complejidad humana también. Entre las 1.300 personas del Grau se encuentran familias con graves situaciones médicas, personas en situación de apatridia —especialmente saharauis sin estado al que regresar— y migrantes con años de arraigo en la ciudad pero sin acceso al mercado de vivienda formal. Ninguno de estos perfiles tiene cabida en las 3.200 viviendas de lujo que planea levantar Atitlan-Hayfin.

El PAI del Grau no afecta solo al asentamiento. Impacta directamente sobre el tejido del barrio de Nazaret, zona históricamente trabajadora y marítima que lleva años sufriendo la presión de la turistificación ligada al entorno del puerto. El modelo que impulsan PP y Vox es conocido: bloques de lujo, apartamentos turísticos, rehabilitación de fachadas para consumo visual y desplazamiento de la población residente hacia la periferia o hacia condiciones de alquiler cada vez más inaccesibles.

El mismo Ayuntamiento que dice no tener dinero para dar soluciones a las damnificadas por la DANA —meses después de la catástrofe, sin solución habitacional para miles de familias de la comarca— encuentra la fórmula para asumir 24 millones de deuda privada y cederle suelo a los fondos.

El deterioro paralelo de los servicios públicos y las bonificaciones fiscales a grandes fortunas completan el cuadro: la precariedad se administra con recortes, y la riqueza se gestiona con regalos urbanísticos.

Frente a esta situación, un conjunto de entidades sociales de la ciudad de Valencia ha constituido un grupo de coordinación para la defensa de las personas del asentamiento del Grau. Sus objetivos inmediatos son tres: frenar el desalojo sin solución habitacional, atender las necesidades básicas urgentes de las personas que viven allí —agua, luz, atención médica— y construir una respuesta ciudadana organizada ante el PAI especulativo. La paralización del plan urbanístico y la exigencia de alternativas habitacionales dignas son parte inseparable de la misma lucha.

El movimiento de vivienda valenciano, los colectivos en defensa de los derechos de las personas migrantes y las fuerzas políticas de izquierda tienen aquí una causa concreta sobre la que actuar con urgencia. El tiempo corre: el desalojo está previsto a corto plazo.

Súmate a la coordinadora de entidades. Difunde. Organiza la resistencia.