Claves de la nueva reforma del copago farmacéutico.

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves 28 el real decreto ley del gobierno que2 modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, con 164 votos a favor del PSOE-Sumar, 164 abstenciones del PP, ERC y Junts y 33 en contra de Vox.

Esta convalidación, finalmente conseguida en virtud de las abstenciones, constituye en realidad  un intento de transformación estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS). Bajo una retórica gubernamental de “equidad” y “progreso”, lo que se plantea, como ahora veremos, es un cambio de paradigma que altera la forma en que el Estado gestiona la salud y distribuye el esfuerzo económico según la renta.

La reforma aborda una de las deudas históricas del sistema: la desprotección de la población activa frente a la cronicidad. Hasta ahora, el trabajador enfrentaba porcentajes de copago sin techos mensuales, castigando severamente a quienes padecen patologías prolongadas con ingresos modestos.

El nuevo marco legal introduce topes máximos para rentas inferiores a 35.000 € anuales:

Según la ministra Mónica García, un trabajador con renta baja y tratamiento continuado podría ahorrar hasta 500 € anuales. Sin embargo, al pasar de tres a seis tramos de renta, el sistema se vuelve más complejo y fragmentado, consolidando la lógica de que el acceso al medicamento es un coste individualizado en lugar de un derecho universal.

Para los pensionistas, la reforma redefine el mapa de aportaciones al pasar de tres a cuatro tramos de renta. El cambio más relevante es que el nuevo tramo intermedio (18.000 € – 59.999 €) reduce su tope mensual de 18,52 € a 13,37 €.

Además, se ha incorporado como medida de blindaje la exención automática para los complementos por mínimos, evitando que la revalorización anual de las pensiones empuje a los beneficiarios a tramos superiores de forma involuntaria.

Pero ojo: esta reducción de cinco euros mensuales oculta una paradoja. Mientras se ajusta al milímetro el gasto de la clase trabajadora pensionista, ponderando cuidadosamente tramos y aportaciones, las rentas superiores a 100.000 € también ‘mantienen un tope de 61,75 € que supone mucho menos impacto para la burguesía pensionista que más cobra.

Frente al triunfalismo de la propaganda oficial, la realidad es que la reforma no busca la eliminación del copago —la solución que sería la más redistributiva— sino una gestión más sofisticada del mismo.

“Esta reforma no contradice la lógica capitalista del Estado: ajusta la reproducción de la fuerza laboral para mantenerla viable sin sobrecargar fiscalmente al capital.”

El Gobierno, en efecto, evita gravar progresivamente a las grandes fortunas o a la industria farmacéutica. Y al centrarse en “ajustar según renta”, sigue protegiendo la rentabilidad de las farmacéuticas privadas. Es, en esencia, una falsa equidad que refuerza la idea de que la salud es una responsabilidad personal ligada a la nómina.

El discurso oficial sostiene que facilitar el acceso a los fármacos es una inversión preventiva: paciente cumplidor = menos urgencias = ahorro para el SNS.

Pero esta lógica debe leerse bajo el prisma de la disciplina fiscal. Reducir la inversión pública indirecta optimizando el gasto farmacéutico individual no siempre se traduce en mejor atención asistencial, sino en liberar recursos para mantener el superávit y pagar la deuda pública. La salud del ciudadano se integra así en una hoja de cálculo de una mayor rentabilidad estatal.

Una rentabilidad, por otra parte, supuesta, como ya advirtieron los partidos que se abstuvieron en la votación, señalando que para implementar este nuevo copago es necesaria una coordinación de las administraciones competentes hoy ni siquiera iniciada.