Las movilizaciones por la vivienda abren un nuevo ciclo político.

Las movilizaciones por la vivienda en España, impulsadas junto con otras organizaciones por el Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, están abriendo una nueva forma de hacer y entender la política,  menos “ciudadanista” y más clasista, organizada y confrontativa que el 15-M.

Quince años después del 15-M, España vuelve a ocupar la Puerta del Sol y muchas otras plazas. Pero lo que en 2011 fue una revuelta “ciudadanista” contra la austeridad, hoy se ha transformado en un movimiento explícitamente de clase, articulado en torno a la vivienda y liderado por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. El desahucio publicitado de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, actuó como chispa de unas protestas que ya no piden solo “democracia real”, sino medidas concretas frente a un régimen y a un mercado inmobiliario depredadores, como en particular la rebaja de los alquileres, contratos indefinidos y expropiación de viviendas a fondos de inversión.

Para quienes vivimos el 15-M, las nuevas acampadas producen una sensación peculiar. Las mismas carpas pero gente más joven, asambleas al aire libre, pancartas improvisadas y una organización notable. E igualmente, los símbolos y los mensajes han cambiado bastante.

En 2011 predominaba un lenguaje genérico, “de la ciudadanía”, que evitaba etiquetas políticas tradicionales.  Hoy, en cambio, las acampadas están adornadas con banderas rojas o/y negras, con símbología, referencias y consignas abiertamente antifascistas y de clase, como “¡Abajo el rentismo!”, “¡Viva la lucha de la clase obrera!”, “Aquí están los antifascistas”.

El relato ya no parece el de una democracia abstracta amenazada por los mercados, sino el de una clase trabajadora en lucha, que siente que le han robado el futuro, especialmente en un contexto de gentrificación, turistificación y alquileres disparados.

Una de las diferencias estructurales más importantes respecto al 15-M es la organización. Porque, el 15-M se caracterizó por su rechazo a los liderazgos y su apuesta por una democracia asamblearia horizontal, con múltiples comisiones y grupos de trabajo. En cambio, el movimiento del 26-S (por el 26 de septiembre, fecha de las primeras ocupaciones de plaza) se articula en torno a un sindicatos y organizaciones con siglas, con portavoces y dirigentes visibles y una estrategia coordinada de movilizaciones en decenas de ciudades.

Mientras el 15-M cuidaba su imagen de “respetabilidad” y evitaba la confrontación directa con las instituciones, las protestas actuales asumen un tono abiertamente antagonista. Se cuestiona a la policía, se denuncia a los fondos buitre y se normaliza la okupación como respuesta a la especulación.

El contexto económico también ha cambiado. En 2008–2011, el detonante fue la crisis financiera, el desempleo masivo y los recortes. En 2026, España registra una expansión económica y récords de empleo, pero las condiciones de vida de la población trabajadora han empeorado.

En las grandes ciudades, muchas familias inquilinas destinan hasta el 70% de sus ingresos al alquiler o se ven obligadas a abandonar los barrios donde crecieron, desplazadas por turistas, nómadas digitales e “inmigrantes de lujo”.

El movimiento, por eso, no es “contra la austeridad”, sino contra un modelo urbano y económico que prioriza el rentismo y la financiarización de la vivienda. Las demandas concretas lo reflejan:

• Rebaja del 50% en los alquileres.
• Contratos indefinidos para inquilinos.
• Expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión.
• Prohibición de desahucios de personas vulnerables y regulación de alquileres temporales y turísticos.

Como en 2011, las protestas no estallan bajo un gobierno de derecha, sino bajo un ejecutivo socialista y sin esconder el desencanto hacia la izquierda institucional. Un interesante artículo de Jacobin Lat señala que el ciclo abierto por el 15-M dio lugar a Podemos, luego a un gobierno de coalición de izquierda amplia y a unas políticas sociales muy limitadas. También en materia de vivienda, las reformas moderadas del PSOE en respuesta a las propuestas del movimiento por la vivienda se muestran insuficientes frente a la magnitud del problema.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya fue duramente criticada en 2024 por sugerir que la solución pasaba por una bajada “voluntaria” de precios por parte de los propietarios, una propuesta vista como ingenua y como cómplice del rentismo que luego ha sido seguida por políticas igualmente contemporizadoras. 

La respuesta inicial del gobierno de Pedro Sánchez a las movilizaciones fue la aprobación de dos decretos sobre vivienda, uno con medidas moderadas y otro más ambicioso. Como vimos ya en esta web, el primero buscaba frenar desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación y ofrecer incentivos fiscales. Y el segundo pretendía que los contratos de alquiler se renovaran automáticamente a petición de los inquilinos.

Estas medidas, consideradas insuficientes por el movimiento por la vivienda, además fueron rechazados en el Congreso por los votos en contra del PP, Vox y Junts, lo que obligó a Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, abriendo un escenario electoral que puede poner en jaque tanto al PSOE como a las opciones institucionales a su izquierda: Frente Amplio, Podemos, nacionalistas…

De hecho, una de las cuestiones que desmotivan a la militancia de izquierdas es la perspectiva de tener que volver a apoyar a un PSOE que sigue mostrando con cada vez mayor claridad enfocarse a respetar el mercado y defender a los sectores propietarios beneficiados por la revalorización inmobiliaria.

Más allá del resultado electoral, es bien cierto que cosas importantes han cambiado en el imaginario social y en la lucha política en curso de grandes sectores de la población trabajadora, Y no solo en España.

Como ya hemos visto, a diferencia del 15-M y del ciclo de Podemos, este nuevo momento se caracteriza al menos por:

• Un enfoque explícitamente de clase, no “ciudadanista”.
• Una organización sindical y no solo asamblearia.
• Un tono más radical, menos idealista, centrado en el poder y en la convicción de que nada cambiará sin organización, estrategia y perseverancia.

Ciertamente, la lucha por la vivienda en España no es solo una reacción ante los desahucios que han seguido creciendo pese a las falsas promesas del Gobierno progresista PSOE-Sumar. Implican un claro choque con un modelo urbano y económico que prioriza el beneficio inmobiliario sobre el derecho a la ciudad de las personas, así como el deterioro creciente de las condiciones de vida. La experiencia cotidiana de precariedad habitacional que viven amplios sectores de población trabajadora (jovenes, migrantes, mujeres, mayores) ya no se contenta con reformas cosméticas. El reto, para la izquierda y para los movimientos sociales será, pues, traducir esta energía en una alternativa política y social por construir.