Mientras los indicadores macroeconómicos hablan de crecimiento, estabilidad e incluso moderación de la inflación, millones de personas siguen experimentando una realidad muy distinta: llegar a fin de mes resulta cada vez más difícil. El aumento sostenido del coste de la vida está erosionando salarios y pensiones hasta el punto de convertir el empobrecimiento social en uno de los principales problemas estructurales del país.
La advertencia lanzada en su comunicado del 18 de mayo por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), refleja una percepción ampliamente extendida entre amplias capas populares. Los incrementos salariales y las revalorizaciones de las pensiones no están compensando realmente el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.
El problema no reside únicamente en el porcentaje oficial del IPC. La cuestión central es que los gastos que más afectan a las familias trabajadoras y pensionistas —alimentación, vivienda, energía, transporte o medicamentos— han experimentado subidas muy superiores a las medias estadísticas utilizadas para medir la inflación.
Esta diferencia entre los datos agregados y la experiencia cotidiana explica el creciente malestar social. Para muchas personas, especialmente pensionistas con ingresos bajos, trabajadores precarios y hogares jóvenes, la sensación de pérdida de poder adquisitivo no es una percepción subjetiva sino una realidad material constante.
En los últimos años se han producido avances parciales, como la subida del salario mínimo o la revalorización anual de las pensiones. Sin embargo, esos avances conviven con una estructura económica profundamente desigual donde el peso de la inflación recae principalmente sobre quienes viven de su salario o de prestaciones públicas.
La propia COESPE insiste en que muchas pensiones mínimas y no contributivas continúan situándose cerca o incluso por debajo del umbral de pobreza. Esto afecta especialmente a mujeres pensionistas, cuya trayectoria laboral estuvo marcada por salarios inferiores, parcialidad y trabajos de cuidados invisibilizados.
Al mismo tiempo, amplios sectores laborales siguen atrapados en dinámicas de precariedad, temporalidad encubierta y bajos salarios. Aunque algunos indicadores económicos muestran mejoras parciales, la riqueza generada continúa concentrándose de manera muy desigual.
Buena parte del debate público intenta presentar la situación como una tensión entre generaciones: jóvenes contra pensionistas, trabajadores contra jubilados. Sin embargo, ese enfoque desvía la atención del problema principal. El conflicto de fondo no es entre sectores populares, sino entre un modelo económico que concentra beneficios en grandes grupos empresariales y financieros y unas mayorías sociales que ven deteriorarse progresivamente sus condiciones de vida.
En redes y espacios de debate social aparece cada vez más esta preocupación por el estancamiento salarial y la pérdida continuada de capacidad adquisitiva. Muchos trabajadores expresan la sensación de que, incluso teniendo empleo estable, resulta imposible acceder a vivienda digna, ahorro o estabilidad vital.
La cuestión de las pensiones públicas también se ha convertido en un terreno de disputa ideológica. Desde distintos ámbitos económicos y mediáticos se insiste periódicamente en la supuesta “insostenibilidad” del sistema público, mientras se impulsan fórmulas de privatización parcial mediante planes privados o fondos de pensiones vinculados al sector financiero.
Frente a ello, el movimiento pensionista defiende que el problema no es la inviabilidad del sistema, sino las políticas que reducen ingresos públicos, precarizan el empleo y favorecen la transferencia de recursos hacia intereses privados.
Además, el contexto internacional añade nuevas presiones sociales. El incremento del gasto militar en Europa y las tensiones geopolíticas están desplazando enormes recursos públicos mientras persisten graves déficits en vivienda pública, atención sanitaria, dependencia o protección social.
Cada vez resulta más evidente que el debate sobre salarios y pensiones no puede separarse de una discusión más amplia sobre el modelo económico. La cuestión fundamental es cómo se distribuye la riqueza producida socialmente y qué prioridades determinan las políticas públicas.
La creciente desigualdad no es un fenómeno accidental. Diversos estudios académicos señalan que las dinámicas actuales del capitalismo tienden a favorecer una concentración cada vez mayor de riqueza si no existen mecanismos sólidos de redistribución y control democrático.
Por eso, defender salarios dignos y pensiones públicas suficientes no es únicamente una cuestión sectorial. Significa defender condiciones materiales básicas para sostener una sociedad cohesionada y democrática.
En última instancia, una sociedad donde trabajar toda una vida no garantiza una jubilación digna, y donde tener empleo no asegura salir de la precariedad, es una sociedad atravesada por una profunda crisis de modelo. La cuestión no es sólo económica: es también política, democrática y social.
