¿Reparar el franquismo anulando unas pocas sentencias?

Informa la prensa que el Gobierno ha notificado la anulación de las sentencias contra 168 víctimas valencianas del franquismo. Un gesto sin duda necesario, pero insuficiente. Porque, ochenta y siete años después del golpe de Estado del general Franco, la deuda con las víctimas sigue siendo estructural, como indican que todavía haya fosas sin abrir, patrimonio robado sin restituir y un marco jurídico —la Ley de Amnistía de 1977— que protege a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.

Hay gestos que son necesarios y otros que, por su propia insuficiencia, resultan significativos. La Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal que el Gobierno de España ha entregado a 168 familias de la Comunitat Valenciana cae en esa categoría, poniendo de relieve una cuestión poco conocida para la opinión pública: ¿cómo es posible que aún sigan vigentes y tengan que anularse unos juicios y condenas efectuadas por el régimen fascista de Franco?

¿Acaso la Constitución de 1978 no puso fin a la legalidad franquista? ¿Por eso el actual régimen “democrático” de monarquía parlamentaria ha tardado casi medio siglo en tener que anular estas pocas sentencias, porque aún sigue reconociendo legitimidad a la justicia de la anterior dictadura?

Por otra parte, aun aceptando lo positivo de este gesto del gobierno de reconocer que, al menos en estos 168 casos (¿y todos los demás?), los consejos de guerra franquistas fueron ilegales e ilegítimos —como lo fueron desde el primer día, aunque haya costado ochenta y siete años decirlo con efectos formales—, lo que resulta harto discutible es su pretensión de convertir ese reconocimiento en única reparación, o de presentarlo como un avance significativo en la liquidación del criminal legado franquista, lo que constituye una distorsión bastante grave de la realidad.

Lo que este Gobierno “progresista” y “democrático” ha hecho, hasta ahora, es emitir un documento que dice a las familias que el Estado reconoce lo que ellas ya sabían, que a su familiar lo mataron ilegalmente, que la condena fue una farsa, que el régimen que lo ejecutó fue criminal. Eso, en el plano emocional, importa, pero la reparación —la real, la que transforma condiciones materiales y estructuras institucionales— queda todavía por hacer, en su mayor parte.

168 casos frente a más de 8000 contabilizados

El propio artículo de Levante-EMV que ha publicado esta noticia informa que, solo en la Comunitat Valenciana, la represión franquista afectó a más de 8.000 familias. Es decir, que desde 2021, cuando se iniciaron las anulaciones, tan solo algo más del dos por ciento de las familias con derecho a recibirla la han recibido. Y ello, después de dos legislaturas seguidas del Botànic, una de ellas teniendo por titular de la Consellería de Memoria a una diputada comunista y de Esquerra Unida.

Antes que un problema de gestión administrativa, aunque también, estamos ante una cuestión de justicia y derechos básicos. ¿Cómo es posible, dentro de un estado de derecho como el que se dice que tenemos, que hayan de ser las propias familias las que hayan de iniciar este trámite, en lugar de ser el propio Estado el que lo haga de oficio?

Parece que nada haya cambiado desde la Transición, cuando se trasladó a las víctimas la carga de reclamar justicia mientras los perpetradores y sus herederos institucionales no debían acreditar nada.

Además de que, si este Gobierno quisiera de verdad completar el proceso de reparación en un plazo razonable, necesitaría invertir la lógica. Por ejemplo, decidirse a cruzar el censo de represaliados con los registros disponibles y emitir las declaraciones de oficio de forma masiva, sin esperar a que cada familia llame a su puerta. Eso, claro está, si en efecto hubiera la voluntad política de satisfacer las exigencias del movimiento memorialista español que sigue exigiendo “verdad, justicia y reparación” y de las familias reconocidas.

Las fosas y el patrimonio robado, otras vergüenzas pendientes

España tiene, según las estimaciones más solventes, entre 100.000 y 150.000 personas desaparecidas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista. Es el segundo país del mundo, después de Camboya, con mayor número de desaparecidos forzosos sin identificar. Uno de los “anulados” ahora, Vicent Martí fue arrojado a una fosa en Paterna. Su familia sabe —porque el enterrador les habló— que estaba allí. Pero saber dónde está alguien y poder recuperarlo son dos cosas distintas que en España, ocho décadas después, siguen sin conseguir decenas de miles de familias.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que el Estado asumirá la competencia en la localización e identificación de las víctimas. Es un avance con respecto a la Ley de 2007, que dejaba ese trabajo en manos de asociaciones voluntarias financiadas con subvenciones precarias. Pero entre el texto legal y la realidad de los recursos destinados hay una distancia que las familias conocen bien. Las exhumaciones siguen siendo lentas, subfinanciadas y dependientes de la voluntad política de las administraciones autonómicas —muchas de ellas gobernadas por partidos que han votado sistemáticamente contra la memoria histórica y su vertiente descafeinada actual, renombrada como “memoria democrática” (¿qué memoria con ese adjetivo cabe recuperar del franquismo?).

Del mismo modo, el caso de Vicent Martí incluye un detalle que la crónica de la periodista del Levante también recoge con precisión: dos años después de ser fusilado, el juez de Responsabilidades Políticas le instruyó un nuevo expediente. No era una anomalía burocrática. Era el funcionamiento normal de un régimen que, además de matar, tenía un sistema organizado de expolio. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 permitió al franquismo incautar bienes, imponer multas y arruinar económicamente a las familias de los vencidos durante más de una década. Sin embargo, los herederos de esas familias no han recibido ninguna compensación económica por ese expolio sistemático.

A diferencia de otros países europeos que atravesaron procesos de justicia transicional —Alemania, con las reparaciones a las víctimas del nazismo, o los países del este tras la caída del Muro—, España no ha abordado la dimensión patrimonial de la represión franquista. No existe ningún mecanismo de compensación económica para los descendientes de quienes fueron desposeídos. La declaración de nulidad de la sentencia borra la culpabilidad jurídica, pero no devuelve lo que se robó. Es como si, en lugar de pretender justicia, se quisieran borrar todas las pruebas de lo que sucedió, sus responsables y los propios delitos.

La Ley de “Memoria Democrática” y lo que falta

Dimensión de la reparación	Situación legal	Situación real
Anulación de sentencias franquistas	Prevista (art. 3.1 LMD)	Proceso lento, reactivo, 2% completado en la C. Valenciana.
Localización e identificación de desaparecidos	Competencia estatal reconocida en LMD 2022	Subfinanciada; ritmo insuficiente; dependiente de CC.AA.
Compensación patrimonial a familias expoliadas	No contemplada	Inexistente
Depuración de instituciones (Ejército, Judicatura, Iglesia)	No contemplada	Inexistente
Valle de los Caídos / Cuelgamuros	Exhumación de Franco realizada; resignificación en curso	Sigue siendo espacio de culto franquista activo.
Educación en memoria democrática	Introducida en currículo LOMLOE	Desigual por CC.AA.; PP y Vox revierten en sus territorios
Simbología franquista en espacio público	Retirada obligatoria en LMD	Incumplimiento sistemático en municipios del bloque conservador
Responsabilidad penal de perpetradores o herederos	Excluida por Ley de Amnistía de 1977	Ningún proceso abierto.

Amnistía: el blindaje jurídico del franquismo

Ningún análisis honesto de la reparación del franquismo puede eludir la Ley de Amnistía de 1977. Aprobada por las primeras Cortes de la democracia —con el voto favorable de toda la izquierda, incluido el PCE, que la consideró entonces un instrumento (de urgencia) para liberar a los presos políticos—, esa ley ha funcionado sin cambios y durante cinco décadas como un escudo jurídico para los crímenes del franquismo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la Verdad han pedido repetidamente a España que la reforme o derogue en lo que afecta a los crímenes de lesa humanidad. El Gobierno no lo ha hecho. Ningún gobierno lo ha hecho, ni siquiera el que incluye comunistas en su Consejo de Ministros.

Mientras la Ley de Amnistía permanezca intacta, la reparación tiene un techo estructural: puede ser simbólica, puede ser administrativa, puede ser incluso económica en alguna medida futura, pero no puede ser judicial. Y la impunidad judicial, a estas alturas, no significa ya juzgar a personas que en su mayoría han muerto, sino reconocer que los crímenes cometidos son crímenes imprescriptibles cuya verdad todo Estado democrático tiene obligación activa de investigar y documentar. Pero aquí esto todavía no ocurre.

Trasfondo de un gobierno rehén de otros intereses.

La emisión de una carta firmada por un ministro es, desde el punto de vista presupuestario, una política prácticamente gratuita. No requiere exhumaciones costosas, no implica compensaciones económicas, no obliga a ninguna institución a revisarse a sí misma, no genera conflicto con ningún poder fáctico.

Eso no significa que sea un gesto hipócrita ni que deba despreciarse. Mejor esto que nada, pero hay un riesgo político real en presentarlo como un logro significativo, el de agotar la credibilidad democrática y el capital simbólico de la memoria histórica, limitándose a gestos que no alteran ninguna estructura de poder. Mientras, las familias siguen esperando que alguien abra las fosas; los monumentos franquistas permanecen en pie en decenas de municipios y el patrimonio de la Iglesia Católica —buena parte del cual procede de donaciones y entregas del régimen— sigue sin ser objeto de ningún escrutinio serio.

Hay un riesgo político real en presentar el mínimo indispensable como un logro significativo. La memoria “democrática” no puede reducirse a una política de bajo coste que gestiona el pasado sin tocar ninguna estructura que aún pervive en el presente.

Lo que una reparación real exigiría

Una política de reparación a la altura de la deuda histórica contraída con la República y el pueblo español requeriría, al menos, cuatro líneas de acción que hoy no existen o existen de forma insuficiente.

La primera es un plan de choque para la localización e identificación de los más de cien mil desaparecidos, con financiación estatal garantizada plurianualmente y sin dependencia de la voluntad de las comunidades autónomas.

La segunda es la creación de un mecanismo de compensación económica para las familias que acrediten expolio patrimonial bajo la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

La tercera es la derogación o, cuanto menos, la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 para excluir expresamente los crímenes de lesa humanidad de su ámbito de aplicación y habilitar una comisión de la verdad con capacidad investigadora.

La cuarta —y quizás la más difícil políticamente— es una auditoría del patrimonio que la Iglesia Católica inmatriculó al amparo del régimen franquista y que nunca fue sometido a revisión democrática.

Nada de esto está en la agenda del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar (IU, PCE…). Y lo cierto es que, sin una presión social organizada, sin que los movimientos de memoria histórica eleven el coste político de la inacción, tampoco estará.
La historia de Vicent Martí no termina con una carta ministerial. Aunque su familia decida o no ulteriores gestiones, tampoco cabe ignorar que estamos hablando de uno de los muchos miles de luchadores por la libertad y por la República. Su memoria jamás podrá enterrarse con sus huesos trasladados a otro cementerio o con un papel que le exonere judicialmente.

La memoria, justicia y reparación de Vicent, como la de tantos otros, pertenece a todos quienes seguimos con el mismo compromiso que les condujo al fusilamiento.